Falsos positivos: detalles de dosier de JEP contra general y militares

La jurisdicción dio a conocer su primera imputación por ejecuciones extrajudiciales

Tomado de: www.eltiempo.com

Una política que propició el conteo de bajas en combate como indicador del éxito militar. Amenazas de destitución, traslados y malas anotaciones si no se cumplía con resultados. Falsificación de documentos. Alteración de actas de pago de recompensas para desviar dineros y entregarlos a quienes cometían asesinatos. Procesos irregulares de inteligencia. Alianzas entre militares y civiles que servían como reclutadores. Ofertas de trabajo engañosas. Montajes de operativos y combates. Destrucción de documentación. Asesinatos y desapariciones forzadas para borrar el rastro de delitos.

Estas son algunas de las actuaciones documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que al parecer habrían sido desarrolladas por miembros del Ejército para cometer asesinatos de civiles y presentarlos ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate, práctica conocida como ‘falsos positivos’.

En un auto de determinación de hechos y conductas –el segundo expedido por el tribunal transicional–, la JEP imputó este martes a 11 personas por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, en el marco del caso 03, sobre ‘falsos positivos’.

El documento se centra en el subcaso de Catatumbo (Norte de Santander), e involucra a un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y a un tercero civil, todos sometidos a la JEP y quienes habrían participado en el asesinato de por lo menos 120 personas entre el 21 de enero de 2007 y el 30 de agosto de 2008.

Los homicidios se registraron en 14 municipios de la región, donde operaban hombres del Batallón de Infantería n.º 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (Bisan) y la Brigada Móvil n.° 15 (Brim 15).

La política detrás del hecho

Luego de contrastar y analizar 258 libros de documentos oficiales, ocho informes de entidades estatales y oenegés, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales), más de 100 expedientes y 21 procesos de la justicia ordinaria y otros 28 de la jurisdicción penal militar, así como las observaciones de las víctimas y la Procuraduría a los testimonios e informes recibidos, la Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que las ejecuciones extrajudiciales “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”.

Además, como expresó la magistrada Catalina Díaz, relatora del subcaso, la Sala encontró que “no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental”.

El Catatumbo, una región con población en su mayoría rural, en la frontera con Venezuela y con reservas petroleras y cultivos de coca, fue desde el siglo pasado campo de disputa de al menos cinco grupos armados ilegales, tanto guerrilleros como paramilitares.

De ahí que desde el año 2005 se aumentó el pie de fuerza militar, en una época en la que, dice la JEP, la estrategia estaba “basada en la exaltación de las bajas en combate como medida del éxito en la guerra”.

De hecho, uno de los militares que entregó su versión a la JEP contó que el general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército en ese entonces, señaló que el único resultado operacional que “servía” o que “necesitaban” y que tenía mayor “valor” era el de “muerte en combate”.

La Sala documentó lo que serían cuatro formas de presión por los resultados: la exigencia de bajas; la promoción de la competencia a partir del seguimiento estadístico de los resultados; las amenazas de destitución, traslados y malas anotaciones; y, por último, una política de incentivos que materializaba la presión en premios o recompensas (felicitaciones y permisos, planes vacacionales, comisiones al exterior y condecoraciones).

A eso se suma el supuesto desvío de dineros de la cuenta de gastos reservados y la falsedad de actas de pago de recompensas, que “propiciaron escenarios de corrupción”.

Parte de estos dineros habrían quedado en manos de la tropa que estaba involucrada en la comisión de ‘falsos positivos’.

En cuanto a las víctimas, la JEP determinó dos modalidades. Primero, asesinaban a habitantes del Catatumbo de entre 25 y 35 años, que eran agricultores, comerciantes y transportadores, en su mayoría.

La segunda consistió en engañar a jóvenes de otras partes del país y trasladarlos hasta Norte de Santander para matarlos allá.

Para la Sala, estos crímenes fueron perpetrados por organizaciones criminales que se enquistaron en el interior del Bisan y la Brim 15, las cuales, aunque “no tenían nombres, ni distintivos, ni cuarteles secretos ni ritos de iniciación”, sí contaban con “objetivos criminales compartidos por sus integrantes, y un plan criminal común para lograr estos objetivos”.

Los 11 imputados

El primero de los imputados identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez.

También, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; en el grado de teniente coronel, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.

Por haber contribuido “de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”, la JEP también imputó al capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y al tercero civil Alexánder Carretero Díaz, quien trabajó como reclutador de víctimas de dos estructuras militares.

Estas personas tendrán 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Si la niegan, irán a juicio y, en caso de ser vencidos, podrán pagar hasta a 20 años de cárcel.

La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) rechazó la imputación, asegurando que “incurre en el muy peligroso error de señalar a toda la institución de un ‘ataque generalizado y sistemático contra la población civil’ ”.

“Especular sobre que existía una ‘política institucional del conteo de cuerpos’, una práctica norteamericana en Vietnam que nunca se aplicó en Colombia, es de una gravedad mayor, pues apunta a estigmatizar a un ejército bicentenario, pilar fundamental de nuestra vida republicana”, agregó Acore.

Respaldo a la JEP de líderes políticos

La decisión de la JEP fue respaldada por sectores políticos alternativos y de centro, los cuales destacaron esto como un logro del acuerdo de paz.

“Eso significa que estos crímenes son concebidos, ejecutados y encubiertos en forma planificada y sistemática”, dijo el senador del Polo Iván Cepeda.

Por su parte, la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus calificó la decisión como “un paso más hacia la paz”, mientras que el exministro Juan Fernando Cristo apuntó que “sigue la JEP avanzando en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”.

EL TIEMPO se comunicó con congresistas del Centro Democrático, quienes prefirieron no pronunciarse.

En qué va el proceso contra ex-Farc

El 28 de enero de 2021, la JEP les imputó a ocho miembros de las extintas Farc crímenes de lesa humanidad y de guerra dentro del caso 01, sobre secuestro.

El paso siguiente es una audiencia de reconocimiento de responsabilidad, que los desmovilizados ya anunciaron, y, luego, se dictará la resolución de conclusiones con una propuesta de sanciones propias, la cual irá a la Sección con Reconocimiento del Tribunal para la Paz.

Según le dijo a EL TIEMPO el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, en el segundo semestre podría darse la primera sentencia de la jurisdicción.

Tomado de: www.eltiempo.com