La EPS, que tiene 1,6 millones de afiliados, hace presencia en 116 municipios y está bajo vigilancia especial desde 2017, podría ser liquidada por el nuevo gobierno. EPS y Gobernación piden a la ministra Corcho que los escuche
Tomado de: www.elcolombiano.com
Savia Salud, la segunda EPS con mayor cantidad de afiliados en Antioquia, lleva caminando por la cornisa cinco años desde que entró a vigilancia especial en la Supersalud por su crisis financiera.
En junio pasado, tras un largo tira y afloje entre sus socios, había logrado conformar un plan de capitalización por $120.000 millones con el que creían posible superar su crisis. Sin embargo, hoy temen que en los próximos días llegue la noticia de la liquidación.
El temor surgió luego de la liquidación la semana pasada de Convida, EPS pública perteneciente a la Gobernación de Cundinamarca, al no cumplir con ninguno de los tres requisitos fundamentales: solvencia de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones.
El riesgo de correr la misma suerte, sumado a la incertidumbre que ha surgido por los anuncios y propuestas de reforma del Gobierno Petro, prendieron las alarmas en Savia.
Precisamente, la ministra de Salud Carolina Corcho le salió ayer al paso –con cifras y largas explicaciones– a los comentarios que aluden a un supuesto interés de su Ministerio de minar el sistema actual para emprender las reformas.
Corcho aclaró que, contrario a lo dicho por algunos sectores sobre el supuesto desfinanciamiento a la salud, en las dos propuestas del Gobierno se aumentan los recursos para aseguramiento y para la atención de las familias del régimen subsidiado.
Pero en lo que sí se ratificaron tanto ella como el superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López, es en el crítico estado de las EPS y su convicción de ser tajantes con las exigencias técnicas, científicas, financieras y jurídicas a estas entidades.
Beltrán mostró la situación de las 10 EPS bajo vigilancia especial que suman cuentas por pagar por más de $4,7 billones. Entre estas figura Savia, con 1.666.262 afiliados y unas cuentas por pagar por más de $653.000 millones. Según la Super, Savia incumple con los tres requisitos: no tiene capital mínimo, patrimonio adecuado, ni régimen de inversiones.
Lo que dijo Beltrán es que estas entidades van a tener que demostrar cambios importantes en su funcionamiento o de otro modo deberán liquidarse.
Y justamente lo que quiere demostrar Savia, según apunta su gerente Lina Bustamante, es que están encaminados hacia esos cambios. El problema es que hasta ahora ni la Super ni el Ministerio los han escuchado.
El riesgo del efecto dominó
Bustamante resalta que desde junio le presentaron a la Super la capitalización y el plan de reorganización de la entidad.
Savia tiene un defecto patrimonial de menos $560.000 millones. Como parte de la capitalización, la Gobernación se comprometió a poner $40.000 millones; Comfama, $4.000 millones; los hospitales $40.000 millones y el restante les corresponde a prestadores privados. Esta es la primera fase para capitalizar el 50% de ese defecto patrimonial y salir a flote. La Super debía dar su visto bueno pero con el cambio de Gobierno se ha dilatado el trámite.
Bustamante apunta que además de una propuesta financiera viable, Savia también tiene resultados para mostrar en salud y que son compatibles con el modelo que propone el gobierno Petro, como la articulación con prestadores para llegar a los habitantes de zonas dispersas rurales y las rutas de atención y prevención junto con los hospitales públicos.
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Sin embargo, la gerente plantea que es un error apuntar todos los focos de los problemas del modelo actual a las EPS. Lo que explica es que si se revisa en detalle la situación de muchas EPS del régimen subsidiado que no cumplen con los indicadores en salud o están bajo vigilancia especial se hallará que dependen de la respuesta de los prestadores públicos.
“Nos hemos sentado con Aesa poniendo sobre la mesa temas que nos preocupan mucho: mortalidad materna, controles de pacientes con hipertensión y diabetes. En buena medida dependemos de la red pública. Hay temas en los que ellos han asumido la responsabilidad y otros que son responsabilidad comunitaria”, señala.
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Hay un caso que ilustra la posición de Bustamante. Una materna en un municipio que llegó a buscar su primer control con 34 semanas de embarazo. No estaba afiliada al sistema; la afiliaron a Savia, la alcanzaron a atender pero posteriormente falleció por complicaciones que tuvieron que ser advertidas en etapa temprana del embarazo.
Lo que pretende señalar la gerente es que en el cumplimiento de los indicadores de salud intervienen las capacidades de las secretarías de salud y hospitales públicos, por lo que es impreciso responsabilizar solamente a las EPS y contraproducente liquidar a las que, como Savia, intentan sumar a los sistemas departamentales.
El próximo martes 27 de septiembre vence la medida de vigilancia especial de Savia. Si la Super decide liquidarla desencadenaría, según Bustamante, un efecto en cadena pues el 72% de la red en Antioquia es pública y muchos hospitales como el General, la IPS Universitaria, los departamentales y municipales son “saviadependientes”.
La migración de pacientes sería otro problema. Según las estimaciones que hace Bustamante, Sura sería la EPS donde aterrizaría al menos la mitad de los usuarios de Savia, lo que podría desbordar su capacidad y la obligaría, además, a capitalizar cerca de $64.000 millones.
Preocupado por los efectos que causaría al departamento, el gobernador Aníbal Gaviria pidió un espacio con la ministra Corcho. Lina Bustamante dice que espera poder reunirse con el superintendente, algo que han buscado con insistencia y no han logrado, para hallar una salida que realmente ayude.
