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Tomado de: www.sur.org.co
Por: Pedro Santana Rodríguez (foto)
Director Revista Sur
Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Gustavo Petro es, a no dudarlo, el de la paz total, pues ofrece a todos los actores armados salidas para su reinserción a la sociedad mediante dos mecanismos: el primero, el de la negociación política para los actores armados que son principalmente dos, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las Disidencias de las FARC de Gentil Duarte, ahora bajo la dirección de alias Iván Mordisco. Y la segunda vía es el proceso de sometimiento a la justicia de actores sin reconocimiento político dentro de los cuales se incluyó finalmente a la Disidencia de las FARC de Iván Márquez, al Clan del Golfo, que es una organización sucesora de las estructuras paramilitares, y diversos grupos armados ligados al narcotráfico, de los cuales cerca de 10 de dichas estructuras han aceptado la oferta de sometimiento a la justicia.
Este cuadro así configurado ha resultado hasta ahora del proceso emprendido una vez fue elegido Gustavo Petro como presidente de la República el pasado 19 de junio. En las últimas dos semanas ha surgido un debate interesante y necesario sobre las falencias del proceso y también sobre sus posibilidades. Como se ha advertido de tiempo atrás, superado el tema de la caracterización de los grupos que es esencial para avanzar, viene el tema propiamente de las negociaciones que, con la excepción del ELN, no han comenzado. Los procesos de diálogo han conducido por ahora a la instalación de la Mesa de Negociaciones con esta guerrilla desarrollando un ciclo de negociaciones en Caracas con resultados concretos en materia de alivios humanitarios y el impasse finalmente superado en una ronda de negociaciones extraordinaria también en Caracas sobre el tema de las reglas del juego de la Mesa y el cese bilateral de fuego; en el ciclo que arrancó el 13 de febrero en México, los temas principales son el de la Agenda y la participación de la sociedad civil en las negociaciones y también el tema del cese bilateral del fuego. Aquí ya hay una metodología clara, unos negociadores que ya están en el desarrollo del proceso mismo de la negociación y obviamente de sus dificultades. Pocas críticas se hacen a este proceso.
Las observaciones críticas se dirigen a los otros procesos y sobrevienen también de los obstáculos que la fiscalía ha puesto a dichos procesos, principalmente a la posibilidad de suspender las órdenes de captura para algunos de sus voceros para que el proceso sea viable. Finalmente, el gobierno se decantó por no insistir en que el marco jurídico aprobado en la Ley 2272 de 2022 ofrecía dichos mecanismos y decidió presentar una nuevo proyecto de Ley de sometimiento a la Justicia en que se avanza en la caracterización de estas organizaciones criminales y los incentivos para su desmovilización. Dicho proyecto fue discutido con el fiscal General, Francisco Barbosa, y en los próximos días iniciará su trámite en el Congreso de la República. Lo que apruebe el Congreso será finalmente el marco jurídico para el proceso de sometimiento a la justicia que debe incluir obviamente los beneficios judiciales, la entrega de bienes y la posibilidad que de lo que entreguen un 8% pueda ser legalizado para que quede en manos de estos grupos y sus integrantes. Esta práctica poco común en nuestra realidad es moneda corriente de procesos de sometimiento de la criminalidad organizada en los propios Estados Unidos. Aquí el tema central es el de la extradición que depende de un proceso de negociación entre el Estado colombiano y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Poco se sabe sobre estos avances.
Con esta ley se estaría completando el marco jurídico para la paz total. Los obstáculos y las críticas no se dirigen sustancialmente a estos aspectos sino a temas como improvisación en el proceso, falta de directrices claras a las Fuerzas Armadas y de Policía para su actuación en el marco de un difuso cese al fuego, al hecho, según algunos analistas, que el resultado de esta falta de precisión ha llevado a que la fuerza pública haya paralizado sus acciones contra estas bandas delincuenciales y a los continuos enfrentamientos en varias regiones del país entre la guerrilla, las Disidencias de las FARC y estructuras del llamado Clan del Golfo. También se ha señalado que la Oficina del Alto Comisionado debe dotarse de personal con experiencia en procesos de negociación, así como la designación de los equipos negociadores con aquellos actores que se ha avanzado como con las llamadas Disidencias de las FARC.
Haría bien el gobierno en tomar nota de estas observaciones para, de ser el caso, establecer los correctivos necesarios. Lo que no podemos es desfallecer en tratar de salir de esta confrontación armada degradada para hacer realidad el mandato constitucional señalado en el Artículo 22 de nuestra Constitución en que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Tomado de: www.sur.org.co
