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Tomado de: www.sur.org.co
Por: Médica psiquiatra Diana Carolina Corcho Mejía (foto)
Exministra de Salud y Protección Social
(Artículo publicado originalmente el vierres 23 de febrero de 2024)
Esta semana se presentó un informe por parte de la Contraloría General de la República en el cual reveló unas cifras que van en la línea de lo planteado por la Superintendencia de Salud respecto al déficit de reservas técnicas, esto es, los recursos que deberían tener invertidas las EPS en títulos de valor para respaldar las deudas y la sostenibilidad financiera del sistema de salud, condición elemental para que una entidad pueda denominarse aseguradora. Pues la superintendencia corroboró, con base en los propios estados financieros de las EPS y los documentos radicados por ellas mismas, que el déficit es de 12,4 billones de pesos, como lo había expresado la Supersalud en octubre del 2023. Esto implica que estos recursos que deberían estar en disponibilidad líquida no aparecen, situación que implica que el sistema que acumula una crisis financiera desde hace muchos años no cuenta con unos recursos que, de acuerdo a los estados financieros, deberían estar disponibles para soportar financieramente al sistema. Para dar un ejemplo, la Nueva EPS tiene registradas como reservas técnicas 5,8 billones de pesos, pero solo tiene como respaldo real disponible 315 mil millones.
En este sentido, el informe concluye que solo (5) cinco EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas (Salud total EPS, Sura EPS, Comfachocó y Capresoca y EPM Salud). Las 21 EPS restantes no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas. Sólo 10 EPS tienen indicadores de margen de solvencia y liquidez satisfactorios.
El informe también revela que el pasivo total, las cuentas por pagar, de las EPS con las IPS y los proveedores fue por un monto de 25 billones de pesos; también dice que la deuda total de 26 EPS únicamente con IPS alcanza los 11, 6 billones de pesos. En cuanto a los gastos administrativos de las EPS que para las del régimen subsidiado corresponde al 8% de la UPC y para el Contributivo el 10%, para algunas EPS este gasto fue en promedio del 4% y para otras osciló entre el 6,34% y para otras el 8,42%.
Finalmente, el informe señala que el gobierno ha reconocido unas cuentas por pagar de 3 billones de pesos por cuenta de presupuestos máximos; al respecto, en respuesta al auto emitido por la Corte Constitucional 2881 del 2023, el gobierno ha respondido que ya se han hecho pagos de estas deudas hasta octubre del 2023 y tiene listo los recursos para terminar de pagar lo que falta en un tiempo inferior a lo solicitado por la Corte Constitucional. Estos recursos, que antes correspondían a los recursos del No Pos que se recobraban, siempre se han pagado a posteriori. La solución de fondo para esta situación es que se incluyan todas las tecnologías en salud en una sola UPC.
Lo que permite concluir el informe es que la ausencia de las reservas técnicas en la mayoría de las EPS es la explicación de mayor fuerza del desplome financiero del sistema, no existe aseguramiento para la mayoría de la población colombiana que cubren estas EPS, es decir, no son aseguradoras. Lo que han expresado los gremios representativos de las EPS es que no se han podido resguardar las reservas técnicas porque existe una insuficiencia de la UPC, no obstante, una vez más se demuestra que este argumento es falaz, si fuera por insuficiencia de la UPC, ¿por qué 5 EPS que operan bajo las mismas reglas de juego de la mayoría sí pudieron resguardar e invertir esos recursos de reservas técnicas? Esto sumado a que en las mesas técnicas que las EPS han llevado a cabo con el Ministerio de Salud no han podido demostrar tal insuficiencia de la UPC. La estructura de costos del sistema de salud es una caja negra ante la ausencia de un sistema de información público que transparente el gasto. Este es uno de los propósitos de la reforma a la salud.
Otro de los argumentos que han expresado los gremios de las EPS es que los datos de la Supersalud y la Contraloría General de la República son falaces, esto resulta contradictorio porque las fuentes de estas instituciones son los propios estados financieros de las EPS; de ser falaces, estarían incurriendo entonces en falsedad en documento público frente a los organismos de control.
Por lo demás, en el Congreso de la República avanza el debate y trámite de la reforma estructural del sistema de salud, que había anticipado esta situación real del sistema, y ofrece una alternativa para que se supere el problema de manera estructural y se transparente el manejo de los recursos públicos de la salud, de los cuales depende la vida de millones de colombianos y colombianas en el campo y en las ciudades.
Tomado de: www.sur.org.co
