El derecho a la protesta: una apuesta por la democracia y el diálogo social

El sindicalismo ha sido uno de los sectores más visibles en las protestas y uno de los más afectados por la violencia

Tomado de: www.ens.org.co

Por: Eugenio Castaño González (foto)
Investigador de la Escuela Nacional Sindical

Desde el 28 de abril del 2021 Colombia ha sido testigo de un estallido social de enormes proporciones, solo comparable con el paro nacional de 1977 durante el gobierno de López Michelsen y las más recientes jornadas de movilización llevadas a cabo a finales del 2019. No cabe duda que la actual pandemia por el Covid 19 profundizó una serie de problemas estructurales que favorecieron un nuevo escenario de movilización social reprimido y silenciado por el uso de las armas, lo cual revela un estilo de gobernanza escasamente propenso al diálogo abierto por parte de las élites políticas y económicas.

A este contexto socio-histórico se le vino a sumar la desconexión del actual gobierno del presidente Iván Duque con las necesidades de la población trabajadora, las y los jóvenes, quienes claman por la adopción de medidas mucho más audaces, progresistas e incluyentes. Basta echar un vistazo al proyecto de reforma tributaria que en principio afectaría el bolsillo de la clase media, así como el proyecto de reforma a la salud que daría continuidad a la receta neoliberal propuesta por el Banco Mundial desde 1987 sobre «Financiación de los Servicios Sanitarios en los países en desarrollo: un programa de reformas» y el «Informe sobre el desarrollo mundial de 1993», dedicado a invertir en salud. En suma, los reiterados planteamientos orientados a profundizar las fuerzas del mercado en el ámbito de la salud.

Si bien ambas iniciativas finalmente fueron retiradas por el gobierno como respuesta a la creciente presión social, estas propuestas se convirtieron en el detonante de las actuales movilizaciones, además de poner de relieve dos aspectos claves para comprender la actual situación en el país, en el marco del paro. Por un lado, la ya referida ausencia de apertura al diálogo y la concertación en medio de un contexto en el cual Colombia sobresale como la nación más desigual de la región, según un Informe del índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (del cual participó la Universidad de los Andes) publicado a finales del 2020 y citado por la revista Forbes. Lo anterior sin mencionar en detalle la altísima tasa de contagios y de mortalidad por el Covid, el deficiente manejo de la pandemia, la insuficiente inversión para atender sus impactos económicos, sociales y laborales, a la saga de otros países como Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panamá y Guatemala; aparte de ser, paradójicamente, el segundo país con el mayor gasto militar en América Latina. Por otro lado, y estrechamente vinculado con lo examinado hasta ahora, está la feroz reacción del gobierno colombiano para sofocar la movilización social, en la que el movimiento sindical ha jugado un rol protagónico. A mediados de junio la organización defensora de derechos humanos, Temblores, registró 4.285 casos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, entre ellos 43 homicidios. Mientras que Human Rights Watch ha recibido aproximadamente 68 denuncias de muertes ocurridas desde el comienzo de las movilizaciones, al menos 114 personas desaparecidas, además de señalar la falta de trasparencia, claridad y liderazgo de Iván Duque frente a la violencia perpetrada en el marco del paro nacional. Más allá de estas cifras, la dimensión de lo sucedido hasta ahora llegó a tal punto, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una visita al país para dialogar, observar y documentar la situación de derechos humanos.

El movimiento sindical colombiano no ha sido ajeno a esta escalada de violencia, máxime cuando varios de sus dirigentes hacen parte del denominado Comité Nacional del Paro que ha tenido algunos acercamientos con el gobierno. Así, de acuerdo con la información disponible por la Escuela Nacional Sindical, a través del Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, desde el inicio del paro se han reportado al menos 32 hechos de violencia cometidos contra líderes/as sindicales. De ese total reportado, y más allá del sub-registro existente, 1 hecho se cometió en el departamento de Antioquia, 1 en Pereira, 3 en Bogotá, 2 en Caldas, 2 en Casanare, 6 en Arauca, 14 en Cali, además de otros tres donde no hay mayor claridad sobre el lugar donde se realizaron. Algunas de las organizaciones sindicales más violentadas durante estas jornadas han sido: Unión Sindical Obrera-USO, Federación Colombiana de Educadores-Fecode, Central Unitaria de Trabajadores-CUT Nacional, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios e Colombia-Sintraunicol Subdirectiva Cali, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria-Sintrainagro Subdirectiva Florida, Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia-Sintraelecol Caldas, Confederación General del Trabajo, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica, Unión Nacional de Empleados Bancarios-UNEB, Asociación Campesina de Arauca-ACA filial de Fensuagro, Sintracont-filial de UTC, Sinaltracampo.

