El pueblo colombiano exige renta básica y una real protección ante la pandemia

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Camilo Hernández Córdoba
Ortopedista U.N.A.M México
Especialista Gerencia de Salud Universidad Cooperativa Colombia
Ex Presidente Regional Alto Magdalena ASMEDAS CUNDINAMARCA
Miembro Comité Salud Bogotá Cundinamarca CNSSP
E-mail: [email protected]

La pandemia del Covid-19 ha expuesto, de una manera dramática y cruda, toda la problemática sanitaria, económica y política del sistema capitalista. En Colombia, siendo uno de los países más desiguales del mundo, el quinto, se han manifestado de forma más notoria las deficiencias del sistema de salud que impera desde la Ley 100, el desempleo y la informalidad laboral, también fruto de las legislaciones regresivas aprobadas desde los gobiernos de Uribe Vélez.

A pesar de que el coronavirus tomó por sorpresa a todos los países, las medidas improvisadas y titubeantes del gobierno Duque y de los mandatorios regionales y locales hicieron que la progresión de contagios creciera exponencialmente; tanto que, en este momento, Colombia ostenta el onceavo lugar a nivel mundial de contagiados con dos millones, superado en estas cifras en Latinoamérica sólo por Brasil y el tercero en muertes con más de 50.000, detrás de Brasil y México.

El manejo errático del Gobierno nacional en cuanto a terminación no argumentada de las cuarentenas y permitir aperturas desafortunadas de movilidad, más por presión de los industriales y comerciantes que por objetivos indicadores sanitarios, ha sido una de las causas de esta catástrofe.  Se le quiere ahora exigir a la población sin distingo de ingresos y estrato social que se quede en casa, sin garantizarles un ingreso mínimo para sus necesidades básicas. El empleo informal está cerca del 60% en el país y el desempleo está por encima del 20%, por lo que se pretende que las personas de estratos bajos deban elegir entre morir de inanición o contagiarse de la pandemia.  En esta desesperada situación, diferentes sectores de la sociedad colombiana están solicitando que se apruebe con urgencia la Renta Básica.

La renta básica universal (que se conoce también como ingreso ciudadano) hace referencia al pago incondicional de una asignación monetaria a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de sus ingresos, situación de empleo, si busca o no trabajo, o cualquier otro criterio. El concepto difiere de otras formas tradicionales de protección social que normalmente proporcionan apoyo a los ingresos o servicios a personas que atraviesan dificultades específicas, por ejemplo, en caso de desempleo, pobreza, vejez o discapacidad.

El panorama en Colombia para la implementación de una Renta Básica como derecho económico de la ciudadanía está enmarcado desde los accesos obligatorios que designa la Constitución del 91 (Artículos 13 y 212 a 215).  Este concepto no es el de la renta básica universal, sino en el escenario de una Renta básica de emergencia para las personas vulnerables con el fin de satisfacer las necesidades básicas durante la Emergencia Sanitaria declarada en el país. En esta dirección, en la pasada legislatura se radicaron dos proyectos de ley (pl), el 340 en Cámara y el 054 en Senado.  En ambos se proponía una renta mensual de un salario mínimo mensual, por 3 meses, y medio salario mínimo por dos meses más, en el pl del Senado.  Y en el proyecto de la Cámara se planteaba esta Renta de Emergencia hasta el fin de la Emergencia Sanitaria y tres meses más, y se denominaba Mínimo vital para la Vida. En ambos proyectos se aspiraba a que esta Renta de Emergencia llegara a 32 millones de colombianos, con un costo aproximado de 40 billones (4% PIB), financiada por Impuesto al Patrimonio, Crédito Banco de la República o a organismos internacionales, y congelamiento de la deuda externa.  Ambas propuestas fueron archivadas en el Congreso.

Uno de los argumentos del Gobierno nacional para oponerse a estas propuestas de Renta Básica de Emergencia era que había reforzado los programas ya existentes, aumentando el monto de las transferencias para los hogares que ya eran beneficiarios de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el programa de devolución del IVA.  Además, que había creado el programa de Ingreso Solidario para los hogares pobres y vulnerables que no se encontraban cubiertos por los otros programas. Pero los montos transferidos y la cobertura son insuficientes para compensar el impacto negativo sobre los ingresos que han tenido las medidas de confinamiento sobre estos hogares (subsidio promedio 160.000 pesos).  El Director de Planeación Luis Alberto Rodríguez declaró a los medios el 28 de julio de 2020 “aprobar la renta básica sería un exabrupto ético”.  Pero, para el Gobierno nacional no es un exabrupto ético el haber entregado a los bancos y a los grupos financieros 21 billones de pesos en solo los primeros 6 meses de la pandemia.

