Las vicisitudes de la paz negociada

Tomado de: www.sur.org.co

Por: Pedro Santana Rodríguez (foto)
Director Revista Sur

Al tiempo que se presentaba el proyecto de Ley conducente a lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha denominado como la Paz Total, que sería el marco jurídico para afrontar el conjunto de las negociaciones tanto con las organizaciones alzadas en armas contra el Estado como con las también denominadas por el gobierno como las organizaciones del multicrimen, este viernes 2 de septiembre se presentó una masacre en el corregimiento de San Luis del municipio de Neiva, la capital del Huila, a unas siete horas de esta ciudad vía terrestre. Hasta el momento no se ha presentado un resultado concluyente de las investigaciones sobre la autoría de dicho crimen que fue perpetrado hacia las 2:30 de la tarde en contra de un vehículo donde se desplazaban, desde Neiva, ocho agentes de la Policía Nacional de los cuales solo uno salvó su vida.  No obstante, el propio presidente de la República señaló como posibles autores de las Disidencias de las FARC del frente primero que ahora está bajo las órdenes de Iván Mordisco, tras la muerte de Gentil Duarte en circunstancias no esclarecidas en territorio venezolano. Según el presidente Petro, serían las Disidencias de las FARC y concretamente de la columna Dagoberto Ramos o la columna Ismael Ruiz.

Este hecho pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la propuesta de la paz total con lo cual se quiere realizar una negociación múltiple, aunque diferenciada, con los actores armados ilegales que operan en el país. Por lo pronto, se deduce de este ataque que o bien las Disidencias creen de forma equivocada, a mi juicio, que requieren hacer demostraciones de fuerza para llegar a la negociación o manifestar mediante estas acciones criminales que no quieren entrar en el proceso. Esto no está claro, aunque más recientemente alias “David”o “Cholinga”, jefe de la estructura Dagoberto Ramos, anunció que estarían dispuestos a dialogar con el gobierno del presidente Petro. Esta estructura es la que opera principalmente en el departamento del Cauca.

Lo que sí resulta claro, después del asesinato de los Policías en San Luis en emboscada preparada con antelación, es que el proceso de la Paz Total enfrentará una serie de dificultades y una de ellas es la fragmentación de los actores armados que operan en el país. Esta característica hará que los procesos de negociación sean más difíciles puesto que pesará mucho el tema regional donde actúan estas estructuras, pues la subordinación a un mando central no es ajena a las propias dinámicas regionales de la confrontación sino también a los negocios del narcotráfico y de la minería ilegal que son sus principales fuentes de ingresos. No estamos frente a una guerrilla con férrea unidad de mando, como las antiguas FARC-EP; por el contrario, son estructuras más federalizadas, aunque en el caso de las Disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, estas mantienen un mando central con quien la delegación del gobierno, en una eventual negociación, tendrá que iniciar las conversaciones, pero estas tendrán un alto componente regional.

El marco jurídico para la paz total

Al tiempo que se presentaba esta masacre, que no es la única puesto que, según el Instituto de Desarrollo y Paz, INDEPAZ, en lo corrido de este gobierno, durante los primeros 27 días, se han presentado 13 masacres y el asesinato de 10 líderes sociales, lo que plantea los enormes desafíos que le esperan al gobierno para alcanzar la llamada paz total, el marco jurídico para la paz o la reforma a la ley de Orden Público 418 de 1997, que ha venido siendo adecuada por los distintos gobiernos, fue presentado al Congreso de la República.

Es un proyecto de Ley cuyo objetivo central es que brinde las herramientas para la negociación múltiple en tres escenarios que son los que nosotros vislumbramos en la llamada Paz Total. La negociación política que tendría dos escenarios diferenciados: el primero con el Ejército de Liberación Nacional, negociación que partirá de los acuerdos suscritos en el año de 2017 y cuyo primer punto de partida serán las actualizaciones del mismo. Difícil negociación dado que en una larga entrevista reciente Antonio García, el jefe máximo de dicha organización, reitera que no contemplan por lo pronto mecanismos de justicia transicional para afrontar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad en que ha incurrido esta insurgencia a lo largo de 57 años de accionar en su confrontación con el Estado; pero, además la agenda acordada es muy genérica y la mesa de negociaciones tendrá que acotarla si realmente se quiere avanzar en el proceso que no se vislumbra a corto plazo. Un logro temprano que le daría credibilidad a las negociaciones sería el acordar un cese bilateral de hostilidades con verificación nacional o internacional. Luego sí proceder a las negociaciones que deberán acotar temario y ojalá tiempos para abordar los temas previstos en la agenda acordada. El gobierno deberá clarificar de manera muy precisa qué es lo que concretamente quiere cuando habla de que los puntos que vayan siendo acordados se pondrán en ejecución, que no será tarea fácil.