Al analizar en detalle estos hechos se constatan dos fenómenos: en primer lugar, la crudeza de la violencia desatada en el departamento del Valle del Cauca. Este último se ha constituido en uno de los epicentros de las jornadas de movilización social y sindical, por lo que ha sido frenéticamente reprimido por las fuerzas del Estado, en connivencia con grupos paramilitares. En segundo lugar, es llamativo constatar cómo esta expresión violenta, a juzgar por la información disponible en el caso de sindicalistas, se ha concentrado particularmente en organizaciones como Sintraunicol subdirectiva Cali, la USO, Fecode y Fensuagro. Lo anterior responde, en parte, a una tradición organizativa caracterizada por una fuerte apuesta sociopolítica capaz de trascender los marcos estrictamente gremiales. Esto ha acarreado a que históricamente y a lo largo y ancho de la geografía nacional, se establezcan fuertes alianzas con otro tipo de movimientos sociales-políticos y a desempeñar un rol protagónico durante las jornadas de protesta.

La aspiración sociopolítica del movimiento sindical en Colombia lo ha puesto en la mira de diferentes actores armados y políticos, quienes insisten en su estrategia de violencia y estigmatización para obstaculizar su participación en el marco del paro nacional. Por ejemplo, la CUT denunció que el 1 de junio la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un video donde expresaba su molestia, pues según ella no eran “cogidos” los presuntos “vándalos” que aparecían en las imágenes, entre los cuales sobresalían varios integrantes de la CUT en el departamento del Valle del Cauca. Otro tanto sucedió con el esposo de dicha senadora, José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, el cual escribió una columna titulada La democracia sustituida. En esta última hacía señalamientos en contra del presidente de la CGT Percy Oyola, el presidente de la CUT Francisco Maltés y el presidente de Fecode William Velandia, acusándolos de llevar a cabo una negociación extorsiva y de ser los responsables por los desmanes y los muertos durante el actual paro. A esta escalada de acusaciones se le vino a sumar la del propio presidente de la república, quien responsabilizó directamente a las manifestaciones sociales por los recientes contagios y 10 mil muertes ocasionadas por el Covid durante las últimas semanas.

Este clima caracterizado por la desacreditación y la criminalización de la protesta social y sindical ha conducido a la exacerbación de un fenómeno de larga duración, consistente en la regulación del conflicto social y laboral mediante la creación de una otredad negativa y la combinación del uso de la fuerza legal e ilegal. La violencia ejercida por medio de amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias contra líderes sindicales como Francisco Maltes, Omar Romero, Wilson Sáenz, José Mauricio Valencia Tamayo, Katalina Ospina, John Fredy Martínez, Oscar Arturo Orozco, Víctor Hugo Cardona, Fabio Montenegro, Silvio Gabriel Guevara, Edinson Méndez, Henry Domínguez, Alexander Pérez, Francisco Velasco, Nelson Alarcón (quien se vio forzado a salir del país), entre otros, es el fiel reflejo de un espacio político subordinado a la utilización del temor como estrategia para silenciar la insatisfacción y la crítica. Por ello es preciso que el gobierno colombiano respete y brinde todas las garantías necesarias para que se ejerza el derecho a la protesta, la movilización y la huelga, además de rechazar y avanzar en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Paro Nacional, sobre las cuales la CIDH ha puesto la mirada.

Y, finalmente, es fundamental que tenga una sincera apertura política hacia el diálogo y la concertación, lo cual implica reconocer que la democracia verdaderamente inclusiva, las libertades sindicales, las políticas laborales decentes y dignas, se construyen desde los territorios y con la participación activa de los diferentes movimientos sociales, barriales y sindicales.

Tomado de: www.ens.org.co