Lunes, 28 de Septiembre de 2020
ASMEDAS Antioquia

La Corte Suprema de Justicia legitima la huelga en entidades del sector Salud

agosto 19, 2020 3:28 pm



Huelga en servicios esenciales de salud: ¿Conflicto de intereses opuestos?

«(…) Las movilizaciones y huelgas promovidas por estos servidores no siempre pueden juzgarse desde la dualidad derecho de huelga versus derecho a la salud o derechos de los trabajadores versus derechos de los usuarios, ya que muchas veces tales derechos no se enfrentan; además, estas protestas también pretenden visibilizar y denunciar problemas que aquejan al sistema de salud como la corrupción, precarización de los trabajos, irregularidades en las contrataciones y administraciones ineficientes, todo lo cual tiene un impacto negativo en el servicio de salud y en los índices de mortalidad de los usuarios».

Por lo tanto, «no siempre en estos casos entran en tensión el interés general y el interés particular, porque la huelga también puede ser un instrumento de realización del interés general»

CSJ SL 1680 de 2020

Tomado de: Oficina de Comunicaciones Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Carlos Alberto Ballesteros Barón (foto)
Abogado especialista en Derecho a la Seguridad Social y Derecho Laboral
Asesor Jurídico de ASMEDAS Antioquia

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió la posible ilegalidad de un cese de actividades que se presentó en la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO, orientado por el Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social “SINDESS”, en el que sólo se permitió la atención de las urgencias vitales, decisión motivada por el no pago del salario durante 8 meses además de las prestaciones sociales de carácter legal y extralegal.

Mediante Sentencia SL 1680 de 2020, con radicado 81296 y con ponencia de la doctora CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de Rioacha que había declarado la ilegalidad del cese de actividades amparado en las tesis tradicionales de la Corte.

Se destacan las siguientes consideraciones del máximo tribunal que implican un verdadero cambio de jurisprudencia:

1.- Considera que el derecho de huelga es un derecho fundamental (primer cambio jurisprudencial), para lo cual se apoya en posturas de diferentes instancias de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que han interpretado el alcance de los Convenios Internacionales del Trabajo en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, en el orden interno, en el Artículo 56 de la Constitución Política Nacional.

2.-Considera que la huelga no puede ser considerada con un fenómeno anómalo; por el contrario, es un derecho conexo a la democracia, al pluralismo y al Estado Social de Derecho.

3.- El ejercicio de la huelga se restringe cuando están en juego servicios esenciales; por tanto puede, “bajo precisas y excepcionales circunstancias, ceder frente a otros bienes que la comunidad considera realmente esenciales para la vida humana”.

4.- No toda huelga practicada en una institución prestadora de servicios de salud afecta un servicio esencial (segunda novedad jurisprudencial).  Distingue la actividad del servicio; dentro de la primera categoría pueden concurrir varios servicios de distinta naturaleza, por lo que “solo será posible de limitación la huelga que afecte servicios esenciales, no así aquella que lleven a cabo trabajadores asignados a servicios marginales que, dentro de la misma actividad, no resultan indispensables para el mantenimiento del derecho fundamental, cuya tutela se procura.”.

El Artículo 56 de la Constitución no restringió la huelga a toda una actividad sino únicamente a los servicios esenciales de la comunidad.  Por ello, en estos casos es necesario indagar si se pone en riesgo la salud o la vida de los usuarios o si solo genera un malestar en los usuarios; por eso afirmó la Corte: “No es lo mismo una suspensión de servicios en urgencias, oncología, diálisis, cuidados críticos, cirugía oncológica o aquellos servicios cuya demora podría afectar negativamente la evolución de una enfermedad, a aquellas interrupciones en los servicios que apenas causan molestias en los usuarios por las esperas o reprogramaciones, pero que de ningún modo ponen en riesgo su salud.».

5.- Consideró que los trabajadores en este caso, “antes de ser promotores de un estado de cosas ilegales, son víctimas que sistemáticamente han sufrido violación a sus derechos laborales de carácter fundamental, incumplimientos que, además, afectan el sistema de salud, pues una cartera laboral saneada es un componente necesario para el correcto funcionamiento del servicio.».

6.- Cuando se adelanta una huelga imputable al empleador, como ocurrió en este caso, no es necesario adelantar el procedimiento establecido por la ley para la negociación colectiva de trabajo (tercera novedad jurisprudencial), por lo siguiente:

.- La huelga es un derecho fundamental.

.- Las restricciones deben estar previstas en la ley.

.- La ausencia de una reglamentación no impide su ejercicio.

Recordó la Corte que durante el siglo pasado prevaleció el modelo contractual de la huelga como “mecanismo de presión para la negociación colectiva”, llamado por algunos modelo “civilista o privatista”, modelo que entró en crisis y, con las constituciones modernas se pasó a un modelo polivalente “en el que es concebida como un medio de defensa o reivindicación de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, y no solo de regulación del contrato de trabajo.” .  Este tránsito se produjo en Colombia con la Carta Política de 1991.

Así las cosas, el incumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores se abordaban exclusivamente desde el campo del derecho laboral individual (“fenómeno plurindividual”), pero mediante la Ley 584 de 2000 se produjo normativamente el cambio; por eso, afirma la Corte: “El legislador preconstitucional no previó tales huelgas, razón por la cual no es posible extender, a través de un juicio hermenéutico, las reglas de la huelga contractual a otro tipo de ceses legitimados en la Constitución de 1991.».

Esta trascendental decisión posibilita a los trabajadores del sector salud ejercer una verdadera presión a los empleadores y al Gobierno nacional para que se revise a fondo la situación que actualmente atraviesa este sector desde el punto de vista laboral.

Tomado de: Oficina de Comunicaciones Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

 

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