Siete ideas para desescalar la crisis

Propuesta del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Consejo Académico Universidad Nacional de Colombia

El Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia reitera el compromiso expresado por la Rectoría de poner a disposición del país las capacidades académicas de la universidad, que se ofrece también como espacio de diálogo y negociación para avanzar en la búsqueda de acuerdos que permitan una salida democrática a esta crisis. La Universidad Nacional, como otras en el país, delibera intensamente sobre los temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas o parte de un gran pacto social, como los seis que señalaron varios rectores en su carta a la nación del 5 de mayo.

Avanzando en estas reflexiones, proponemos los siguientes siete puntos que ponemos a consideración de los líderes de la movilización, el gobierno y la sociedad en general y que podrían ser acordados prioritariamente.

1. Derechos humanos en el centro del manejo de la crisis. El derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado, lo cual implica que los excesos de la fuerza pública y todo tipo de violencias deben ser rechazados, tanto por el gobierno como por los líderes de la protesta. Todos los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante el paro deben ser esclarecidos y sancionados. Dado el descontento expresado por algunos sectores de los manifestantes sobre el ejercicio de las funciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, proponemos que el gobierno permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proponemos igualmente la creación de una comisión extrajudicial internacional, que no sustituiría a las autoridades nacionales pero que en tiempo corto rendiría un reporte que reconstruya los hechos y presente recomendaciones para que esos crímenes no queden en la impunidad y no se repitan.

2. Protesta, estado de derecho y fuerza pública. Se debe dar una señal clara a la sociedad sobre el compromiso en regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. En este sentido, proponemos poner en marcha una comisión académica plural que trabaje con el legislativo para avanzar en el desarrollo del Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica. Y, de manera inmediata, cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 2020 que tuteló el derecho a la protesta pacífica y ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza, lo cual incluye la suspensión del uso de armas no letales, como la “escopeta calibre 12”, hasta que haya seguridad de la mesura en su uso.

3. Instalar un escenario de diálogo sobre el derecho a la salud. Desde las realidades territoriales y con participación de todos los actores proponemos que se permita contribuir a la construcción de alternativas para garantizar ese derecho fundamental y su expresión en el sistema de salud colombiano, en el marco de una amplia protección social y de cuidado. Debemos avanzar hacia la reglamentación de la Ley Estatutaria; su aplicación requiere la formulación de políticas con enfoque sistémico, en el marco de las cuales se aborde cada uno de los componentes prestacionales y no prestacionales. Proponemos destacar dos temas transversales: talento humano en salud y seguridad farmacéutica, por su importancia y relevancia actuales.

4. Renta básica para enfrentar la pobreza. Los datos del DANE muestran un incremento alarmante de la pobreza en la pandemia. No debería haber discrepancias en acordar una renta básica para enfrentarla, teniendo en cuenta que ha sido una bandera del paro y que el gobierno también ha propuesto robustecer y hacer permanente el ingreso solidario.

5. Un plan de emergencia para empleo de jóvenes. Los jóvenes han tenido un papel predominante en estas protestas. Aunque sus reclamos son múltiples, muchos tienen que ver con las situaciones muy agudas de pobreza y desempleo que enfrentan y que se han agudizado con la pandemia. Un plan de emergencia de empleo para jóvenes mostraría que sus reclamos están siendo tomados en serio.

6. Vacunación contra COVID-19. El Estado colombiano debería apoyar en la Organización Mundial de Comercio (OMC) la solicitud de waiver o suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas contra COVID-19, para buscar el incremento global de su producción y un acceso más igualitario a las mismas. Esto no sólo contribuiría al plan nacional de vacunación en el futuro, sino que mostraría solidaridad de Colombia con los países más pobres.

7. Articulación de la negociación nacional con diálogos y negociaciones territoriales. Dada la diversidad de actores locales y regionales en estas protestas, es necesario que además de la negociación nacional entre el Comité del Paro y el gobierno, existan otros espacios de negociación y diálogo a otros niveles. Deberían aprovecharse y fortalecerse los espacios de democracia local, como los cabildos abiertos o los consejos territoriales de paz, para que estos ciudadanos movilizados puedan discutir y tomar decisiones sobre sus reclamos territoriales. Esas dinámicas democráticas locales deberían ser articuladas con las negociaciones nacionales.

El logro de acuerdos sobre estos puntos permitiría desescalar las violencias pues mostraría avances concretos en las negociaciones. Esto permitiría continuar la movilización pero levantando los bloqueos y permitiendo el desarrollo de las actividades sociales y económicas, lo cual facilitaría una continuación de diálogos y negociaciones en distintos niveles y espacios para abordar los otros problemas acumulados al origen de estas protestas.

Bogotá, mayo 21 de 2021

CARMEN ALICIA CARDOZO DE MARTÍNEZ
Secretaria

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Consejo Académico Universidad Nacional de Colombia