Alrededor del 70% el personal médico en Colombia no tiene un contrato directo con la entidad en la que labora, mientras que en la pandemia aumentaron sus cargas laborales y se degradó su salud mental
Tomado de: www.mutante.org
(Artículo publicado originalmente en la última semana de febrero de 2021)
Hace menos de una semana vimos y escuchamos a la primera enfermera vacunada contra el Covid-19 diciendo que los atrasos en los pagos al personal de la salud “no son un misterio” y que a ella misma no le pagaban a tiempo. Tiene razón: El 22% de profesionales de la salud, encuestados por la Contraloría General en julio, manifestaron que el pago de sus honorarios no era puntual. Esta es la representación de lo que ha sido el coronavirus para los trabajadores de este sector: el mayor reto de su vida laboral, que los tiene agotados, afectados en su salud mental, y que ha hecho más visible las precarias condiciones laborales en las que suelen trabajar.
Mucho se habla del agotamiento del personal de salud en unidades de cuidados intensivos (UCI) y servicios de urgencias ante la crisis sanitaria. Pero poco se ha informado sobre las razones de este agotamiento, que para muchos empieza a tomar forma de síndrome de burnout, o del quemado, tal como han reportado algunos medios dedicados a entender este problema.
Con el objetivo de conocer las condiciones en las que trabajan, desde Mutante, hablamos con un médico, médica o enfermera en cada ciudad con mayor ocupación de camas UCI —Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla—. Incluimos a un médico en Leticia, ciudad que aún no cuenta con este tipo de camas, a pesar de que enfrenta un nuevo pico de contagios y un incremento en ingresos hospitalarios respecto al mes pasado.
“He tenido dos o tres crisis en salud mental, donde me he sentido con síntomas de Covid-19: me duele la garganta, me siento mal, tengo fiebre, pero me hago la prueba y no es. Me hago el hisopado, me aíslan, y durante el aislamiento me he dado cuenta de que son síntomas de ansiedad, porque realmente ya estoy muy saturada”, cuenta Sandra*, una anestesióloga de 40 años, desde Barranquilla.
Salvo el médico de Leticia, ninguno de los entrevistados se atrevió a calificar su situación laboral. Pese a esto, los relatos de sus rutinas y mayores preocupaciones, más el análisis de abogados y sindicalistas expertos, develan que la mayoría de ellos trabaja en condiciones que vulneran su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, derecho no solo consignado en el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, sino reforzado por el Artículo 18 de la Ley Estatutaria de Salud del 2015, que se refiere al amparo de la estabilidad laboral del talento humano en salud.
Ellas y ellos nos hablaron de la extensión de turnos (que generalmente son mínimo de 12 horas) y del turno doble (24 horas), del aumento de pacientes y tareas, de la falta de medicamentos, camas, insumos y personal, de las repercusiones físicas y mentales (como deshidratación o estrés) por el uso riguroso de implementos de bioseguridad y de una mayor exposición a los virus, a la enfermedad y a la muerte (suyas, de familiares y colegas), todo sin descanso.
“No es lo mismo llegar de mi casa cuando tuve sueño reparador y claridad mental, que llegar después de 24-36 horas de trabajo continuo a un turno nuevo. Llevo 15 años en unidades de cuidados intensivos y la mayoría hemos tenido esta experiencia. Pero hoy se multiplica el cansancio, pues tenemos que asumir más pacientes”, cuenta el intensivista Juan Rodrigo Moreno de 45 años, en Medellín.
Por su parte y desde la clínica en la que dirige una UCI en Bogotá, Juan Carlos Hernández, de 55 años, nos permitió entender el cambio de sus condiciones de trabajo: por un lado, los turnos de la mañana, de la tarde y de la noche pasaron a ser turnos de 12 horas. Por el otro, antes de la pandemia llegaban al mes tres o cuatro pacientes con dificultad respiratoria severa, mientras ahora “las 15 o 20 camas para Covid-19 permanecen ocupadas con esta complicación”. Además la carga física también es mayor porque se trata de pacientes de movimiento especial: “algunos son pesados y están totalmente inmovilizados o en estado de coma”.
