Domingo, 25 de Octubre de 2020
ASMEDAS Antioquia

Es hora de trabajar por la derogatoria de la Ley 100 de 1993

abril 20, 2020 6:51 pm



Por una Colombia libre de COVID y en paz

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Alejandro Hernán Quintero Galeano (foto)
Ginecoobstetra – Asmedista

Si como lo dicen muchos autores que con el Covid19 le llegó la hora final a la versión neoliberal del capitalismo, en Colombia y ante las funestas evidencias, esto implica empezar por la derogatoria de la Ley 100 de 1993.

Es evidente que el país, como muchos otros que aplicaron la receta neoliberal desde los 90s impuesta por el FMI y el BM con la aquiescencia de las élites políticas y económicas locales, no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Esas élites, que aspiraban a quedarse con el botín de los recursos públicos a través de la privatización de los servicios, con sus jugosas ganancias, como evidentemente lo han hecho, no imaginaron que una pandemia 30 años después, los revelaría y dejaría al desnudo; y, mucho menos, que fuera en el contexto de una recesión económica mundial.

Hoy para ningún colombiano es un secreto que la Ley 100 de 1993, que privatizó la salud, a los únicos que benefició fue a los sectores financieros, a los grandes cacaos del país. Las víctimas se cuentan por millones, a) Empezando por la red pública hospitalaria con la afectación de todos los hospitales, su reestructuración y quiebra; los casos más patéticos son los de las regiones más alejadas del país, con casos dramático como Chocó, Amazonas, Guainía, Guaviare, Guajira, San Andrés, etc., y por esa vía la carencia de recursos intrahospitalarios con la consecuente imposibilidad de atención adecuada a todos sus pobladores; continuando, b) Con todo el personal de salud: médicos, odontólogos, enfermeras, bacteriólogos, terapistas, regentes de farmacia, químicos, camilleros, conductores de ambulancias, oficios varios, etc., con su tercerización laboral y trabajo a destajo, lo que significó una mayor explotación laboral y la carencia de recursos para el ejercicio de su trabajo (incluyendo implementos de protección laboral), c) La fragmentación de todo el sistema, ya no un sistema único, con una coordinación central, sino uno donde cada actor privado (EPS) hace lo que a bien tiene con su población afiliada, pues los organismos de control son absolutamente débiles y cooptados por el poder de las élites financieras, d) Como era de esperarse, el incremento de las ganancias de EPSs utilizando múltiples mecanismos, no únicamente con el porcentaje de intermediación, sino con todos los mecanismos de contención de costos, lo que implicó la negación de servicios o la demora en la atención, incluso llegando al famoso “paseo de la muerte”, e) El desplome de todos los programas de salud pública de promoción y prevención, quedando bajo la coordinación de cada EPS, dando lugar a un retroceso en vacunación y el aumento de enfermedades inmunoprevenibles como tbc, vih, fiebre amarilla, etc., todo un fracaso estatal en la salud pública en el país; f) Consecuente con todo lo anterior, el énfasis de lo curativo sobre lo preventivo; en lo curativo está la rentabilidad, no en lo preventivo, con la industria tecnológica en salud y de medicamentos; g) La privatización de los fondos de pensiones y cesantías acorde a la directriz de privatización, acumulación de capital en manos de la banca, perjudicando el futuro de millones de trabajadores.

Se debe recordar que quienes en el país impulsaron esas reformas de re-estructuración neoliberal, los culpables de esta situación, son los mismos que todavía dirigen los destinos del país: los Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos, Vargas Lleras, etc., con sus ministros de hacienda como Carrasquilla, Cárdenas, Echeverry, etc. y, por supuesto, sus grandes jefes, los cacaos, financieros de sus campañas. Por eso, la solución por ellos planteada para salir de la actual crisis es acorde a la misma receta neoliberal: soluciones a través de la banca y el sector financiero que privilegian lo privado sobre lo público, las EPSs sobre la red pública, las ganancias del sector privado sobre el bienestar de la población.

