Jueves, 3 de Diciembre de 2020
ASMEDAS Antioquia

Recordando a las víctimas del Covid-19

octubre 30, 2020 11:46 am



Tomado de: www.sur.org.co

Por: Médica Carolina Corcho Mejía (foto)
Integrante Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760
Vicepresidente Federación Médica Colombiana
Invitada Permanente Gran Junta Médica Nacional

El día 26 de octubre se realizó un homenaje convocado por diversas organizaciones gremiales, sindicales, y de la sociedad civil del sector salud, en memoria de los 165 integrantes del personal de salud que han muerto durante la pandemia, entre quienes se encuentran médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, personal administrativo, que han perdido la vida en el contexto de la atención del Covid-19. Este acto también buscaba rechazar el Proyecto de Ley 010 de reforma a la salud que cursa en el Congreso virtual de la República, que fue radicado con mensaje de urgencia por el gobierno nacional. Este proyecto cuenta con el rechazo de más de 140 organizaciones e instituciones en todo el país, dado que no avanza en la garantía del derecho a la salud, y la dignificación de los trabajadores del sector, al contrario, retrocede respecto al derecho logrado en la ley estatutaria de salud.

Este homenaje se hizo en el contexto de la citación a la Audiencia Pública para discusión del Proyecto de Ley 010 por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República que, según dicen, pretende reformar el sistema de salud y reglamentar la Ley Estatutaria, lo cual no es cierto, como lo hemos desarrollado en artículos previos en este semanario. Para dicha audiencia fueron inscritas más de 120 organizaciones de la sociedad y entes territoriales. La misma fue citada por Zoom, como se ha vuelto usanza en el Congreso de la República que, a diferencia de los millones de colombianos que deben estar en las calles buscando el sustento diario exponiéndose al virus, sin que se les garantice una renta básica extraordinaria, ni si quiera las incapacidades por parte de las EPS y las ARL, los congresistas trabajan desde sus casas recibiendo sus 30 millones de pesos mensuales y sus gastos de representación. Esta fue la decisión impuesta por las mayorías, porque también hay que decir que un importante número de parlamentarios se han opuesto a este Congreso virtual.

La Audiencia tuvo su primer desarrollo el día lunes 26 de octubre y continuará la próxima semana desde el lunes; llamó la atención el intempestivo cambio en el orden del día, en donde se excluyeron varias organizaciones que estaban enlistadas en los primeros lugares, como la ANIR, y algunas organizaciones representativas de las y los trabajadores de la salud y, de repente, aparecieron los voceros de la ANDI, Fenalco, que nos parece muy bien que expresen sus conceptos sobre la salud de los colombianos, pero no deja de inquietar ese evidente muñequeo en el Senado para que prevalecieran en el orden del día sobre otras organizaciones que se habían inscrito y anunciado inicialmente. Considero que se deberían dejar constancia sobre estas prácticas que podrían ser irregulares en el desarrollo de una audiencia pública.

Centraré mi análisis sobre la mancomunada intervención de ACEMI (Gremio de las EPS), cuyo vocero fue superintendente de salud, y de la Superintendencia de salud, cuyo representante, antes de asumir este cargo, ha participado en los negocios del sector asegurador. Esto es lo que claramente se denomina una puerta giratoria; ponemos este ejemplo con fines académicos para explicar este concepto y mostrar cómo se reflejan en un debate legislativo, en lo que Luis Jorge Garay ha denominado “la captura del Estado”.

El superintendente, cuya función constitucional es la defensa de los usuarios del sistema de salud, es decir, que a la ciudadanía se le garantice su derecho, nunca hizo alusión a estos; él ni siquiera habla como si fuera un representante del Estado; comienza diciendo que las EPS son las encargadas de la prestación de servicios, de la atención de la ciudadanía e, inclusive, de la garantía del derecho a la salud; les adjudica funciones que corresponden al Estado, como la garantía de los derechos fundamentales, a unas entidades particulares.  Si este es el pensamiento de quien constitucionalmente tiene la función de vigilar y controlar a las EPS para que atiendan a la ciudadanía, puede uno entender por qué las EPS hacen lo que quieran, sin una mínima regulación, por parte de quien ostenta el cargo de superintendente de estas entidades.

