Una reforma política insuficiente

Tomado de: www.sur.org.co

Por: Pedro Santana Rodríguez (foto)
Director Revista Sur

Las reformas políticas en los sistemas democráticos liberales, como hemos señalado en otras ocasiones, son muy difíciles de aprobar toda vez que afectan los intereses de quienes deben aprobarlas, que son los parlamentarios. Por ello, muchas de ellas se tienen que aprobar en mecanismos extraparlamentarios como las Asambleas Constituyentes. Colombia en este aspecto no es la excepción. Múltiples intentos se han hecho por ejemplo para reformar el Código Electoral que data del año de 1986 desde antes que rigiera la nueva Constitución aprobada en 1991 y ha resultado imposible de aprobar. Desde los Acuerdos de Paz firmados en el mes de noviembre de 2016 se contempló en el punto 2 de dichos acuerdos que debería hacerse, como parte fundamental de los mismos, una reforma política que profundizara la democracia. Con tal propósito se encargo a organismos nacionales e internacionales que conformaran una Misión Electoral Especial, MEE, que conformada por expertos hiciera una propuesta de reforma política. Esta propuesta se presentó al gobierno desde el mes de abril del año 2017 y hasta ahora ha sido imposible que sea aprobada en el Congreso, a pesar que el gobierno de Santos presentó una propuesta muy recortada de lo que proponía este informe, y aún así, no fue aprobada.

La garantía de unas elecciones libres y unos organismos electorales que garanticen la transparencia en los procesos electorales es fundamental en la democracia, toda vez que son las autoridades electas quienes tienen en sus manos las decisiones que resultan decisivas toda vez que son esas autoridades electas quienes tendrán en sus manos el manejo de los recursos públicos, la garantía de los bienes y servicios públicos esenciales, el manejo de la Fuerza Pública y la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos. Por ello, las reformas que buscan pulcritud y transparencia en las elecciones para la conformación de los poderes públicos son parte inherente y fundamental de los derechos de la ciudadanía. Y por ello debería importarnos y tomar parte activa en el debate sobre los contenidos de las reformas que buscan su transformación.

El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una propuesta insuficiente de reforma política tanto de lo contenido en el informe de la MEE como de la propia propuesta que había desarrollado en la campaña y que está contenida en el programa con el que inscribió su candidatura presidencial. El principal vacío o faltante en este proyecto que fue radicado desde el 8 de agosto en el Congreso de la Republica tiene que ver con los organismos electorales. Este es uno de los problemas centrales de la arquitectura institucional electoral que ha resultado fallida en Colombia. El Consejo Nacional Electoral es un organismo elegido por el Congreso para que vigile a quienes lo eligen que son los partidos políticos. Esto ha devenido en un fracaso donde han naufragado investigaciones sobre financiamiento ilegal de las campañas electorales como el financiamiento ilegal de la corrupta firma Odebrecht a las campañas electorales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 o el financiamiento de la campaña de Iván Duque por parte del narcotráfico en el famoso caso del Ñeñe Hernández y del clan de los Char para la compra de votos en la campaña presidencial del año 2018.

Como lo proponía la MEE y más recientemente lo propusimos en la Agenda de Transición Democrática, se requiere por una parte modificar la forma de elección del Consejo Nacional Electoral, CNE, que debe garantizar la independencia de este organismo, por lo cual se debe eliminar la intervención del Congreso en su elección; se han propuesto diversas fórmulas que ni siquiera se han tenido en cuenta. Al mismo tiempo se debe conformar un Tribunal de Justicia Electoral o Corte Electoral que resuelva las demandas contra las elecciones, los procesos de pérdida de investidura, así como las transgresiones a las normas electorales y que en sus investigaciones traslade a la Fiscalía General de la Nación los posibles delitos en que incurran los candidatos y/o parlamentarios o representantes electos. También que sancione a los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral debería concentrarse en ser la autoridad administrativa mientras los temas relacionados con sanciones, fraudes electorales y en general los temas de justicia electoral no deberíaN seguir en manos de la sección quinta del Consejo de Estado cuyas actuaciones son tardías y no exentas de falta de oportunidad e independencia. En la propuesta de reforma política presentada por el gobierno nada de esto estaba contenido. Por eso, señalamos que es una reforma incompleta o insuficiente.