A excepción de casos puntuales en donde ha habido retrasos en los pagos —e incluso huelgas en clínicas y hospitales por esta razón—, el personal médico que atiende la pandemia suele recibir remuneración por el tiempo que está trabajando. Sin embargo, lo que hemos encontrado recurrentemente es que las condiciones contractuales bajo las cuales laboran son indignas, y en parte son la causa de las afectaciones que están padeciendo.
Según cifras de la Procuraduría General divulgadas en enero, solo el 28,6% del personal de la salud es de planta o tiene un contrato laboral directo con la institución para la cual trabaja. Los demás tienen vinculaciones inseguras, por prestación de servicios —esto es lo más común, aunque no hay una cifra exacta—, tercerización o intermediación laboral, provisionalidad, o por libre nombramiento y remoción.
Adicionalmente, una encuesta de la Contraloría General diligenciada por 12.230 profesionales de la salud y publicada en julio, reveló que el 43% de los encuestados se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad, al 45% le modificaron las condiciones laborales (número de horas de trabajo y sueldos, entre otras) y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual (en su mayoría, les adeudan de 1 a 3 meses).
Para Carolina McCormick, abogada especialista en gerencia del talento humano y experta en el sector de la salud, esta situación no es nueva. A pesar de que antes de la pandemia los médicos y enfermeras ya trabajaban hasta en tres entidades para solventar sus gastos, la crisis permitió que hicieran más consciencia de las dificultades. Hoy, en general, no les falta trabajo, pero sí garantías para poder trabajar, ya que la gran mayoría no tiene derecho a vacaciones remuneradas ni recibe primas, debe pagar su seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y no tiene seguridad de permanencia, estabilidad ni una liquidación si se termina su contrato.
Justamente cinco de los seis profesionales de la salud que nos contaron sus historias tienen contratos por prestación de servicios. En esta modalidad deben realizar sus aportes de seguridad social como si fueran independientes, es decir, sobre el 40% de sus ingresos mensuales y no sobre el 100%, a pesar de tener, hoy más que nunca, un alto riesgo de invalidez. De ocurrirle esto a alguno o incluso en caso de fallecer, ellos o sus familias recibirían una pensión 60 veces menor a sus ingresos actuales. Ocurriría lo mismo si se pensionan para la vejez.
Yamid Pulido, un médico de 35 años que atiende urgencias en Leticia y trabaja por prestación de servicios, se contagió en mayo de Covid-19 y su primera preocupación fue que algo les pasara a su esposa y sus dos hijos. Después de varios días, cuando tuvo que volver a trabajar por la falta de médicos en la ciudad, sufrió apendicitis, una atelectasia (cuando parte del pulmón se endurece y colapsa), también cardiomegalia, arritmia y derrame pleural. “Fueron cinco días tenaces”, nos contó, y dijo que la nueva preocupación era morir, a falta de unidad de cuidados intensivos en Amazonas.
Otra diferencia entre un contrato por prestación de servicios y uno laboral es que en el primero no existe un límite de horas asignadas, como sí existe en el segundo: máximo 8 al día, 48 a la semana y 192 al mes, el resto se consideran horas extras que se deben pagar adicionales al sueldo básico. En una relación civil o comercial como es el caso del contrato por prestación de servicios, los empleados no están obligados a cumplir horarios ni a mantener relaciones de subordinación dentro de la empresa. Otra es la realidad que encontramos al entrevistar al personal de salud.
“Estamos haciendo 240 horas al mes, pero algunas veces muchas más. Por ejemplo, el mes pasado hicimos casi 350 porque hubo médicos aislados, entonces tocó doblarnos. Este mes estoy haciendo 12 horas diarias, descansando uno o dos días a la semana (de 72 a 84 horas semanales). Mi esposa lleva 12 horas diarias hace ocho días (84 horas semanales) porque hay una jefe de enfermería que salió positiva”, continúa Yamid.
