Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
Por: médico Alejandro Hernán Quintero Galeano (foto)
Ginecoobstetra – Asmedista
El repudio a las masacres desde diferentes sectores sociales es generalizado, exceptuando el gobierno quien, siguiendo las enseñanzas de su mentor, cambia los términos para disfrazarlas con más eufemismos. Este gobierno, inepto y desvergonzado, visita a las poblaciones ofendidas para regalarles confites o prometer arreglar las canchas de fútbol mientras las poblaciones lo rechazan. El defenderse con base al espejo retrovisor –Duque- o con las supuestas “utilizaciones políticas” de las masacres, como lo dice Holmes Trujillo, lo que hace es enfatizar el desprecio por la vida de los habitantes de estas comunidades, de campesinos, indígenas, afros…, lo que pone en evidencia para esas élites mafiosas que hoy detentan el poder, su desprecio por las clases pobres o “subalternas”.
A la pregunta de ¿Quién está detrás de las masacres en Colombia? se le puede complementar con: ¿A quién le interesa el territorio donde se desarrolló la masacre? Y a esta con las dos siguientes: ¿Quién/es se asienta(n), “compra(n)” o se adueña(n) del territorio después de las masacres? ¿Y qué destinación le dan?
Es sabido que las masacres no solo consisten en la muerte de 3 o más personas de una comunidad en estado de indefensión, ocasionadas por un mismo agente, sino que, además, implican el amedrentamiento, la coacción social y en muchos casos el desplazamiento de las poblaciones con la expropiación de sus territorios.
Es curioso, por decir lo menos, como se lo pregunta Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta, en entrevista con la cadena radial Caracol , cómo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (avisos o informes sobre la posible consumación de delitos, violación de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH) no son tenidas en cuenta por el gobierno, ante lo cual se han tenido que realizar los informes de consumación (aviso- no acción oficial- hechos) presentándose desde finales del año anterior 675 de estos.
Para el Caso de Samaniego, donde se asesinó a ocho jóvenes, se había emitido una alerta desde hacía 13 meses que buscaba, después de informar al Ministerio de Defensa, activar estrategias de inteligencia que combatieran la posible acción de grupos criminales, sin lograr una respuesta, obteniendo este resultado. Con lo cual surge una pregunta: ¿Tiene el gobierno la voluntad de responder a esas alertas? Sobre todo cuando se encuentra que muchas de la masacres se han presentado en las poblaciones donde se han instalado fuerzas de tarea por parte del Ejército Nacional, como en: Norte Santander y Catatumbo, sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, norte de Cauca, Nariño, por citar solo algunos casos, o en los lugares cercanos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET producto del acuerdo de paz con las Farc.
¿Por qué no se atienden las alertas tempranas? ¿Por qué la policía y el ejército no son capaces de proteger a las poblaciones, siendo su deber constitucional, si están presentes en esas zonas?
Mucho se ha argumentado sobre la debilidad del Estado colombiano para justificar su no presencia en las regiones apartadas, el difícil acceso a las poblaciones periféricas por causas geográficas, etc. Sin embargo, existe un argumento, más coherente con nuestra historia de violencia y desposesión, que brinda una mejor explicación a lo sucedido en estos territorios, contundente, y es presentada por el senador Iván Cepeda: Se trata de la aplicación de un modelo de intervención militar, modelo utilizado desde la década de los 70s, consistente en la militarización de las zonas campesinas para su control, impidiendo así todo tipo de movilizaciones agrarias en demanda por sus reivindicaciones sociales y la inserción de nuevos actores. En sus palabras:
“Bajo ese mismo esquema de control de la población rural, se produjeron en las dos últimas décadas del siglo XX las incursiones y el dominio territorial de los ejércitos paramilitares que, como se sabe, sirvieron al despojo a campesinos de millones de hectáreas de tierra. En muchas regiones los clanes políticos mafiosos y las estructuras paramilitares se convirtieron en parte de la institucionalidad estatal y actuaron bajo la protección de la fuerza pública… Las “zonas de consolidación” desarrolladas bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y en los años del Plan Colombia cumplieron el propósito de perseguir a líderes campesinos y de asociaciones de víctimas por sus reclamos ante la legalización de la usurpación de tierras y la exigencia de verdad y justicia por los crímenes paramilitares. Con detenciones masivas, masacres y desplazamientos forzados, se logró imponer el régimen de despojo e impunidad.”
El gobierno actual, burlando el proceso de paz, en lo a teniente a los PDET y al Programa Nacional Integral de la Sustitución de Cultivos de uso ilícito PNIS, instituyó a través de la Ley 1941 del 18 de diciembre del año 2018 una prórroga y modificaciones a las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII de 1997 que le permitió una reedición del modelo de intervención militar en los territorios, a lo Seguridad Democrática, bautizándolo con otro eufemismo: las “Zonas Futuro”.
Para que se sorprendan, y coincidencialmente, esas “Zonas Futuro” sobresalen por la violencia y en muchas se destaca el aumento de las masacres; ellas son: el Pacífico nariñense, el Sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Norte de Santander, Arauca y el Parque Nacional Natural de Chiribiquete. Según el gobierno, allí se concentra el 56% del total de las áreas sembradas con coca en el país.
Para completar, se supone que los militares estadounidenses llegaron a estas Zonas a partir del 1 de junio, regidos por un “acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico”. Este hecho, fuera de ser un acto de violación de nuestra Costitución Nacional y nuestra soberanía, implica una violación más a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Entre tanto, los afectados directamente, los campesinos de estas Zonas Futuro, consideran que: “Es una estrategia netamente militar, que privilegia la asesoría militar extranjera en detrimento del diálogo con las comunidades, lo que podría incrementar las violaciones a los derechos humanos.”
¿Seguridad Democrática? ¿Confianza inversionista? ¿Cohesión social? ¿Locomotora minera?
Según investigación del senador Iván Cepeda, después de estudiar 1.299 convenios de cooperación suscritos desde 1990 entre empresas transnacionales y el Ministerio de Defensa, concluye que:
“… En 2015 al menos seis grandes empresas transnacionales tenían en sus predios batallones pagados con impuestos de los colombianos, y que por lo menos 68.000 hombres del Ejército estaban destinados a cuidar el sector minero-energético, es decir, que entre el 15 y el 20% de los miembros de la FFPP estaban trabajando para las compañías multinacionales y que [las] poblaciones eran sometidas a un régimen autoritario privado” .
Hoy, mientras aumenta la militarización de las poblaciones y se “hace trizas eso que llaman el Acuerdo de Paz”, también aumenta la violencia, los grupos irregulares, el control a través del miedo, el despojo, el desplazamiento, las masacres, la pérdida de la soberanía, la “disputa” por el negocio del narcotráfico y, claro está, la concentración de la propiedad de la tierra . Para algo tenía que servir este modelo.
Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
