Viernes, 27 de Noviembre de 2020
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COVID Colombia: miles de muertes evitables

noviembre 3, 2020 1:22 am



Tomado de: www.elespectador.com

Por: Cristina De La Torre (foto)
Columnista

No serían hoy 35.000 los muertos, más de 40.000 en diciembre, si el Gobierno no hubiera entregado a las EPS el manejo de la pandemia. Una catástrofe sanitaria. Pero es este el desenlace natural de la salud instituida como negocio de inversionistas y banqueros; de un modelo que ante la emergencia (reto de salud pública sin precedentes) no pudo sino perder la última hoja de parra y exhibir sin sonrojarse sus vergüenzas.

Empezaron las EPS por negarse a practicar pruebas de laboratorio. Luego ejecutaron mínimos inaceptables y, encima, los represaron: en septiembre retenían 70.000 pruebas de COVID. Llegaban los resultados cuando el paciente había muerto, cuando no servían ya para diseñar el cuadro epidemiológico o para programar el control social del virus. Al final, se impusieron ante el manso Gobierno para cambiar el protocolo de toma de pruebas por diagnóstico clínico. Una barbaridad. El manejo de la pandemia ha fracasado, con elevadísimo costo en vidas que era evitable en la mayoría de casos, dirá la doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

En los 28 años de Ley 100, todos los ministros les tendieron alfombra roja a las EPS, para que se embolsillaran los recursos del sector. Desde Palacios, acucioso liquidador de hospitales públicos porque no daban plata, hasta Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, que malograron la reglamentación de la Ley Estatutaria. Ley magnífica que consagra la salud como derecho fundamental garantizado por el Estado, anclado en la atención primaria e integral al paciente, rico o pobre, y en la prevención de la enfermedad. Y no sólo en el papel.

El Proyecto de Ley 010 de este Gobierno se reclama reglamentario de la Estatutaria, pero reafirma lo más dañino del modelo privatizador que Álvaro Uribe tomó de Pinochet en 1993 y será enterrado en breve por los chilenos. Coincide con el capítulo de Salud en el Plan de Desarrollo de Duque, cuya bitácora dibuja Carolina Corcho: refuerza las EPS y el sector financiero; acaba, en la práctica, con la red de hospitales públicos, de nuevo por no ser “rentables”; el giro directo a los hospitales, pensado para obviar la intermediación corrupta de las EPS, será ahora opcional.

Redondo es el negocio de las EPS, precisa Corcho, y tiene tres patas. Primero, por la sola gracia de existir, reciben ellas el 10% de los recursos públicos de salud. Segundo, les llegan fabulosos rendimientos financieros por colocar en los bancos las partidas del sector. Tercero, se forran en utilidades por integración vertical con hospitales y clínicas de su propiedad. Para no mencionar los aportes que 2,5 millones de afiliados al régimen subsidiado tendrán que hacer ahora “solidariamente” al sistema. Ni la billonada que las EPS adeudan a los hospitales y que los contribuyentes asumiremos por la vía del Estado. Ni hablar de recobros por medicamentos fuera del POS. Según la Contraloría, causa principal de la crisis financiera en salud es el crecimiento exponencial y sin control de estos recobros: de $200.000 millones en 2006, pasaron a $4.5 billones en 2018.

Enfermas de avaricia, acaparadoras de lo público, será de presumir que la inoperancia de las EPS en la pandemia obedezca a su sed de oro, que todos los gobiernos han saciado a toneles. A la compulsión de bajar costos para guardarse la diferencia, ahora en pruebas de laboratorio y atención a los pacientes del virus. Nadie puede pensar en serio en dejar al libre mercado la gestión de la pandemia, dijo Harari. Se equivoca. Colombia es excepción que confirma la regla: no sólo está a la vanguardia mundial en desigualdad, lo está también en proporción de muertos por COVID. Y Duque ahí, glacial en la tragedia.

Coda. Pobre mi país, que no pudo gozar de Horacio Serpa como presidente.

Tomado de: www.elespectador.com

 

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