Sebastián Marín, abogado especialista en seguridad social y salud ocupacional, explica que en los últimos años ha sido común que un trabajador de la salud demande a la entidad en la que trabajó por años bajo contratos por prestación de servicios, logrando el pago de las prestaciones sociales. Que no es posible saber el porcentaje de éxito de estos casos —Solo podría determinarlo cada juzgado—, pero asegura que son “muchos” los que finalizan a favor del trabajador y su éxito radica en que demuestre la subordinación o que firmó varios contratos en un mismo lugar.
Esto muestra, según Marín, que el trabajador realizó una actividad permanente o misional de la empresa y, por tanto, la entidad estaba obligada a contratarlo directamente: “no puede hacerlo tercerizado o subcontratado, mucho menos por prestación de servicios”, como también lo ordena la Ley 1429 del 2010. Similares fundamentos utilizó el exprocurador general Fernando Carillo en enero, cuando pidió vincular al personal de la salud en condiciones dignas, decentes y de estabilidad, y a las autoridades implicadas a cumplir con la normativa.
El abogado Marín dice que muchas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) contratan de manera ilegal, conscientes de lo que significa, porque se ahorran más o menos el 40% del total de la nómina: “prefieren hacerlo y que eventualmente los demande un empleado, a pagarles todo lo que les corresponde”, dice, o en muchos casos están en déficit ante la falta de pago por parte de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y financiamiento por parte de los gobiernos. U otras veces mueven permanentemente el personal, alegando que trabajan por eventualidad, algo que está sucediendo hoy con la pandemia.
Pero pocos profesionales llegan a demandar, y esto ocurre por diversas razones: desconocimiento, inseguridad, miedo a no conseguir trabajo o meterse en problemas, así como la renuencia a asumir un proceso que puede durar entre dos y cuatro años.
En la pandemia, hay visos de que no ha sido muy diferente. El ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera nos dijo la semana pasada que hasta ahora no hay un número significativo de quejas por parte del personal de la salud. “511 en el marco de Covid-19”, confirmó su oficina de prensa. Ante la petición de que ampliaran la información, solo nos dijeron que de estas, 53 son quejas contra las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL).
La magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Ana María Muñoz, dice que casos similares a los que cuenta Marín han llegado a las altas cortes. Lo muestran las sentencias SL3706-2020, SL4912-2020 y SL4286-2020, que restablecen los derechos de los trabajadores de la salud con vinculaciones civiles y comerciales sin fundamento, quienes demuestran, bajo el principio de “primacía de la realidad”, una vinculación laboral.
Según la magistrada, falta más o menos un año para ver fallos sobre posibles vulneraciones a los derechos del personal de salud durante la pandemia, primero en la Corte Constitucional y más tarde en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado.
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“Una compañera tuvo seis días libres, y para eso tuvo que hacer dos turnos de 24 horas. Eso no es muy legal, pero si no es así, no descansamos”, cuenta Karla*, una enfermera de UCI en Cali que asistió al Círculo Mutante — un encuentro privado de escucha colectiva— que organizamos para el personal de enfermería, al constatar que está especialmente expuesto al virus y a una mayor carga laboral por su constante relación con los pacientes.
Luisa Fernanda Parra, especialista en psicología clínica y directora del equipo de especialistas en salud mental de psicologa.co, explica que el estrés permite adaptarse, pero cuando se lleva un buen tiempo sometido a él se convierte en estrés crónico y comienza a repercutir en el desempeño laboral. En el caso del personal de salud de primera línea, “tienen la preocupación constante de que pueden contagiarse o contagiar a algún familiar, y que pueden morir —un miedo que tiene fundamento—. Si yo pienso eso constantemente, tengo problemas de atención y memoria, y el rendimiento no es el mismo”.
Parra, quien construyó un programa para el tratamiento del síndrome de burnout (desgaste mental, emocional y físico en el trabajo que producen un aparente desinterés o sensación de estar “quemado”) en enfermeros, cuenta que todas estas condiciones empiezan a tener un impacto en su vida cotidiana: pueden estar más irritables, tener conflictos familiares o labores y tender a aislarse: “Como no pueden tener contacto físico con otras personas, creen que nadie va a entender todo su cansancio, y más cuando se les pide que sean fuertes, como si no pudieran manifestar o pedir ayuda”.