Si el conseguir la renta básica de emergencia es una utopía con este gobierno Uribeduquista, el escenario de la atención sanitaria es desastroso.  Se están viendo las consecuencias del dominio del sector privado (EPS e IPS), en vez de una rectoría única del Ministerio de Salud y las secretarías regionales y locales.  En este momento, la infraestructura es deficiente en camas de hospitalización, UCI y faltan insumos, además de la retardada movilización por falta de ambulancias de los enfermos a los centros de atención y de allí a donde se les autorice la cama UCI. Existe una infraestructura desocupada en todas las ciudades del país; por ejemplo, Clínicas del sacrificado ISS, Saludcoop, por mencionar algunas.  En Bogotá, además, el Hospital San Juan de Dios y una Clínica como la Fray Bartolomé, que es pública, al norte de la ciudad, funcionando con menos del 30% de ocupación.  Estos espacios perfectamente se pueden utilizar para ampliar el número de camas hospitalarias para Covid y UCI, sin necesidad de trasladar pacientes a otras ciudades, aumentando su riesgo de mortalidad por el viaje; y, además, poniendo en riesgo otras ciudades del país. Los pacientes no se pueden equiparar a una mercancía, son seres humanos que tienen un núcleo familiar, que en la gran cantidad de casos no tienen los recursos o posibilidades económicas de desplazamiento o permanencia en otra ciudad.  Por lo que cada paciente Covid, como los de otras patologías, tiene el derecho de ser atendido en su ciudad o región de origen y no a 1.000 kilómetros de distancia.

Los trabajadores de la salud han pasado, a medida que avanza la pandemia, de héroes a mártires.  Aunque ese súbito reconocimiento a un personal por tantos años olvidado por los gobiernos y la misma sociedad, no ocultaba la hipocresía de los grandes medios de comunicación y una no despreciable parte de la sociedad, que los ha discriminado y estigmatizado, al acusarlos de ser transmisores del virus.  EL pírrico reconocimiento económico establecido en el Artículo 11 del Decreto 538 de 2020, no se distribuyó ni al 50% del personal de salud.  Lo que prima es el déficit de equipos de protección para el trabajo diario en centros de atención y la deuda de varios meses en salarios al personal sanitario.  Mientras sube el número de contagiados y fallecidos en el recurso humano, las EPS se quedaron, aparte de lo que habitualmente ganan , con por lo menos el 50% de la UPC del año 2020, ya que por la pandemia han dejado de gastar en consulta y cirugía programada este porcentaje.  Este dinero hurtado por las EPS debería ser utilizado para ponerse al día con la deuda salarial del personal asistencial e incrementar los salarios, añadiendo una prima mensual de riesgo, como ya se está pagando en otros países.  Esto serviría para contar con más personal al incrementar camas hospitalarias y de UCI, además de reemplazar al personal incapacitado por el Covid, y aliviaría ese desgaste físico y mental que es predominante en la primera línea de atención pudiéndose, con más personal y mejor pago, disminuir las jornadas laborales diurnas y nocturnas.

La esperanza actual de la humanidad ante la pandemia es la vacunación.  Como siempre, el Gobierno nacional llegó tarde a la repartición de las vacunas.  Las farmacéuticas internacionales ya comprometieron el 60% de la producción mundial a Estados Unidos, Unión Europea e India.  El resto de países del mundo tendrá que competir por el restante 40%.  El ministro de salud ha dicho que hay 34 millones de elegibles y que el proceso se efectuará en 5 etapas.  Según esto, al final del 2021 este grupo poblacional estaría vacunado.  Las últimas noticias revelan que los países que recibirán las vacunas por el acuerdo COVAX, dentro del que está Colombia, las tendrían, si acaso, para iniciar en marzo. Quedan aparte muchas inquietudes sobre la adecuada refrigeración y distribución a nivel regional de las vacunas.  Lo preocupante, además, es que las EPS estarán coordinando el PAI (programa de vacunación), a nivel regional, sin dejar a un lado la corrupción y politiquería imperante en algunos entes regionales. La población también debe entender que la famosa inmunidad de rebaño, con mucho optimismo se conseguiría al final del 2021 y que la vacunación no disminuye la transmisión del virus, sino únicamente disminuiría los índices de mortalidad.  Por otra parte, la inercia de alcaldes y gobernadores de departamentos y ciudades con un gran presupuesto, ha impedido que hagan independientemente la gestión de compra de vacunas. Deberían seguir el ejemplo del gobernador del Estado de Sao Paulo que, en contra de Bolsonaro, ya recibió las primeras dosis para iniciar su aplicación en esta semana a la población del Estado.

