Comunicado de la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud en Colombia
Tomado de: Oficina de Prensa Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud
Consideramos:
1. Que a nivel global es evidente la baja solidaridad de los países más ricos al acumular la mayor parte de la producción de vacunas con una visión nacionalista que afecta la gobernanza global para el manejo de la pandemia. Estos, con la industria farmacéutica, la Organización Internacional del Comercio y con el apoyo de gobiernos como el de Colombia, han propiciado que la vacuna sea un bien privado, sujeto a las leyes del mercado y no un bien común, como fue la solicitud de Naciones Unidas y de la OMS. Esta decisión impide un manejo solidario y pertinente en esta coyuntura global frente a la pandemia.
2. El gobierno de Colombia se ha equivocado, con relativa frecuencia, en el manejo de la pandemia con respuestas tardías que han costado vidas en los grupos más vulnerables de la nación. En las negociaciones para las vacunas se limitaron a formalizar en la fase inicial, sólo con dos proveedores y negaron la posibilidad por razones ideológicas de negociar con China y Rusia. Estos han sido los países que posteriormente han actuado con celeridad y solidaridad para el suministro de los biológicos.
3. El manejo del Plan de Vacunación, en su fase inicial, ha sido desacertado al dirigir los recursos y el proceso a través de los intermediarios del sistema de aseguramiento (EAPB/EPS), utilizando sus bases de datos, desactualizadas en su mayoría, y colocar en ellos la responsabilidad de autorizar el pago para las IPS. Esta medida, en la primera fase, ha mostrado ineficiencia y ha generado un ritmo lento para la aplicación de las escasas vacunas disponibles. Las Secretarías de Salud en los territorios han tenido que asumir la iniciativa y abrir puntos masivos de vacunación, respetando la fase, para acelerar y ser eficientes. El ritmo de vacunación debe duplicarse y luego triplicarse si se quiere cumplir con la meta de tener una cobertura del 70 % en el 2021.
4. La participación del sector privado es bienvenida para apoyar la financiación de las vacunas en forma solidaria y respetando la autoridad nacional para su distribución, según las prioridades aprobadas. Sin embargo, abrir la puerta para que el sector privado ofrezca y entregue biológicos a sus trabajadores, en tiempos de escasez, lo único que genera es inequidad y “saltarse la fila” pagando directa o indirectamente. Por otro lado, en caso de una mayor disponibilidad de vacunas y de que se abriera la posibilidad de venta directa del biológico para Covid-19 por parte de los fabricantes autorizados en Colombia, sugerimos que las únicas instituciones privadas que podrían efectuar esas negociaciones y prestar el servicio en el territorio nacional sean aquellas que a diciembre de 2019 estaban habilitadas para prestar el servicio dentro del esquema nacional de vacunación y mantengan vigente esa habilitación. En todo caso, la prestación del servicio deberá estar bajo la coordinación y supervisión de las Secretarías Departamentales o Distritales de Salud correspondientes.
Recomendamos, que el Gobierno nacional cumpla con el Decreto Presidencial 109 de 2021 que plantea lo siguiente: “Artículo 26. Centralización de las actividades de importación y aplicación de las vacunas contra el COVID -19. El Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de importar las vacunas contra el COVID – 19 que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. La misma entidad determinará el momento en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar las vacunas contra el COVID -19, así como las condiciones que deberán cumplir para el efecto, previa recomendación de las instancias de coordinación y asesoría con las que cuente”
Desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley 100, hace 28 años, se ha observado cómo el sector privado ha manejado prácticamente la prestación de los servicios de salud, teniendo como protagonistas a las entidades administradoras de planes de beneficios llamadas EPS. Estas, en todo caso, han dirigido todo lo relacionado con la atención en salud con un criterio mercantil, cuyo principal objetivo son las utilidades monetarias que puedan obtener de la gestión. Hemos sido testigos de gigantescos problemas de corrupción, negación de servicios con el fin de lucro, énfasis en el alto costo, descuido de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Producto del modelo de ley 100/93, fue el arrinconamiento hasta casi su desaparición de la salud pública, con las graves consecuencias observadas en la atención a la pandemia de COVID – 19, dado que la vigilancia epidemiológica y el manejo de estos eventos, es una función que corresponde al estado a través de una salud pública potente.
Recomendamos:
1. Garantizar la disponibilidad y el acceso equitativo a todas las vacunas, incluyendo la de COVID – 19, buscando mantener abierto en forma oportuna, el plan de vacunación para todos los biológicos.
2. La vacunación para COVID – 19 debe ser sin barreras de ningún tipo, ni administrativo, geográfico y mucho menos económico. Cada ciudadano con su cédula y en la fase que le corresponde, debe ser vacunado, en los puestos autorizados, en cada territorio, independiente de la EAPB de su afiliación. Para esto es necesario adecuar el plan nacional de vacunación a las necesidades y características del territorio, especialmente en las áreas rurales y rurales dispersas.
3. El Gobierno nacional, además de la vacunación, debe elevar su capacidad de alerta y de acción para incrementar el rastreo, aislamiento de casos de COVID – 19, y reducir la movilidad de los ciudadanos, en aquellos territorios, en donde se ha evidenciado el crecimiento de la circulación del coronavirus.
4. Reapertura económica, sí, pero con una salud pública fortalecida, con equipos de atención primaria, para el rastreo y aislamiento, incluyendo el cuidado primario de los ciudadanos con otras morbilidades y procesos de salud que deben continuar su atención sin interrupciones.
5. Avanzar en una política de seguridad y soberanía sanitaria que garantice la producción nacional de biológicos y otros insumos estratégicos para la salud pública.
6. Trabajar con mayor intensidad para evitar muertes evitables por COVID – 19 y otras patologías. Reactivar la salud pública en los territorios y sus equipos de salud, es inaplazable. La experiencia mundial así lo enseña.
Tomado de: Oficina de Prensa Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud
