Mayor celeridad en el Plan de Vacunación no puede tener como sinónimo las ganancias para quienes puedan controlar el mercado de vacunas por fuera de la órbita del Estado
Tomado de: Oficina de Prensa Veeduría a la Vacuna y la Vacunación en Antioquia
Medellín, 13 de marzo de 2021
Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA
La VEEDURÍA A LA VACUNA Y AL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN POR ANTIOQUIA manifiesta su postura frente a la propuesta del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, del gobierno de Iván Duque y de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sobre la posibilidad de la venta de las dosis de vacunas por parte del sector privado en una eventual quinta etapa del proceso de vacunación.
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a una propuesta que corre el riesgo de materializar una privatización, mercantilización y que está permeada de un alto contenido de segregación y discriminación económica.
Este tipo de propuestas suscitan la desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno de turno de estar a la altura de un plan nacional de vacunación, genera mayores riesgos de inequidad y de cartelización en el sector privado por el acceso a las dosis de vacuna, propicia un espacio mayor para abusos que se pueden cometer en las formas de acceder a la vacunación; estos son algunos de los riesgos de esta iniciativa. Propuestas como estas fomentan el riesgo de segregación laboral, discriminación entre los vacunados y los no vacunados, y limita de facto los derechos fundamentales de quienes no accedan a tiempo a la vacuna.
Como veeduría, asumimos una postura en defensa de lo público; las vacunas para combatir la Covid-19, como un bien público de la humanidad, no deben ser una mercancía al mejor postor.
Es un falso dilema vender la idea de que el sector privado puede acelerar el plan de vacunación que ni el mismo Gobierno puede hacer con sus todos sus instrumentos, instituciones y burocracia. Ante los riesgos que se desatan por un posible acceso de las vacunas a los particulares, lo único cierto es que esto permite que quienes tengan los recursos económicos accedan a ella de una forma más rápida; la pregunta que surge es ¿y qué pasará con quienes no tengan los recursos económicos?
No hay bases de confianza para creer que el gobierno cumplirá su función de regulación del mercado, controlar la especulación de los precios y el contrabando.
Como sociedad civil, esta propuesta nos genera sospechas sobre las intenciones reales del gobierno de turno; que esta iniciativa que también cursa en el Congreso de la República no sea el pretexto para lavarse las manos, descargar su responsabilidad ética y social como gobierno en la implementación de un plan de vacunación que se debe regir por los principios de lo público y los derechos fundamentales.
Este proceso debe ser público para minimizar los riesgos de exclusión, segregación, discriminación, no se puede configurar de facto un período de exclusión y elitismo entre los vacunados y no vacunados; aunque exista un marco regulatorio, este sería un instrumento que fácilmente podría funcionar solo en el papel como buena parte del ordenamiento jurídico colombiano.
Es muy importante la velocidad en el plan de vacunación, pero no a costa de la equidad y la trasparencia, no a costa de disminuir los gastos para el gobierno de una forma indirecta.
Mayor celeridad en el plan de vacunación no puede tener como sinónimo las ganancias para quienes puedan controlar el mercado de vacunas por fuera de la órbita del estado.
A diferencia de lo expresado por Mac Master, de la ANDI, la mejor forma de la reactivación económica es implementar la Renta Básica Universal Generalizada, no golpear con más impuesto regresivos al pueblo, implementar procesos reales de acceso al trabajo, la reactivación económica está mediada por un estado de bienestar, no por un modelo neoliberal de privatización.
En el tratamiento de la pandemia en el año 2020, el gobierno de Iván Duque demostró que le importaban más los bancos que la vida humana; ¿qué confianza puede tener el pueblo colombiano de que las vacunas no se convertirán en un proceso de feria de mercado?
Los chantajes y extorsiones de las farmacéuticas a nivel mundial no son un secreto; para que los gobiernos tuvieran acceso a las primeras dosis se realizaron concesiones sobre la cuales se ocultó información relacionada con los contratos de suministro; ahora el gobierno, sin medir consecuencias, habla de privatizar aún mas este proceso; las vacunas para la covid-19 tuvieron que estar mediadas por la liberación mundial de las patentes de su producción.
Nos quedan varias preguntas como veeduría
• ¿Quién asume los riesgos del desarrollo si quien vende es un particular?
• ¿Quién controlará la venta de falsas dosis de vacuna?
• ¿Quién regulará los precios?
• ¿Quién controlará la especulación de los precios con las vacunas?
• ¿Quién controlará el contrabando, la falsificación, la adulteración de las posibles dosis?
Esta es una medida de alto riesgo para los países a los cuales aún no llegan las dosis de vacuna que se requieren; abrir las puertas a la mercantilización de la vida de todas las personas, donde los planes de vacunación son aún más deficientes, son los riesgos de este tipo de propuestas.
Trasparencia y equidad son los principios en los cuales se soporta esta veeduría; validar o guardar silencio a una propuesta tan riesgosa como la antes criticada sería validar o legitimar un gran error. Aunque por el momento es una propuesta, confiamos en que no se concrete en la realidad.
La reactivación económica no puede ser a costa de la vida, no puede ser a costa de la exclusión.
Suscriben el presente comunicado.
Asociación Médica Sindical Colombiana ASMEDAS seccional Antioquia, Movimiento Político de Mujeres – Estamos Listas, Asonal Judicial Sindicato de Industria – subdirectiva Antioquia, Central Unitaria de Trabajadores Antioquia – Departamento de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo, Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas ANDEC, Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia ASOPRUDEA, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia-ACTUS, Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud ASUDESSA, Mesa por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia MESSSA, Médicos Unidos, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia – FEMPA, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia-ANTHOC Antioquia, Sintra Hospital General, Grupo de Puericultura Humberto Ramírez Gómez, Asociación de Usuarios de Salud Total Bello, Veeduría en salud Yarumal despierta, Veeduría en salud del municipio de Apartadó, Asociación de Usuarios Hospital San Vicente de Paúl de Caldas Antioquia, Veeduría a la Gestión Pública en énfasis en Salud Pública.
Como veeduría departamental solicitamos que el presente caso sea revisado por la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales y Alcaldías Municipales, para valorar las múltiples criticas que desde la sociedad civil se han elevado a dicha propuesta del Ministro de Salud y la Andi.
“Le pedimos mucho a la ciencia e invertimos poco en ella. Le pedimos mucho a la ciencia y le creemos poco”.
Notificaciones:
Celulares: 3105529508 – 3223865695
Correo: [email protected]
Dirección: Cra. 50 62-5, Medellín, Colombia.
Proyecto: Comité Jurídico.
Tomado de: Oficina de Prensa Veeduría a la Vacuna y la Vacunación en Antioquia