Con este desolador panorama, no se puede esperar que Duque o su ministro respondan peticiones cordiales sobre estos aspectos y los pongan en ejecución.  Durante un año, ya se ha comprobado su talante.  Duque se ha convertido en un flojo y aburrido comunicador diario y el mismo ejemplo han seguido los congresistas quienes, en vez de aprobar leyes que beneficien a la población, asisten a conferencias virtuales a derrochar demagogia.  No aprobaron los proyectos de renta básica y sí colocaron toda su energía en proyectos como el 010 (aplazado), donde se pretende dar más poder económico al mercado de las EPS y terminar, de una vez por todas, con la red pública hospitalaria.  Se sabe que, con un año de salario de estos parásitos del establecimiento, junto con burócratas de los ministerios, entidades descentralizadas, concejales y diputados, se tendría una cifra superior al medio billón de pesos, lo que contribuiría a financiar la renta básica y demás necesidades expresadas anteriormente.  Si dicen ser tan representantes del pueblo que los eligió, por qué no donan ese año de salario si, de todos modos, ¿no lo han trabajado?  Ni siquiera las supuestas bancadas de oposición lo han propuesto.  Eso sí, todos pendientes para el aumento salarial a 35 millones en el 2021.

En este escenario apocalíptico, la celeridad en la toma de decisiones es prioritaria.  Existe el dinero dentro del presupuesto nacional y regional para tomarlas. Falta voluntad política para no pagar la deuda externa y quitarles privilegios a los pulpos financieros nacionales.  Solo el confinamiento como medida de contención del virus no será efectiva, mientras no se organicen equipos de atención primaria, con enfermeras y médicos que trabajen en grupo en los territorios, haciendo monitoreo y pruebas en cada barrio y en los sitios de aglomeración, además de hacer educación directa.  Esa sería la verdadera salud pública del antiguo plan nacional de salud, que se abandonó para que las EPS manejaran, de manera nefasta, la promoción y la prevención. Estos equipos territoriales de atención deberían ser la base, también, para la vacunación, apoyándose en las redes comunales.

Por todo lo mencionado, el pueblo colombiano, a muy corto plazo, tendrá que tomar una difícil decisión.  No puede esperar eternamente a que el Gobierno nacional dé una solución integral al desempleo y a la redistribución del ingreso en la población más vulnerable.  No se solucionan las necesidades básicas con las migajas que reparte el gobierno en sus corruptos programas de subsidios.  ¡Hablamos de las dos terceras partes de la población del país!  Y a que los gobernadores y alcaldes utilicen sus presupuestos para resolver estos problemas en forma descentralizada y demuestren su autonomía.  La alcaldesa de Bogotá debe dejar ese protagonismo con aspiraciones presidenciales y, de verdad, aún sin el apoyo del gobierno nacional, utilizar el robusto presupuesto distrital para negociar la vacunación independientemente, ya que se necesitarán muchas más dosis de las que consiga el gobierno nacional, y destacarse, no por la beligerancia, sino poniendo en marcha un programa modelo de atención primaria en la ciudad, con detección y tratamiento oportunos del contagio.

Desgraciadamente, el coronavirus no esperará a que se tomen tardías decisiones burocráticas, para continuar su daño y frenar su expansión; por lo que, si no hay soluciones a muy corto plazo por parte de todos los entes gubernamentales mencionados, el pueblo colombiano deberá escoger entre la cuarentena obligada y el salir a las calles, aún con el riesgo del contagio y la represión, para exigir sus derechos, y, además, luchar por la supervivencia de sus familias.

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia