¿A quién le sirve el mínimo?

Tomado de: www.sur.org.co

Por: Jaime Alberto Rendón Acevedo (foto)
Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle

A pocos y afecta a todos. El 15.7% de las y los trabajadores ganan un salario mínimo, es decir 3.428.000 personas. Pero 9.436.000 personas tienen un ingreso inferior a un salario mínimo es decir el 43.1% de los trabajadores. Entre uno y dos salarios mínimo gana el 23.3%. El 9.9% de los trabajadores tiene ingresos entre 2 y 5 salarios. El 2.2% tienen ingresos entre 6 y 10 salarios y solo el 0.8% registra ingresos superiores a 10 salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda. En definitiva, de los casi 22 millones de trabajadores en Colombia, a quienes se les paga un salario mínimo es solo una sexta parte de ellos, entonces es válido preguntarse: ¿de dónde tanta parafernalia con la negociación del Salario mínimo?

En 22 años de negociaciones, sólo en ocho oportunidades se ha logrado una concertación. Se trata de una tensión, una pugna que parece ha comenzado a gestionarse de manera más tranquila y sobre la mesa existen dos propuestas: una que es la fórmula usada que sirve de base, esto es inflación más productividad que puede estar cercana al 14%, y la de las centrales obreras que están en el 20%; esto es una diferencia de 60.000 pesos que en términos reales significa un aumento de $205.680 millones de pesos al mes, más lo que se negocie de aumento del subsidio de transporte. Ya se verá hasta dónde se concerta o hasta dónde le toca al Gobierno decidir. No obstante, se trata de un excelente momento para que trabajadores y empresarios le den al país un mensaje de acuerdos, esos mismo que pueden ser la base de las políticas públicas para este cuatrienio.

Ahora bien, independiente del aumento y sus implicaciones para los mercados de trabajo, donde han sido más los mitos y los imaginarios teóricos que las evidencias empíricas registradas tanto en la Región como en el país, es necesario plantear otras discusiones que probablemente presentan hoy una mayor relevancia.

1- Si solo el 15.7% tiene un aumento de su salario en esta negociación, ¿quién representa al otro 74.3%? Es evidente que los demás montos salariales excepto el llamado salario integral, por encima de los 10 salarios mínimos, nadie más se tasa en esta medida. Así entonces, esta negociación sí que es importante, pero no es decisiva para los mercados laborales.

2- Pero lo que sí es relevante es el incremento de los precios a partir de esta negociación, es decir, el propio gobierno nacional ha identificado 204 bienes y servicios que automáticamente se indexan con este indicador (aumento del salario mínimo). En otras palabras, buena parte del aumento realizado queda inmediatamente neutralizado por efecto del incremento de precios, cayéndose en una trampa de inercia inflacionaria, donde los menos beneficiados son los trabajadores. Simplemente se les actualiza el nivel adquisitivo, ajuste que, como se dijo, se pierde en los primeros meses del año.

3- Pero esto solo le ocurre al 15.7% y probablemente a una parte del 0.8% que gana más de 10 salarios mínimos. Lo usual es que en los otros niveles salariales el ajuste se dé por debajo incluso de la inflación registrada, lo que va significando una pérdida real del salario en el 74.3% de la población trabajadora. Solo se pueden liberar de esta situación aquellos trabajadores que cuentan con convenciones colectivas de trabajo, que no superan el 5.7% de los trabajadores del país, y son fundamentalmente servidores públicos.

4- De esta manera, los empresarios sí que hacen un esfuerzo financiero que es trasladado, vía precios, a los propios trabajadores, una parte de manera inmediata y la otra en los primeros meses del año. Todos se engañan, incluso el propio gobierno, es una ilusión monetaria que deja un incremento real insignificante, que en los últimos 20 años ha sido del 1.4% promedio año, por encima de la inflación. Si se tiene en cuenta que por lo general la inflación de ingresos bajos es superior al promedio, que es el que se tiene en cuenta para el ajuste salarial, es previsible que el incremento real tampoco se haya dado. Todo es una ilusión, un eterno retorno a la precariedad y a la escasez de ingresos. Es un haraquiri que nos hemos hecho a través de los años, donde los indicadores de ingresos, pobreza y baja capacidad de consumo han sido las características de nuestros mercados.

Ahora, ¿cómo romper esa inercia? Hay que empezar por desconfiar de la fórmula mágica de inflación más productividad, donde una y otra dependen de criterios o posibilidades de una adecuada medición, es decir solo son medidas, que se pueden volver relativas de acuerdo con el lente con el que se les analice.

