Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
Por: Médico Alejandro Hernán Quintero Galeano (foto)
Ginecoobstetra – Asmedista
El 9 de septiembre se conmemora el día de los derechos humanos en Colombia. Mediante la Ley 95 de 1985, el Congreso de Colombia decretó esa fecha como el día de los derechos humanos en homenaje a San Pedro Claver, por ser el día de su fallecimiento en 1964, al haber sido el abanderado de los derechos de los esclavos que llegaron al país.
No deja de ser una paradoja o un santanderismo más la celebración del día de los derechos humanos en un país donde históricamente se han irrespetado desde las mismas instancias del poder. Es evidente en nuestros más de 200 años de vida republicana la violencia como recurso persistente ejercido desde las élites hacia la población como mecanismo de dominación. Desde las guerras civiles del siglo XIX, siendo emblemática la de mitad de siglo en la arremetida violenta contra el Movimiento de los Artesanos y las Sociedades Democráticas, pasando por la Guerra de los Mil Días de fin de siglo, continuando con el Bogotazo, El Frente Nacional y toda la institucionalización de la guerra política desde el Estado acompañada de la guerra sucia con el famoso Estatuto de Seguridad de Turbay, hasta la degeneración que ha representado el uribato con sus escuadrones de narco-paramilitares en estos años recientes.
Como es nuestra costumbre política, ley hecha para la vitrina internacional. Se aparenta afuera una cosa pero internamente se hace todo lo contrario. Como por ejemplo, eso de la “democracia más antigua del continente” ¿democracia sustentada en cuáles derechos?
Si se consideran los derechos más básicos que son los civiles y políticos, podemos ver cómo ha sido prohibido el más fundamental: el derecho a pensar y a opinar diferente; primero, la guerra contra la ideología liberal, combatida desde los púlpitos, el sistema educativo y la institucionalidad; segundo, llegando incluso a formar parte de la normativa constitucional (Acto Legislativo 6 de 1954 y el Decreto 434 de 1956), con lo cual se instituye en delito en el país la ideología comunista y es tributaria de presidio de uno a cinco años; tercero, pasando por la pena de muerte -de facto- a través de la guerra sucia y los escuadrones paramilitares.
Frente a los derechos económicos, sociales y culturales DESC, tampoco hemos brillado por su cumplimiento, como ha quedado más que en evidencia con la pandemia del Covid-19, por nuestros altos índices de concentración de la riqueza; pobreza, informalidad, desempleo e inequidad; con servicios privatizados como la salud y la educación; la ausencia del derecho al trabajo, a la vivienda digna, a los servicios básicos de acueducto, luz y alcantarillado, a la recreación, la diferencia y el reconocimiento de género y cultura (derechos todos que deberían ser universales).
Ser defensor de los Derechos Humanos en nuestro país ha significado tener una lápida en el cuello. Casos emblemáticos como el de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda, Jesús María Valle, Hernán Henao, Gustavo Marulanda y un recuento interminable, así lo demuestran.
Según El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Colombia es el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos. Como lo dice una de las conclusiones del Informe del Relator Especial del 26 de diciembre del 2019:
“Tras analizar la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otros actores, el Relator Especial concluye que la gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio. Carecen de un reconocimiento social y público positivos, son deslegitimados y criminalizados en relación con su labor de defensa de los derechos humanos por actores estatales y no estatales. Están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz. Al menos 323 personas defensoras han sido asesinadas desde entonces en un contexto de altos índices de impunidad. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado”[1].
Hoy en nuestro país se recrudece la violencia (oficial y extraoficial), aumentan los atropellos a la población civil y las masacres, se perfila y ataca desde el gobierno al que piensa diferente, se obstruye y torpedea a la justicia porque no se acomoda a sus intereses (a los del “presidente eterno”), se cooptan todos los organismos de control: fiscalía, procuraduría, contraloría, defensoría del pueblo, Comisión de Acusaciones, CNE, etc., una verdadera dictadura civil donde se legisla a favor de una élite corrupta que detenta el poder. Los medios de comunicación privados, con sus “periodistas”, hacen la tarea -descaradamente de frente- a favor de esos intereses, mientras las clases bajas sufren toda clase de atropellos, violencia y humillaciones.
Justo esta semana del 9 de septiembre se conoce otro comunicado de las “águilas negras” (grupo al margen de la ley, misterioso, paraestatal, conocido por todos, menos por el uribato) en el cual se amenaza de muerte a los defensores de derechos humanos, líderes políticos de oposición, líderes y lideresas sociales, educadores, sindicatos, periodistas y abogados independientes, etc. Justo esta semana la policía, en muestra de su descomposición y abuso de poder, asesina en las calles a ciudadanos desarmados. Todo pasa mientras el gobierno se oculta en su palacio y en su latifundio. Hoy el Ministerio de Defensa ofrece recompensas para dar con la ciudadanía que protesta masivamente cansada de tanto atropello, diluyendo y escondiendo la responsabilidad de los victimarios, los policías responsables.
Sea esta columna un homenaje a todos los caídos y los que siguen dando la batalla por un país mejor. Saludamos a todas las personas y organizaciones valerosas que cumplen esta tarea primordial, a los defensores de los derechos humanos en nuestro país. La situación de barbarie que vivimos hoy amerita que todas/todos al unísono nos convirtamos en defensores de los derechos humanos; es decir, defensores de la vida digna, la justicia, la equidad social, la posibilidad de pensar diferente sin que se nos asesine, para que termine la violencia y poder construir una Colombia en paz.
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[1] https://undocs.org/es/A/HRC/43/51/Add.1
Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