La reforma en curso: sus aciertos y yerros

Este pasado martes 13 de diciembre, la Cámara de Representantes debatió y aprobó la reforma política que ya había sido aprobada en el Senado de la República. Esta aprobación en la plenaria de la Cámara fue su cuarto debate, en marzo deberá iniciar se segunda vuelta o sea que aún le quedan restando cuatro debates para que sea incorporada a la Constitución Política pues se trata de una reforma constitucional. Resumiremos a continuación los principales puntos aprobados.

Normas progresivas aprobadas.

-Fueron aprobadas las listas cerradas, paritarias entre hombres y mujeres que deberán alternarse en su composición, que es lo que se conoce como listas cremalleras. Para su conformación los partidos deberán desarrollar procesos democráticos internos. Esta medida es importante puesto que fortalece a los partidos políticos que en una democracia representativa son los instrumentos que agregan intereses y se convierten en las entidades a través de las cuales se ejerce el gobierno y se representan los intereses de los sectores y clases sociales existentes en la sociedad. Pero, además, porque reivindica a las mujeres que no están debidamente representadas en los organismos de elección popular siendo que constituyen en nuestro país un poco más de la mitad de la población. Esta norma de aprobarse entraría en vigencia en las elecciones del año 2026 y también tendría vigencia para las elecciones a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.

-El financiamiento estatal de las campañas electorales. Esta norma es importante por la infiltración de los dineros del narcotráfico y de la corrupción en los procesos electorales. Contra esa financiación se escucha el argumento que señala que es muy costoso para las finanzas públicas. Vano argumento por dos razones fundamentales. La primera porque las campañas electorales con listas cerradas se vuelven más baratas pues quienes hacen la campaña son los partidos y no los candidatos de forma individual que ha encarecido enormemente las campañas pues cada candidato tiene que llegar individualmente a cada elector y la segunda razón de peso es que los costos de un sistema político corrupto lo terminamos pagando los ciudadanos con la extensión de los brazos de la corrupción en la contratación pública. Es lo que pasa con la presencia de los 56 clanes regionales que saquean los recursos públicos en departamentos y municipios que controlan electoralmente.

-Se elimina la facultad que tiene hoy la Procuraduría General de la Nación de sancionar aún con la destitución a funcionarios de elección popular. Esta medida cumple con la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano para que elimine esas funciones de una Procuraduría que se ha convertido en un organismo para perseguir a adversarios políticos. De aprobarse en adelante solo los jueces de la República podrán sancionar a parlamentarios, alcaldes o gobernadores.

-Se aprobó que en adelante para ser Senador de la República se debe contar con 25 años de edad mientras que se negó la propuesta del gobierno que buscaba rebajar la edad para ser representante a la Cámara a partir de los 18 años. Se equiparó la edad para ambas cámaras en 25 años. Es una medida que buscaba promover la participación política de los jóvenes.

Y luego las medidas más polémicas y/o francamente regresivas:

-No se aprobó la propuesta de limitar los períodos a los Congresistas. Se proponía limitar a tres períodos la pertenencia al Congreso extensiva a Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Esta medida es importante para la democracia puesto que una de las causas de la crisis de la democracia representativa devino de la profesionalización de la política. Con esta profesionalización de la política los políticos de profesión desarrollan y defienden sus propios intereses por encima o en contra de los intereses públicos que deberían defender y representar. La profesionalización de la política terminó por degradarla y es una de las causas del descrédito y pérdida de legitimidad tanto de los partidos como de las instituciones democráticas del Estado como el Congreso de la República y en general de los organismos de representación popular.

-Se aprobó reformar la Constitución para eliminar la prohibición a los congresistas para que puedan ocupar ministerios sin renunciar un año antes a su calidad de congresistas. Esta reforma es regresiva y tienen razón los congresistas que se oponen a ella por cuanto atenta contra la división de poderes. En un régimen presidencialista como el nuestro es muy importante la independencia del Congreso y el control político que ejerza sobre el ejecutivo y ese control político se debilitaría, es indudable.

-Se aprobó el transfuguismo o sea que los congresistas puedan renunciar a los partidos sin que tengan que abandonar su curul un año antes. También esta medida es regresiva porque debilita a los partidos.

Como ya dijimos, a esta recortada reforma le faltan aún cuatro debates para su aprobación. Sería muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, los centros de pensamiento y los movimientos sociales se pronunciaran frente a la misma.

 

Tomado de: www.sur.org.co

 

Deja un comentario