Desde el surgimiento de la Ley 100/93, el movimiento social y parte de la academia se han opuesto a su aplicación alertando sobre los problemas que conllevaría, problemas que hoy vivimos en tiempo de pandemia con mayor gravedad y agudización; hoy sabemos que sin la derogatoria de la Ley 100 y sin el cambio de modelo económico, el estado de salud del país seguirá de tumbo en tumbo, de mal en peor; sin esa transformación, las condiciones laborales no cambiarán sustancialmente, ni las causas estructurales de la pobreza y la inequidad que impactan negativamente la salud de la población, la convivencia y la paz.

Alternativas y propuestas las hay, bien elaboradas y factibles, que se deben recoger; por ejemplo, el Proyecto de Ley 233 del año 2013 , presentado desde las entrañas de los movimientos sociales con la finalidad de establecer un sistema único descentralizado que pretenda el bienestar colectivo, donde se garantiza el derecho a la salud, de forma efectiva, con una concepción amplia de la salud, que interviene sobre sus diferentes determinantes: sociales, económicos y políticos; con una red integrada de servicios de salud, cuya base sea una legítima atención primaria, que rescate el verdadero sentido de la salud pública, con financiación y fondo único público, cobertura universal, regido por los principios de: universalidad, obligatoriedad, parafiscalidad, solidaridad, equidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, gratuidad, integridad, continuidad, vínculo, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, intersectoralidad, participación vinculante, libertad de escogencia, interculturalidad, enfoque diferencial, transparencia y pro homine.

Hoy, nuestra acción en esta coyuntura debe ser a través de la unidad de los diferentes movimientos sociales que permita presionar al gobierno para: a) Que realice acciones eficaces en las que se priorice la población sobre la banca; la emergencia social es el hambre que vive la mayoría de nuestros habitantes, permitir que se supere su disyuntiva entre el hambre o el virus brindando aportes efectivos como el mínimo vital, mercados solidarios, renta vital básica, etc., b) El fortalecimiento de la red pública hospitalaria asegurando que los recursos económicos le lleguen directamente.  El gobierno debe garantizar el pago de todo lo que se le adeuda, para permitir el pago a su personal de todos los salarios de forma justa y oportuna, cubriendo los pagos atrasados y el aprovisionamiento de los suministros necesarios: medicamentos, reactivos, equipos e insumos, así como la adquisición de elementos de bioseguridad para todo el personal, posibilitando de esta forma la atención segura, oportuna y adecuada; c) Tomar la dirección del sistema desde el Ministerio de Salud dirigiendo y controlando todas las acciones epidemiológicas del sector privado (EPSs) y público, con el fin de brindar una red integrada que permita la atención de todo quien lo necesite; d) Al ser la primera línea de ataque, todo el personal de salud que resulte infectado por COVID-19, como enfermedad laboral, debe ser atendido a cabalidad; todos los gastos que ello implique deben ser cubiertos por su ARL. Con anterioridad las instituciones deben asegurar que disponga de los elementos de bioprotección necesarios; e) La suspensión de pago de obligaciones tributarias, servicios públicos, deudas bancarias, etc., a toda la población por el tiempo que dure la pandemia; así como, la financiación directa por parte del Estado a la pequeñas y medianas industrias (no a través de la banca), que permita su sostenibilidad y el pago a trabajadores.

Concomitante y posterior a la pandemia, se continuará con las actividades del Paro Nacional incluyendo de forma prioritaria la búsqueda de la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y el cambio de modelo económico; una reforma laboral hacia la formalización y el trabajo digno con vinculación, derechos laborales, por la abolición de la informalidad y la tercerización; contra todas las políticas que generan inequidad; contra el asesinato de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y demovilizados; y por el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Todos estos cambios no serán posibles sin una fuerte cohesión del movimiento social y popular colombiano que involucre a todos los actores, indígenas, campesinos, afros, mujeres, LGTBI, estudiantes, profesores, obreros, profesionales, informales, tercerizados, OPS, desempleados, incluyendo a los partidos políticos de oposición, de centro-izquierda, etc.

¡Este es el momento histórico, esta es nuestra responsabilidad con nuestro país y nuestra sociedad!

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

 

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