Partiendo de esta concepción, el superintendente se dedica a sugerir al Congreso que hay que garantizar la sostenibilidad financiera de estas entidades, sugiriendo que se les debería reconocer que una parte de los recursos públicos (aportes de todo los colombianos), se les reconozcan como privados, aún cuando saben que estos constitucionalmente son recursos públicos, de destinación específica, y que el Congreso no tiene facultades por la vía de una ley ordinaria para hacer estas modificaciones. La Supersalud, encargada de vigilar el manejo que hacen las EPS de estos recursos públicos, cree que una parte de estos deberían ser privados y de manejo potestativo de estas entidades, y solicita al Congreso que viole la constitución y acepte esta premisa.

La única mención de los ciudadanos que hace la superintendencia, es la preocupación que le asiste por el artículo que contiene el proyecto, en el cual se sancionarían a los pacientes que incumplan con las recomendaciones médicas, con el pago de cuotas moderadoras. Lo que le preocupa a la superintendencia de este artículo “es que desincentive la demanda de servicios de salud”; claro, si ocurre este desincentivo, se factura menos en el sistema de salud, y menos posibilidades tienen las EPS de recobrar por estos estos servicios y sustentar el aumento de la UPC (monto per cápita que les girar el Estado por ciudadano afiliado al año). No menciona por ninguna parte que esto podría constituir una barrera de acceso para la atención del ciudadano-paciente, asunto que le debería preocupar primordialmente a una entidad como la Supersalud.

Un artículo de estos, atenta contra el ejercicio médico en Colombia, induciría al paciente a mentirle al médico sobre la adherencia al tratamiento, para evitar la sanción monetaria, pero además constituye un desconocimiento profundo del ejercicio médico, y de las distintas variables de tipos social, económico, cultural que median para que se presente adherencia o no a una indicación médica. Es inaceptable desde la perspectiva del derecho a la salud, que tiene como uno de sus ejes, la relación médico-paciente.

Posteriormente interviene el Ex superintendente de salud, que ahora representa las EPS, que inicia señalando una “cariñosa” discrepancia con el Ministro de Salud, que había afirmado que no se había hecho reformas profundas al sistema de salud; el representante de ACEMI le increpa diciendo que sí se han hecho reformas por parte del Congreso, para ello cita los planes de desarrollo y hasta la ley estatutaria que, aún cuando es de mayor rango constitucional, porque constituyen la fijación de la salud como derecho fundamental en el marco constitucional, ellos, gobiernos, sus bancadas, EPS , han osado igualarla a cualquier decreto, resolución o hasta circular que emite algún actor del sector salud.  Pero, lo que más le preocupa a ACEMI en su intervención, es resaltar que requieren que el Congreso acabe con la ambigüedad de que en unos artículos del proyecto de ley los recursos de la salud sean públicos y en otros, sean privados. Ellos piden que el Congreso les reconozca esa plata, que equivale a 45 billones anuales de aportes de los colombianos, como si fueran recursos propios de las EPS; el argumento es que ellos necesitan esa certeza legal para poder trabajar mejor y poder hacer inversiones que mejoren la salud de los colombianos. Por supuesto, para sustentar esto, se apoya en la intervención del superintendente de salud.

La audiencia finalizó por ese día con 26 intervenciones, se planteó que continuaría el próximo lunes, en donde seguiría interviniendo el resto de las organizaciones inscritas; solo intervino el senador Castillo del partido Cambio Radical, uno de los autores del proyecto. La audiencia hasta ahora desarrolla la postura mayoritaria de defensa del actual modelo de salud de negocio, que ha hecho aguas en una pandemia que no se ha podido controlar en Colombia y que avanza hacia el segundo pico, sin que el país haya logrado si quiera el primero, que se convirtió en una meseta.  La propuesta del 010 es profundizar el modelo de salud, que hoy acumula más de 35 mil muertes, la mayoría de estas evitables, y que ha cobrado la vida de 165 médicos, médicas, enfermeras, salubristas, a quienes hemos rendido el más sentido homenaje en la Plaza de Bolívar, porque fueron quienes entregaron su vida en la lucha cotidiana que se libra en hospitales y centros de salud por el cuidado de la vida.  En su memoria, y la de los colombianos que han fallecido en medio de esta debacle sanitaria, seguiremos insistiendo en que se archive y retire el Proyecto de Ley 010, y en el hecho que Colombia debe encaminarse a una reforma estructural del sistema de salud, donde se garantice este derecho fundamental a todas y todos los colombianos.

Tomado de: www.sur.org.co

 

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