Una reforma política a medias

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Tomado de: www.sur.org.co

Por: Pedro Santana Rodríguez (foto)
Director Revista Sur

Se ha dicho con sobradas razones que las reformas políticas por las vías ordinarias del Congreso de la República se convierten en tarea casi imposible de lograr y que verdaderas reformas al funcionamiento de los partidos y la arquitectura institucional que norme las instituciones electorales solo es posible mediante mecanismos excepcionales como las Asambleas Constituyentes, pues la propia clase política se ha mostrado en todos los países del mundo incapaz de reformar la vida política y esto también es verdad para el caso de Colombia donde, desde el año 2016, en los Acuerdos de Paz de La Habana, se comprometió a la realización de una reforma política de fondo para enfrentar la corrupción y/o las alianzas con organizaciones criminales o del narcotráfico. Para avanzar se conformó una Misión Electoral Especial, MEE, que entregó su informe en el mes de abril del año 2017 sin que sus proyectos de reforma hayan sido integralmente presentados al Congreso de la República para su trámite. En dicho año se presentó un proyecto recortado sin contener todos los proyectos de reformas constitucionales y legales que la MEE había presentado y aún siendo un proyecto sumamente limitado se hundió en el trámite legislativo en el Congreso de la República.

Con el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia de la República y como parte de su programa de gobierno, el hoy presidente asumió el compromiso ante los electores de presentar una reforma política integral que se consignó en el programa que el candidato radicó ante la Registraduría al momento de inscribir su candidatura. Cumpliendo con su promesa de campaña, el gobierno presentó un proyecto limitado de reforma, pero al mismo tiempo se presentaron otros tres proyectos: uno de iniciativa del presidente del Senado Roy Barreras, uno de la senadora María José Pizarro y uno más del Partido Comunes. Pero al mismo tiempo, los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila presentaron un proyecto que, a mi juicio, apuntaba a uno de los problemas centrales: la inexistencia en Colombia de un órgano judicial independiente, un Tribunal Electoral, que resuelva los delitos en que puedan incurrir los partidos y candidatos en los procesos electorales en un entorno opaco que permiten las normas al financiamiento ilegal de las campañas así como los nexos entre candidatos y partidos con organizaciones criminales como ha sucedido frecuentemente en Colombia. Dos procesos son recordados por el impacto que tuvieron, el primero llamado proceso 8000, por la infiltración de dineros del cartel de Cali a la campaña del presidente Ernesto Samper Pizano en el año 1994, y el llamado proceso de la parapolítica, que arrancó en el año 2006, y culminó con el enjuiciamiento y condena de al menos 61 parlamentarios mayoritariamente del entorno político del presidente Álvaro Uribe Vélez. Estas investigaciones criminales las realizó principalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y subsidiariamente la sección quinta del Consejo de Estado, que tramita los fraudes electorales y los procesos de pérdida de investidura.

Ese proyecto además incluía la reforma al Consejo Nacional Electoral, CNE, que es el órgano administrativo y que por su forma de elección es un órgano elegido por el Congreso y totalmente dependiente de los partidos que lo eligen supuestamente para controlarlos. El ratón cuidando el queso. Esta iniciativa se hundió en la Comisión primera del Senado sin una decidida intervención del gobierno para su trámite, como se dijo luego por varios parlamentarios de la Coalición de Gobierno. Este hundimiento se dio además por el lobbying que desplegó el Consejo de Estado que ha sido uno de los mayores opositores pese a las fórmulas transaccionales que le darían presencia en el nuevo Tribunal Electoral. De modo que este intento fracasó y con él la posibilidad de conformar unos organismos electorales independientes. También a ello contribuyo el cuestionado Registrador Alexánder Vega. Seguiremos entonces sin una verdadera justicia electoral.

Los otros proyectos se acumularon y en realidad apuntan de manera muy limitada a la reforma política que el país reclama. El aspecto más importante de la reforma aprobada por la plenaria del Senado de la República es la aprobación de las listas cerradas y bloqueadas, por un lapso de 8 años; el establecimiento genérico de la democracia interna para la escogencia de los candidatos; las listas paritarias o cremallera y el financiamiento que en adelante se entregaría no a los candidatos, como se hace hoy, sino a los Partidos Políticos. Estos son los contenidos más importantes aprobados en el segundo debate de la reforma política. Estos limitados cambios, a mi juicio, apuntan en la dirección acertada de fortalecimiento de los partidos que es una necesidad imperiosa.

Respecto a la limitación de los períodos, se aprobó limitar a tres períodos a quienes sean elegidos en Corporaciones Públicas y se levantó la prohibición que actualmente rige para que los parlamentarios en ejercicio puedan ocupar cargos en el poder ejecutivo, es decir, pasar del Congreso al gobierno. Esta última medida es, a mi juicio, un retroceso que atenta contra la división e independencia de los poderes.

Los otros cambios aprobados o negados son problemáticos. Por ejemplo, el que establece que se dará reconocimiento y personería jurídica a agrupamientos políticos que reúnan 80 mil firmas de apoyo pretextando que hay que facilitar la organización política para ampliar el pluralismo. Hoy hay 25 partidos políticos legalmente reconocidos, que es un número bastante amplio, luego el argumento de ampliar el pluralismo en esta realidad no es claro. La plenaria del Senado hundió el voto obligatorio y aprobó rebajar la edad para ser senador a 25 años, hoy esta en 30 años, y para ser representante a la Cámara se rebajó a 18 años, actualmente está en 25 años. Negó, además, el financiamiento totalmente estatal para las campañas políticas dejando este financiamiento casi como está, adicionando la palabra predominantemente estatal que es un canto a la bandera; como se dijo atrás, el único cambio significativo es que los dineros públicos o privados entrarán a las tesorerías de los partidos pues, con la aprobación de las listas cerradas y bloqueadas, las campañas se harán como lo hizo en la pasada campaña al Congreso el Pacto Histórico, es decir, es el partido el que hace la campaña y la financia.  Luego, es el partido el que recibirá los recursos por los votos obtenidos. A mi juicio es un aspecto progresivo de la reforma limitada que se está tramitando.

 

Tomado de: www.sur.org.co

 

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