El agotamiento del personal de salud llamado “de primera línea” frente al Covid-19 no es exclusivo de Colombia. En países como España se habla de lo mismo, y ha sido fuente de investigación en China. Pero los médicos agremiados en el país consideran que estamos mucho menos preparados para mejorar sus condiciones, pues el sistema de salud no lo permite, opina Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.
En España se ha protegido los derechos de los trabajadores en general en pandemia, o en México el Gobierno presentó un programa de seis acciones de inversión de mejora para el personal de enfermería de primera línea (en permanencia, facilidades para especializarse, premiación a la investigación, regulación de condiciones laborales, ampliación de competencias y cambio del día nacional de la enfermera, ya que el tradicional 6 de enero, de Reyes Magos, les quitaba protagonismo). «Hasta Chile que es un desastre -en el cual basamos nuestro sistema de salud-, lo está haciendo mejor”, dice Corcho.
Diferentes gremios lanzan propuestas. Por un lado llaman a la Procuraduría General para emprender acciones disciplinarias contra los directores y gerentes que incumplan legalmente con la contratación. Por el otro, piden que el modelo piramidal, propuesto por sociedades científicas, sea política nacional, para así aprovechar expertos de especialidades diferentes a las tradicionales en unidades de cuidado intensivo, bajo el liderazgo de intensivistas. Así como la implementación de un programa especial de salud para tratar el síndrome de burnout.
El viceministro de Salud Alexánder Moscoso dice que el modelo piramidal ya está aprobado y tiene el visto bueno del Ministerio y cada clínica u hospital puede implementarlo, pero no es función del Gobierno Nacional imponerlo: “Este es un país de autonomías y competencia territoriales y mal haríamos en suplantar”, responde.
Respecto a la necesidad de reducir el agotamiento del personal de salud, Moscoso y el Ministro de Trabajo no dieron cuenta de algún programa específico al respecto. Esto recae, de nuevo, en los entes territoriales, las EPS y las ARL, explican. Pero resaltaron los decretos 488 y 500 de 2020, que les quitaron a los empleados con alto riesgo de contagio de Covid-19 la responsabilidad de adquirir los implementos de protección personal de manera autónoma y se la entregaron a las empresas públicas y privadas, y las aseguradoras en común acuerdo, pues tener que conseguirlos llevó a varios trabajadores de la salud a renunciar al comienzo de la pandemia.
Los altos funcionarios también hablaron de la bonificación única que asignó el Gobierno en octubre para los trabajadores de la primera línea —aunque aceptan que no todos la han recibido—, de la capacitación en el manejo de Covid-19 “a más de 160 mil profesionales en compañía de las universidades” y de una bonificación adicional que se aproxima, solo para el personal del sector público, porque para el sector privado sería responsabilidad de cada institución, aclara el ministro Cabrera.
Los profesionales a los que entrevistamos no reclamaron bonificaciones. Tampoco se quejaron por el incumplimiento en sus pagos, una problemática adicional que sí han tenido que enfrentar muchos otros y que ha provocado renuncias masivas en hospitales públicos, como en Sucre y Valle. No obstante, para la radióloga Pilar Gutiérrez, miembro del Colegio Médico de Antioquia, recibir bonificaciones o el pago cumplidamente no basta cuando el personal trabaja bajo condiciones laborales desfavorables: “les están pagando entre comillas, porque lo que están perdiendo es algo que no tiene precio y es la vida”, asegura.
Lo positivo, según la abogada Carolina McCormick es que, a pesar de que hoy no les queda mucho tiempo para lanzar alertas más fuertes, y están formados para servir independientemente de las condiciones, el coronavirus ha sido, en sus palabras, un milagro que activó la consciencia sobre la dignidad laboral de los médicos en Colombia: “A mí me ha arrebatado varios miembros de la familia, pero así lo describo, como un milagro porque permitió que el trabajador de la salud se diera cuenta (de esta situación)”.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Tomado de: www.mutante.org
