“El presidente Duque entrega un país atrapado entre la paz y la guerra”: FIP presenta informe sobre seguridad en Colombia

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó el informe ‘Ni paz ni guerra: escenarios híbridos de inseguridad y violencia en el gobierno de Duque’, en el que advierte el recrudecimiento de la violencia en el país

Tomado de: www.infobae.com

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó el informe ‘Ni paz ni guerra: escenarios híbridos de inseguridad y violencia en el gobierno de Duque’ en el que alertó la compleja situación de seguridad que se registra en varias regiones del país, con el recrudecimiento de la violencia desde la firma del Acuerdo de Paz.

En el documento de 59 páginas, el centro de pensamiento, que busca brindar aportes a la compresión del conflicto armado en el país, identificó que la “poca efectividad” de las acciones adoptadas por el Gobierno de Iván Duque durante los últimos cuatro años está relacionada a los obstáculos en el “enfoque” de las políticas en seguridad y en su implementación en los territorios.

“Cuatro años después, el presidente Duque entrega un país atrapado entre la paz y la guerra. Mientras los esfuerzos de implementación del Acuerdo se han estancado en diferentes frentes, hay lugares entrampados en la inestabilidad, la limitada capacidad estatal y la agudización de conflictos sociales y ambientales. La idea de degradar la amenaza a través de golpes decisivos puede eventualmente explicar la trayectoria de grupos como el EPL, los Puntilleros y los Caparros, estructuras que han visto su capacidad de fuego y regulación social sustancialmente disminuida”, indicó la FIP en el informe.

Por otra parte, la fundación destacó los esfuerzos del Gobierno nacional de atacar a los objetivos de alto valor dentro de los grupos armados ilegales como parte de su estrategia en contra de la criminalidad, como los golpes contra los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó, las operaciones en contra de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, así como la captura alias Otoniel, máximo líder de la que es considerada la estructura criminal más grande del país.

Sin embargo, señaló que esta estrategia de afectar las cabezas de las organizaciones criminales ha demostrado ser insuficientes, indicando que las medidas adoptadas durante el Gobierno de Iván Duque generaron el “incremento del impacto humanitario en casi todas sus formas”, y la erosión de la legitimidad del Estado por la intervención de la Fuerza Pública en algunas regiones del país.

“Si bien no estamos aún en un tercer ciclo de guerra o en un recrudecimiento pleno de la violencia, los indicadores muestran que nos encontramos más cerca del 2011 que del 2016. El país tiene unos problemas serios en materia de conflicto, seguridad y crimen que ponen en riesgo los dividendos de la paz, complican la transición iniciada tras la desmovilización de las FARC y nos ponen frente a un escenario híbrido en el que el crimen organizado tiene un peso cada vez más importante”, aseveró la fundación.

Dentro de los desafíos que identificó la FIP para el próximo gobierno destacan: Entender las amenazas y sus implicaciones en un contexto híbrido de inseguridad y violencia, Atender los territorios de alta complejidad, Recuperar la legitimidad de la Fuerza Pública, Atender el desafío humanitario y contener la violencia, Adaptar la Política y las estrategias de seguridad a un nuevo contexto, y Negociar, someter y desarticular con los grupos armados ilegales.

“Superar el contexto actual pasa necesariamente por entender que el aumento de la violencia no obedece exclusivamente al fenómeno del narcotráfico o a la minería ilegal. Aunque constituyen un factor determinante de las disputas locales entre diferentes grupos armados, son más el producto que la causa de la inestabilidad de los territorios y de la fragilidad de las comunidades. En este orden de ideas, las narrativas asociadas al narcotráfico y a los ‘símbolos del mal’ que adoptó el gobierno Duque, no contribuyeron a mejorar la seguridad ni a contraer las economías ilegales. Por el contrario, ampliaron las brechas de confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades”, concluyó la FIP.

 

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