Acemi, el gremio que agrupa a las EPS, pide que se archive el texto que propone el Ministerio de Salud.
Tomado de: www.elcolombiano.com
Una iniciativa del Gobierno que pretende darle más dientes a la Superintendencia de Salud para asegurar el pago de cuentas pendientes de las EPS ha provocado una oposición férrea de esas entidades. La propuesta despertó tanta molestia que desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), institución que agremia a las EPS, le enviaron una carta a los Ministerios de Hacienda y de Salud para que consideren eliminarla.
El proyecto de decreto, que fue publicado en internet por el propio Ministerio de Salud, supone un cambio en el Decreto 780 de 2016, que establece el uso de los recursos que forman parte de la reserva técnica de las EPS. Es decir, modifica el manejo de la plata que guardan las EPS para atender riesgos de salud futuros de sus afiliados.
La iniciativa que ahora puso sobre la mesa el Gobierno apunta a que la Supersalud pueda disponer de ese dinero para reducir las deudas que tengan las EPS por cuenta de servicios y tecnologías en salud.
Además, plantea que las EPS deben revisar “el total de cuentas por pagar” que tengan con prestadores y proveedores de servicios y tecnologías de salud. Luego, tendrían que distribuir el dinero “de manera equitativa” entre el mayor número posible de acreedores.
Eso sí, tendrían que tener en cuenta criterios como la antigüedad y el monto de la deuda, la cantidad de pacientes que atiende una institución a la que le deben dinero y su ubicación.
Las críticas
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Acemi, le dijo a EL COLOMBIANO que en la actualidad la reserva técnica está sujeta a normas prudenciales, que buscan que las EPS manejen con recato esos recursos.
“Lo que dice esta propuesta del Ministerio de Salud es que no vamos a aplicar esas reglas prudenciales previas y que el superintendente de turno, sea quien sea, podrá decirle a la aseguradora cuándo debe sacar esas reservas de donde las tiene invertidas y a quién debe pagar esa plata”, explicó Morales.
Calificó como “nocivo” el hecho de que el funcionario que está encargado de supervisar que las EPS se apeguen a la ley sea el mismo administre los dineros.
En ese sentido, advirtió que la ley ya tiene herramientas dispuestas para que las autoridades verifiquen y les exijan cumplir su trabajo a las empresas del sector salud y dijo que una iniciativa de esta naturaleza podría afectar directamente a las EPS que sí están prestando un servicio adecuado.
También mostró preocupación por la desconfianza que podría generar la medida en la solidez financiera y en la autonomía corporativa de las aseguradoras. Esto incidiría en que aumente su riesgo económico y que, por ejemplo, sea más difícil que los bancos les presten dinero.
La conclusión de Morales es que el proyecto debe archivarse. “Esta no es una de esas propuestas en las cuales uno corrige un párrafo o agrega un inciso y puede mejorarla. La idea general del proyecto es pésima”, argumentó Morales y agregó que no es viable trasladar las responsabilidades propias de las EPS a un funcionario público.
Por su parte, William Aristizábal, presidente de la Unión de IPS de Colombia (Unips), aseguró que, teniendo en cuenta los antecedentes del trabajo de la Supersalud, es probable que, de promulgarse este decreto, no llegue a aplicarse. “Sería otro saludo a la bandera”, opinó Aristizábal.
Agregó que para él, el problema del sistema de salud colombiano no es expedir nuevas normas, sino aplicar las que ya existen. En el caso específico de la Supersalud señaló que debe cumplir con sus tareas de inspección, vigilancia y control.
“La Supersalud tiene suficientes herramientas para sancionar a las EPS que no cumplen y, sin embargo, no lo hace, es el departamento de estadística del sector salud”, sostuvo el líder gremial.
EL COLOMBIANO consultó cuáles eran las razones que tiene el Ministerio de Salud para impulsar el proyecto de decreto, pero desde esa cartera ministerial advirtieron que, debido a que se trata de un proyecto de decreto, aún no emitirán pronunciamientos oficiales al respecto, pues no se trata de una normativa que ya esté en firme.
Tomado de: www.elcolombiano.com