El segundo escenario de la negociación política tiene, a su vez, dos componentes. Por una parte la eventual negociación con las Disidencias que ahora dirige Iván Mordisco, que será igualmente difícil puesto que, siendo la Disidencia más numerosa y la que no entró en el proceso de negociación con las FARC-EP, no presenta una propuesta de negociación clara y ni siquiera se puede afirmar, por lo menos si nos atenemos a las declaraciones públicas de sus mandos, si estarían dispuestas a esta negociación; algunos frentes se han manifestado como ya señalamos, la Dagoberto Ramos que actúa principalmente en el Cauca y el Frente que actúa en Antioquia del resto y sobre todo del Frente Primero que es no solo el más numeroso sino el que ha estructurado esta Disidencia en otras regiones del país y que tiene su principal radio de acción en departamento de Caquetá con presencia en el Huila y sectores territoriales del Meta, no conocemos pronunciamiento público al respecto. No hay aquí una base cierta de cuáles serían los temas de una eventual negociación. Hay un mando central, pero sin las características de jerarquía y mando militar que caracterizaron a las antiguas FARC, lo que hace más complejo el proceso.

Un segundo componente es el de la Disidencia Segunda Marquetalia al frente de la cual está el jefe negociador del Acuerdo Final entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, Iván Márquez. Esta Disidencia ha sido fuertemente golpeada y ha perdido por lo menos dos de sus dirigentes más connotados: Jesús Santrich y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. El punto de arranque de las negociaciones será el tema de los incumplimientos al Acuerdo de Paz y dilucidar el entrampamiento de que fue objeto Jesús Santrich y que también iba dirigido en contra de Iván Márquez que, según el diario El Espectador y la Comisión de la Verdad, comprometió a la Fiscalía General de la Nación, que dirigía el nefasto Néstor Humberto Martínez, y la Agencia Antidrogas de los EEUU en la era presidencial de Donald Trump. Aquí el terreno de negociación es menos incierto que el de las Disidencias de Iván Mordisco puesto que su base sería el Acuerdo Final de La Habana que tendría que negociar los crímenes y delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del acuerdo final suscrito el 24 de noviembre de 2022 en el Teatro Colón de Bogotá.

Finalmente, el tercer escenario es el de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y las bandas ligadas al narcotráfico. Aquí sí se conocen declaraciones expresas por parte del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, los Pachelly y otras bandas criminales que han aceptado la propuesta de negociar. Como se sabe, la mayor estructura es la del Clan del Golfo que tiene presencia en unos 115 municipios del país bien sea de manera directa o por medio de franquicias. Estas estructuras armadas, a menudo muy ligadas a sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía, tendrán que someterse o “acogerse” a la justicia. La negociación tendrá que ver principalmente con rebaja de penas, no extradición, sitios de reclusión y entrega de bienes. Por supuesto, también sobre verdad y reparación a las víctimas. Aquí se debe tener claro que también se requiere de un mecanismo de Justicia Transicional que puede estar ligado a la jurisdicción ordinaria, pero con unas salas especiales a la usanza de Justicia y Paz creada para los grupos paramilitares mediante la Ley 975 de 2005 que fue seriamente enmendada por la Corte Constitucional en su sentencia.

Lo que está claro para nosotros es que estos escenarios deben ser diferenciados en el proceso que estará bajo la dirección de Danilo Rueda, alto Consejero de Paz y que él deberá contar con diversos equipos de negociación, lo que el proyecto de Ley presentado al Congreso le permite, dado que la Consejería es fortalecida no solo en sus funciones sino también en sus recursos, ya que los cuatro fondos de paz existentes serán unificados en un solo fondo adscrito a la Presidencia de la República y bajo su dirección.

El proyecto de Ley, entonces, satisface a mi juicio planamente el propósito de dotar al proceso de Paz Total de un marco jurídico que permite echar a andar el proceso. Las críticas que se han formulado al mismo tienen que ver más con intereses particulares o con la necesidad de precisar los escenarios que se suplirían si el gobierno se dota de una estrategia clara de negociación. El marco jurídico es amplio y general, lo que le permitiría al Alto Consejero de Paz adecuarlo a los distintos escenarios de negociación. Este es el objetivo del proyecto de Ley y me parece que si se aprueba lo lograría.

 

Tomado de: www.sur.org.co

 

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