Señalan que es contrario al derecho fundamental a la salud, va en contra del bloque de constitucionalidad, es «una burla» a los trabajadores de la salud, insiste en el modelo privatizador y no acaba con las EPS como se ha indicado, entre otros aspectos
Tomado de: www.eldiariodesalud.com
Un total de 135 organizaciones de carácter gremial, sindical, de la sociedad civil, ciudadanas, de diversos movimientos sociales, tanto del sector salud como de otras áreas, presentes en todas las regiones del territorio nacional han solicitado al Congresistas de la República el archivo o retiro del Proyecto de Ley 010 de 2020, «Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud», a través de una amplia y detallada carta en la cual expresan sus motivaciones para esta solicitud.
Las organizaciones, junto con más de 150 firmantes individuales, en primer lugar indican sobre dicho proyecto, para el cual el Gobierno nacional solicitó al Congreso su trámite urgente, que «el contenido del proyecto de ley no corresponde a lo establecido por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional» y que, en cambio, «es contrario al derecho fundamental a la salud y por tanto, al bloque de constitucionalidad».
«Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud, que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento, que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud, estrategia adoptada mediante la Ley 1438 de 2011», afirman.
Asimismo, en lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras del sector salud, afirman que lo planteado en el proyecto «es una burla a este sector poblacional en momentos de crisis, dado que la iniciativa es irrelevante, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector». Asimismo, exponen que «el articulado se ocupa de asuntos de la educación de profesionales de la salud, en franca violación del principio constitucional de autonomía universitaria».
En relación con la red de hospitales públicos afirman que «la iniciativa insiste en modelos privatizadores que no han funcionado en Colombia ni en el mundo». «El proyecto tampoco asume el problema de las llamadas zonas dispersas donde viven cerca de 22 millones de colombianos y colombianas», en en gran parte de las cuales «sólo existen hospitales públicos deteriorados» y donde «más del 70% de nuestros connacionales son del régimen subsidiado», destacan en el documento, por lo que explican que «pretender que la red de atención hospitalaria se mantenga por venta de servicios es realmente delirante y lo único que ha conllevado es a la desaparición de la red pública hospitalaria, dejando a esta población sin alternativas de atención en salud». Asimismo, recuerdan que «pese al famoso acuerdo de punto final, a la fecha las EPS y entidades territoriales adeudan 9.6 billones de pesos a los hospitales públicos, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI».
Para los firmantes, «se ignoran en el proyecto de ley los determinantes sociales de la salud (medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, alimentación saludable y soberanía alimentaria, que se está viendo agravada por el desempleo y la falta de ingresos asociados a la pandemia, entre otros), que son parte del derecho fundamental a la salud como lo reconoce el bloque de constitucionalidad, ligado a la Observación General N° 14 de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud».
Los firmantes aseguran, igualmente que el proyecto «debilita de un plumazo los regímenes especiales en salud que han sido parte de la construcción de alternativas de distintos sectores poblacionales, atendiendo a riesgos laborales, condiciones insalubres de trabajo, y conquistas de las organizaciones de los trabajadores». «Este proyecto retrocede, además, en logros que había alcanzado la ciudadanía colombiana para el acceso a servicios de salud, como lo han mostrado los pueblos indígenas; continúa con la desigualdad derivada de la capacidad de pago y aumenta el gasto de bolsillo de los colombianos más pobres con la llamada ‘contribución solidaria’, mientras disminuye los aportes de los empleadores y protege los cuantiosos recursos públicos de la salud que se quedan en diversos intermediarios del negocio», añaden.
Por último, indican que «desde diversas organizaciones ciudadanas, de la sociedad civil, académicas, y movimientos sociales, estamos preparando una propuesta de reforma estructural del sistema de salud, que realmente reglamente la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos y colombianas, y la formalización de los trabajadores y trabajadoras como parte constitutiva de este derecho».
Los invitamos a conocer el texto completo de la citada carta enviada al Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley 010 de 2020 en la que se detallan las críticas a este aquí.
Tomado de: www.eldiariodesalud.com
