Otra reforma más en salud ¿al servicio de quién?

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Mauricio Torres-Tovar (foto)
PhD en Salud Pública
Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia

Durante estos más de 25 años de implementación de la Ley 100 de 1993 se han implementado diversas reformas a ella, siempre con el argumento de que se van a mejorar sus problemas, y estas reformas realmente no han llegado a resolverlos, lo que ha sometido a la población colombiana a una falta permanente de garantía del derecho fundamental a la salud y a una muy débil respuesta a las demandas que imponen situaciones de salud colectivas como la que hemos vivido el último año con la pandemia por COVID-19.

Lo que han posibilitado las diversas medidas y reformas implementadas durante este largo período es avanzar en los procesos de eliminación de lo público y fortalecimiento de lo privado en el campo de la seguridad social en salud y en la red prestadora de servicios de salud.

Baste recordar, como hecho inédito, el desmonte paulatino que llevó finalmente a la eliminación del Instituto de Seguros Sociales, que era la EPS más grande, de carácter público. Y en este mismo camino, el debilitamiento y reestructuración paulatina de la red pública prestadora de servicios de salud, que ha llevado a la desaparición de muchos hospitales públicos (incluido el cierre de relevantes hospitales universitarios del país) y el vaciamiento de su sentido social de servicio no mercantil de atención a las necesidades de salud de la población, colocándolos a vender servicios para recaudar dinero para su supervivencia.

Cambios profundos también en la vinculación laboral de los profesionales de la salud, generando una enorme precariedad laboral, con una depreciación de los salarios y un enorme debilitamiento de los mecanismos de bioprotección, como bien lo ha revelado este tiempo de enfrentamiento a la pandemia.

Así mismo, cambios profundos en la formación del personal de salud educando sujetos funcionales al modelo de mercado; perdida de la producción propia de medicamentos y tecnología para dar paso a las dinámicas de investigación y desarrollo que imponen las multinacionales farmacéuticas; debilitamiento de las acciones de salud pública bajo el argumento de que las situaciones colectivas no son de control del sector salud por sus altas externalidades; limitación de la participación social en los asuntos de salud al llevar a los ciudadanos, sujetos de derecho a la salud, a clientes con relaciones contractuales con las EPS; entre mucho otros aspectos transformados durante estas décadas que han tenido como objetivo central afinar el negocio en que se involucró al sector salud y que ha enriquecido a los negociantes de la salud y ha deteriorado la respuesta estatal y social a los problemas de salud de la gente.

Paradójicamente, el cambio normativo más importante en salud dado en Colombia en estos años, el establecimiento de una ley estatutaria de salud a través de la Ley 1751 de 2015, no ha sido reglamentada ni puesta en operación, con lo cual se vuelve a ver frustrado el país de contar con políticas y un sistema que reconozcan la salud como derecho humano fundamental y que la garantice en la práctica para el conjunto de la población.

Otra reforma, que no reforma

Y como la dinámica es que frente a cada expresión de crisis que vive el sistema de salud se plantea una reforma, para este período ha salido nuevamente una fórmula mágica salvadora.

Entonces el país se vuelve a ver en la necesaria discusión de una propuesta que proviene de los sectores políticos tradicionales presentes en el Congreso de la República y del Gobierno nacional, que hoy se ubica alrededor del proyecto de Ley 10 de 2020 Senado – 425 de 2020 Cámara que, según sus autores, contiene “los principios generales de lo que debe ser un proyecto de transformación del sistema de salud”.

La lectura juiciosa y el análisis detallado de esta propuesta, tanto la inicial presentada el año anterior de 2020 (1), como la que recientemente han entregado en este comienzo de 2021, que tiene variaciones semánticas e incorpora un nuevo capítulo de seguridad y emergencia sanitaria, no toca los problemas estructurales base de la crisis crónica del sector salud, como es la intermediación financiera del aseguramiento privado, la organización de los servicios de salud en la lógica de costos-beneficios del mercado; o la flexibilización laboral del personal de salud; las cuales siguen intactas en esta nueva propuesta de reforma.

Aunque el proyecto habla de cosas que sería importante implementar en un sistema de salud garante del derecho a la salud como es la regionalización (mejor hablar de territorialización) de su intervención, el establecimiento de redes integradas e integrales de servicios, la puesta en escena de la atención primaria en salud, formas de contratación estables del personal de salud, lo cierto es que “de esto bueno no dan tanto”, y es claro que la apuesta acá está en el sentido del afinamiento del aseguramiento en salud establecido claramente como un proceso empresarial (por eso la incorporación del concepto de conglomerados empresariales en salud), al que hay que reconocerlo, darle garantías y protecciones financieras (por eso la creación del fondo de garantías del sector salud) y avanzar en su depuración a partir de procesos de inspección, vigilancia y control, para dar otro paso central en el proyecto estratégico establecido con la Ley 100, que es el establecimiento de un mercado depurado del aseguramiento a través de un oligopolio de empresas aseguradoras de salud.

En este sentido, debe ser claro que esta experiencia apunta a una nueva reforma del sistema de salud en Colombia, que no reforma, y que se vuelve a poner al servicio de actores privados de los negocios de salud, afinando el proyecto privatizador originario.

Sin duda, como lo han expresado amplios sectores sociales, académicos y gremiales, proclives a la comprensión de la salud como un derecho humano (una parte de ellos agrupados en el Pacto Nacional por la Salud y la Vida), a través de diversos pronunciamientos, ruedas de prensa y foros, han dejado claro por qué este proyecto de ley no resuelve los problemas de fondo, razón por lo cual debe ser archivado.

Tejiendo y construyendo lo alterno en salud con la propia gente

Este nuevo escenario, que se torna como un déjà vu, es importante decirlo, demanda a los diversos sectores sociales, laborales, gremiales, académicos y políticos, que durante años hemos venido actuando para configurar un sistema de salud realmente garante del derecho a la salud en el país, a dar un paso adelante para asumir una agenda propia, y no seguir en las fases contestatarias a la agenda política que imponen los gobiernos y congresos de turno.

Tal vez es hora de preguntarnos si no sería más provechoso que todo el esfuerzo, energía y tiempo que invertimos en rechazar propuestas, los utilicemos para ir construyendo con las propias comunidades urbanas y rurales desde sus territorios, ese sistema de salud alterno que soñamos y concebimos, a partir de trenzar los saberes y prácticas en salud de la propia gente conjugado con los saberes académicos, que permita ir tejiendo lo social en salud, que dé las bases organizativas y las claridades políticas para desencadenar la movilización social necesaria para configurar un nuevo pacto social en el país con una perspectiva de derechos humanos y justicia social, que abra las reales posibilidades para configurar un sistema de salud público, universal, gratuito, participativo y diverso. Considero que es hora de profundizar en esta reflexión.

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(1) Ver Torres-Tovar Mauricio y Urrego-Rodríguez Jaime (21 de agosto de 2020). Nueva propuesta de reforma en salud: Pretenden un oligopolio del mercado de la salud. Periódico Desde Abajo, edición No. 271 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/40318-nueva-propuesta-de-reforma-en-salud-pretenden-un-oligopolio-del-mercado-de-la-salud.html 

 

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia