Tomado de: www.sur.org.co
Por: Médica Carolina Corcho Mejía (foto)
Integrante Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760
Vicepresidente Federación Médica Colombiana
Invitada Permanente Gran Junta Médica Nacional
De acuerdo a los análisis del DANE, al finalizar el año 2020, el 28% del total de la población padecía de hambre, de los cuales 6 millones de ciudadanos contaban solo con una comida al día; se han perdido 3,5 millones de empleos, con una informalidad que asciende al 60% de la población. Garay y Espitia calculan que el aumento de colombianos que pasaron a estar bajo la línea de pobreza podría haber aumentado en un 10% para el 2020 (1). Esta situación hace parte de la enorme crisis social que atraviesa el país, agravada por la pandemia, en la cual el 87,7 % de las mortalidades totales se encuentran en los estratos 1,2,3. Esto último es una realidad de perogrullo de la salud pública; una crisis sanitaria no afecta de manera igual a la población, la afectación está atravesada por las condiciones de inequidad, y son los ciudadanos con mayor vulnerabilidad socioeconómica quienes tienen los mayores riesgos de mortalidad, dado que tienen menores condiciones materiales que les permita adoptar las medidas de confinamiento, cuarentena y menor acceso a los servicios de salud.
En este contexto, las respuestas del Gobierno nacional han sido minimalistas y miserabilistas; en ese sentido, el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana ha expresado que, a corte de febrero de 2021, el Fondo de Emergencia FOME ha gastado solo el 56% de los recursos para la atención de la emergencia, esto corresponde a 22,7 billones, los otros 17,8 billones siguen sin utilizarse (2). Los recursos totales destinados para el manejo de la pandemia no alcanzan el 4% del PIB, lo que ubica a Colombia entre los gastos públicos más bajos del mundo. Los montos que se destinan son insuficientes para colmar los mínimos vitales, el programa para adultos mayores tiene una cobertura de 1,7 millones que entrega 80 mil pesos al mes, se entregan 230 mil pesos mensuales para las 2,7 millones de familias del programa familias en acción, 160 mil pesos al mes para 2,6 millones de familias del programa ingreso solidario y 670 mil pesos para 300 mil jóvenes del programa jóvenes en acción, como transferencia condicionada (2). A todas luces, estos recursos son insuficientes para garantizar las garantías de ejercicio de libertades mínimas de los ciudadanos.
Esta situación ha reabierto el debate en Colombia sobre la necesidad de una renta básica; esta en Europa se propone ir más allá del Estado de bienestar; en el caso de América Latina, que no ha tenido este tipo de Estado, para los economistas Gonzalez y Rendón, el reto es acercarse al ideal de “un ingreso básico universal, incondicional, permanente y suficiente para el ejercicio de las libertades mínimas” (3). La renta básica se diferencia de los seguros en que no está restringida a los trabajadores asalariados que cotizan, se trata de una renta no condicionada, a diferencia de los ingresos mínimos solidarios, que están condicionados a que se demuestre una capacidad de trabajar, entre otros (4).
Uno de los principales teóricos de la renta básica universal (Van Parijs, 2001) la ha fundamentado de esta manera:
“El principal argumento a favor de la RBU se fundamenta en el punto de vista de la justicia. La justicia social, según creo, requiere que el diseño de nuestras instituciones esté orientado a asegurar mejor libertad real para todos. Tal concepción de justicia real-libertaria combina dos ideas. Primero, los miembros de la sociedad deberían ser formalmente libres, con una estructura de la propiedad bien aplicada que incluyera la propiedad de sí para cada uno. Lo que interesa a un libertario real, de todas maneras, no es sólo la protección de los derechos individuales, sino asegurar el valor real de tales derechos: debemos estar preocupados no sólo con la libertad, sino, en palabras de John Rawls, con “el valor de la libertad”. (…). Una subvención en efectivo para todos, sin preguntas, sin ataduras, al mayor nivel sostenible, no puede ser que no tenga éxito en la consecución de este ideal” (5)
Los efectos sociales de la pandemia han abierto este debate en Colombia y en el mundo como una política pública necesaria para solevantar la población más vulnerable, que es a la vez quienes sufren los mayores efectos sociales, de mortalidad y morbilidad en la crisis sanitaria.
En consecuencia, el pasado 28 de enero, 173 organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de la sociedad civil, 49 parlamentarios de 9 partidos políticos, más 800 ciudadanos y personalidades, enviaron una propuesta al Presidente de la República para expedir una propuesta de renta básica permanente, dado el rechazo que el Gobierno nacional hizo al proyecto de ley radicado por 54 parlamentarios en la pasada legislatura; en este se proponía una renta básica extraordinaria de emergencia para tres meses , con ingreso de un salario mínimo mensual $877.000 para las familias más vulnerables, que podrían alcanzar los 30 millones de colombianos. El 20 de julio la propuesta se extendió a una cobertura de 5 meses, dado la propagación de la pandemia. Esto no fue acogido por el gobierno colombiano, aún. cuando Colombia, en los diversos ranking de manejo de la pandemia, se encuentra entre los 5 peores países del mundo, con los primeros lugares de mortalidad por 100 mil habitantes.
En la misiva dirigida al presidente de la República el pasado 28 de enero, se solicitó instaurar una renta básica permanente para 7,46 millones de hogares, que corresponden a 30 millones de colombianos, con un monto por persona de 320 mil pesos mensuales, escalando por número de integrantes hasta 470 mil pesos mensuales por familia. En los programas de ingresos solidarios que operan en la actualidad, las entregas a las familias están en 160 mil pesos al mes, lo que significa un promedio de 48 mil pesos por persona. La política de transferencias monetarias del gobierno cuesta 1,4% del PIB, la nueva propuesta de la sociedad civil costaría 3,7% del PIB, que es completamente factible, dado que una de las fuentes de financiación provendría de la fusión de todos los programas asistenciales que por su dispersión tienen poco impacto. Para financiar el 2,3% del PIB restante se apelaría a los recursos del FOME, y una reforma tributaria que grabe las altas rentas sin afectar la clase media (ver propuesta completa 5).
Esta propuesta será traducida en un articulado con el objetivo de ser presentado como proyecto de ley de iniciativa de la sociedad civil y parlamentaria; para ello, se ha conformado un comité de impulso para realizar una Cumbre Social y Política por la Renta Básica Ya, integrado por diversas organizaciones sindicales, sociales, de salud, de derechos humanos, académicas, agrarias, y las 9 fuerzas políticas que hasta ahora han respaldado la iniciativa. La cumbre tiene como objetivo discutir el proyecto de ley que se presentaría al Congreso de la República, para lograr ajustes y un respaldo ciudadano que posibilite generar un proceso de debate público y movilización ciudadana que permita un trámite legislativo que redundará en el favorecimiento de millones de colombianos y colombianas. Para ello se han conformado las comisiones de organización, comunicación y pedagogía, que adelantarán un trabajo previo preparatorio de este evento, que se configura como una unidad de acción alrededor de un objetivo específico y concreto. La Cumbre Social y Política se realizará los días 11 y 12 de marzo. En próximos días se estará haciendo la convocatoria y apertura de inscripciones para participar en la misma.
Se trata de una propuesta para responder de manera efectiva a la crisis social que tiene a millones de compatriotas en una situación de penuria, de precariedad. Es la hora de la solidaridad y de la movilización social. Todos y todas podemos movilizarnos y actuar ya. Es urgente. Los esperamos.
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3. https://www.sur.org.co/el-pulso-por-la-renta-basica-de-emergencia-en-colombia/
4. Eric Alberto Orgulloso Martínez, Jaime Alberto Rendón Acevedo y Jorge Iván Gónzalez Borrero (Eds.). Renta Básica Ya, Diálogos, deberes y Propuestas. ENS, 2020. https://www.ens.org.co/tag/renta-basica/
6. Van Parijs, Ph. (2001). “Una renta básica para todos”. En: D. Raventós (ed.). La renta básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna. Ariel Social. Barcelona
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