Un segundo elemento tiene que ver con la actitud en la mesa de negociación. Aunque parece, como se dijo, que en esta negociación se ha dado un cambio (hay que decir, no se ha concertado aún y ya el plazo vence), ninguna de las partes se sienta a concertar, solo a mostrar su posición y de vez en cuando a mostrarse los dientes, una actitud muy colombiana de negociar arrasando con el otro y mostrándose como el más “berraco”.

El tercer punto ya el Gobierno nacional lo está trabajando: Hay que quitarles el automático a las alzas (en palabras técnicas desindexar la economía), esos 204 productos son solo el inicio de la revisión que se debe de hacer. Ahora como buenos colombianos ya los mercados están realizando alzas ante el miedo de que se congelen precios en enero. Siempre es la idea del más vivo, algo que también hay que acabar. Entre estos productos, se deben revisar y hacer posible las cotizaciones parciales a la seguridad social, por períodos parciales sin sujeciones al salario mínimo. Aún las compañías de liquidaciones y pagos no han podido cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, que deben profundizarse para posibilitar más pagos al sistema de seguridad social.

En realidad, todo funciona y está organizado para que la informalidad termine siendo la vencedora. Hoy tenemos una economía y por ende un mercado laboral informal. Ese 15.7% seguirá emigrando hacia la informalidad para evitar pagos y lograr abaratar esa porción del mercado laboral que es necesaria y si es a menor costo mucho mejor.

Otro de los temas relevantes es el de la micro, pequeñas y medianas empresas, las Mipymes están solas y son las que en realidad tienen este nicho de mercado y de salarios. Acopi no solo es un gremio frágil, ante el poderío de otros, sino que su fragmentación y baja afiliación le restan incidencia. Debe ser momento también para apoyar y fortalecer a este sector, cuyos empresarios y trabajadores están prácticamente por fuera de cualquier beneficio de las políticas públicas o negociaciones. La informalidad está precisamente en la Mipymes.

Y si se piensan los mercados laborales en la ruralidad, esto del mínimo es realmente mínimo. Solo el 13% de las y los trabajadores rurales están formalizados y el 98% reporta ingresos hasta de un salario mínimo. Hoy los jornales en el campo son disímiles, hay zonas de alto desarrollo donde se pagan jornales a 60.000 pesos día, pero hay otras, que son la mayoría claro está, donde se puede laborar el día por 15 o 20 mil pesos.

De esta manera el país se sumerge en la discusión eterna e inútil del salario mínimo. Un debate y decisión que poco aporta al progreso, al crecimiento económico y mucho menos al desarrollo y a la calidad de vida de los más pobres. La inflación de pobres y vulnerables está en el 14.3% mientras el promedio en el 12.53%. La clase media tiene una inflación del 12.69% y la clase alta del 10.93%, todo esto producto del alza de los alimentos que golpea con más fuerza a la población de menores ingresos.

De nada sirve entonces un aumento por encima de la recuperación del salario real si no se estabilizan los precios de los productos indexados. Mucho menos si no se trabaja en forma en otras formas de producir, comercializar y acceder a alimentos. El esfuerzo no puede seguir siendo de los trabajadores y de los empresarios. El Gobierno debe tomar decisiones para la subida de los precios de sus bienes y servicios, y esto pasa por la energía, la gasolina y demás bienes y servicios identificados. El mantener una inflación al alza termina solo por beneficiar los ingresos del gobierno a través de mayores precios de bienes y servicios como también de mayor volumen de recaudo.

Por ahora, el aumento ante los malos vientos y la difícil situación presente y esperada no debe sobrepasar lo exigido por la ley (IPC más productividad), pero eso sí, con el compromiso del Gobierno y de empresarios a no realizar subidas de algunos bienes básicos o a lo sumo permitir que se suba lo que se conoce como la inflación básica (que el propio Gobierno deberá decidir cuál de las varias formas de medición tomará).

Pero, ante todo, la mesa de concertación laboral debería consolidarse como un espacio de discusión de las grandes reformas que el país debe encarar, esto es, la laboral y la pensional. Y esto requiere de voluntad para lograr acuerdos, para escuchar las diferentes visiones (recuérdese que el año pasado los empresarios y el gobierno hicieron una misión laboral y los trabajadores al no ser invitados debieron hacer otra. La academia se dividió y quedaron en evidencia las diferentes posiciones ideológicas y teóricas). Esto nos debería posibilitar concertar no solo nuevos estadios de crecimiento y desarrollo, sino el paso a nuevos instrumentos e institucionalidades. Los acuerdos tripartitos han sido el camino en otros países para lograr metas de productividad, precios y salarios, seguirnos negando esta posibilidad es atentar contra nuestro propio presente y futuro.

 

Tomado de: www.sur.org.co

 

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