Miércoles, 28 de Octubre de 2020
ASMEDAS Antioquia
32 Congreso Nacional de Medicina General y Social

Sepultar la Ley 100 es imprescindible para garantizar el derecho a la salud en Colombia

octubre 2, 2020 12:11 pm



Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Camilo Hernández Córdoba (foto)
Ortopedista U.N.A.M México
Especialista Gerencia de Salud Universidad Cooperativa Colombia
Ex Presidente Regional Alto Magdalena ASMEDAS CUNDINAMARCA
Miembro Comité Salud Bogotá Cundinamarca CNSSP
E-mail: [email protected]

Como una creación kafkiana, ese monstruo llamado Ley 100 de 1993, que se implantó hace 27 años en el sistema de seguridad social en Colombia, se niega a morir.  Como ese insecto enorme en que se convirtió Gregorio Samsa en la Metamorfosis, esta nefasta ley se ha ido transformando.  Le han salido apéndices y escamas cada vez más peligrosas.  Para tratar de cambiar su horrible fisonomía, los diferentes gobiernos, el Congreso nacional, los entes de control y la misma Corte Constitucional, transcurridos estos años, la han mantenido viva y le han ayudado a crecer con sus cómplices del sistema de intermediación financiera.

Este engendro legislativo ha pasado por múltiples intervenciones, sin lograr que el gusano se convierta en mariposa.  400 acuerdos del CNSS (Consejo Nacional de Seguridad Social) de 1994 a 2007; innumerables leyes, decretos, resoluciones, circulares y sentencias de la Corte Constitucional la han modificado hasta la fecha.  Pero, con el descaro, la arrogancia y complicidad del gobierno y Congreso actuales, junto con los dueños del negocio (EPS), se pretende hacerle otra “reformita”: el Proyecto de Ley 010 de 2020, con el eufemístico enunciado: “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”.

El nacimiento de este monstruo fue concebido internacional y nacionalmente.  A finales de los años 80, el neoliberalismo dominaba el mundo con las presidencias de Ronald Reagan en USA y Margaret Thatcher en Inglaterra.  El imperialismo quiso realizar reformas de salud en todos los países y en América Latina su impulsor fue el Banco Mundial (BM).  La primera premisa es que «la salud pertenece al ámbito privado», por lo tanto, su financiamiento debe hacerse por fondos privados y los problemas de salud sólo serán atendidos por el Estado cuando los privados no puedan resolverlos o se nieguen a hacerlo.  La segunda premisa es que el Estado es ineficiente y con frecuencia inequitativo, en cambio, el sector privado es todo lo opuesto, ya que está regulado por la competencia producto de la libertad de elección.

A nivel nacional asumió la presidencia César Gaviria Trujillo el 7 agosto de 1990.   Su primer acto legislativo fue la Ley 50 de 1990, cuya supuesta justificación era mejorar la competitividad de la economía nacional en los mercados internacionales y aumentar las tasas de ocupación; pero, esta norma estaba dirigida a la flexibilización laboral para darle una mayor margen de manejo al patrón y que este dispusiera de la fuerza de trabajo para reducir el precio de los contratos laborales.

El gobierno de Gaviria, en su avanzada del proyecto neoliberal, demandaba una reforma constitucional que se adecuara a las diversas reformas económicas que habían logrado avanzar por la vía legislativa, pero la estructura del Estado de la Constitución de 1886 era considerada como una barrera que debía ser superada.

Por esta razón, Gaviria y su equipo de asesores asumieron la reforma a la Constitución como una prioridad de gobierno, con el fin de adecuar la forma estatal al proyecto económico neoliberal. De ahí surge la Constitución Política de 1991, que tiene un papel central en el derecho útil al capital y su relación con la estrategia neoliberal, en tanto que su introducción y profundización va a estar legitimada a través del mercado y la mercantilización de los servicios públicos como se consideró a la salud y no como un derecho, mientras en la retórica se hablaba de la democracia participativa y la búsqueda de la paz.

En la Constitución del 91, los elementos centrales para la reestructuración del capitalismo quedaron intactos y, a través de la “ambigüedad calculada”, la ductilidad de las formas constitucionales y la flexibilidad de enunciados del texto constitucional, tales como: “economía de mercado”, “libertad de empresa”, “eficiencia”, entre otros, se ha permitido una interpretación y aplicación del texto constitucional según los mandatos del derecho útil al capital.

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Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

 

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