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El paramilitarismo en Colombia: Instrumento para imponer un modelo de desarrollo y cooptar el Estado

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Alejandro Hernán Quintero Galeano (foto)
Ginecoobstetra – Asmedista

Colombia es un país complejo desde la perspectiva social y política, con un conflicto armado interno de por lo menos 60 años.  Una de las causas estructurales más importantes de ese conflicto es su gran inequidad; nuestro país es uno de los más inequitativos en el mundo, el tercero en el continente americano, donde la concentración de la propiedad rural es de las más altas, con un Gini del orden de 0.829; según el Censo Agropecuario, de un total de 108.993.334.6 hectáreas (Has) distribuidas en 2.370.099 unidades censadas, el 70.43% de esas unidades son propiedades menores de 5 Has (1.98%) mientras que el 0.25% son mayores de 1000 Has (73,8%), lo que quiere decir que solo el 0.25% de los propietarios son poseedores del 74% de extensión rural mientras que el 70.43% posee el 2% de la tierra1.  Somos el país con más desplazados internos en el mundo (desde el año 2015 no hay quién nos quite ese deshonroso puesto), para el 2019 tuvimos 7’816.500 desplazados2. Hoy, a pesar de haber pasado por dos supuestos acuerdos de paz con el paramilitarismo y con la guerrilla de las Farc, nos enfrentamos a un estado de violencia permanente con el asesinato continuo de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados; en nuestro territorio persisten las acciones de los grupos paramilitares, guerrilleros (disidentes y ELN) y cada vez se hace más evidente la violencia oficial (ejército, policía y Esmad). ¿Cómo interpretar esta situación?

Es cierto que el paramilitarismo ha sido un instrumento utilizado por el Estado colombiano para atacar a las guerrillas, pero esa no ha sido su única función. Si miramos la perspectiva histórica, el contexto geográfico y la integralidad del fenómeno, entenderemos que el paramilitarismo no se queda allí, sino que es una estrategia más amplia cuyo fin ha sido imponer un modelo de desarrollo de concentración de la propiedad rural en manos del gran capital nacional e internacional, terrateniente, mafioso y extractivista, en cuanto al apoyo a las multinacionales explotadoras de recursos naturales.

Hoy es cada vez más evidente la relación histórica militares-paramilitares, su trabajo conjunto bajo un mismo objetivo: la imposición de ese modelo de desarrollo. En el artículo: “El paramilitarismo y resultados de justicia y paz”, su autora Didima Rico Chavarro, analizando éste fenómeno, expresa:

“…Como consecuencia, las instituciones armadas, en el marco de las políticas de Estado, utilizan una estrategia militar de eliminación de las guerrillas por cualquier medio. Las Fuerzas Armadas, desde los años 1960, no solo toleran sino trabajan con grupos armados ilegales denominados autodefensas en el propósito de erradicar las guerrillas, y desde esa época han participado en una sistemática política de guerra y aumento presupuestal del pie de fuerza. Con la excusa de recuperar el dominio de los territorios perdidos y de representar la conciencia popular inconforme, las autodefensas se propusieron refundar la patria y consolidar un modelo social y político oligárquico y mafioso con el apoyo del paramilitarismo, que tuvo su proceso de expansión nacional con ayuda y aportes directos en dinero de ganaderos, industriales y empresarios internacionales”3.

Existen declaraciones internacionales que ponen en evidencia esta relación, como es el caso de El tercer informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresa:

“El Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los sesenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento… Como resultado de su motivación contrainsurgente, los paramilitares establecieron lazos con el Ejército Colombiano que se fortalecieron durante más de dos décadas”4.

Con la doctrina del enemigo interno –cualquier actor o movimiento social que se opusiera a los intereses estadounidenses y a los de las élites locales5– de la Escuela de las Américas, centro de formación anticomunista dirigido por los Estados Unidos para los ejércitos de América Latina, el marco de acción militar incluyó a la población civil, a los movimientos sociales, a sus líderes, defensores de derechos humanos, sindicatos y partidos de oposición; además, favoreció la formación de grupos paramilitares; consecuencia de ello fue el genocidio de la Unión Patriótica UP (por el cual fue condenado internacionalmente el Estado colombiano) y se presentaron muchas agresiones contra los derechos civiles y políticos de la población.

“Entre 1983 y 1987 la estrategia de guerra del Estado dejó más de 25 mil muertos de la Unión Patriótica, y continúa hasta el día de hoy con muertes selectivas y desplazamientos masivos en las zonas que poseen grandes recursos naturales, latifundios para la ganadería, sembrados de monocultivos, plantas que engrosan el accionar del narcotráfico y su inserción en la política. Para desarrollar esa política, como lo afirmó Vicente Castaño, se hacía necesario llevar a los ricos a todas las regiones del país como una de las misiones de todos los comandantes, para que desarrollaran nuevos modelos de empresas a nivel nacional. Esa expansión empresarial promovida estratégicamente por las auc, se implementó mediante el despojo agrario en el Urabá chocoano, con la participación de Freddy Rendón Henao y otros jefes de las autodefensas, extendiendo en el municipio de Belén de Bajirá el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite para producir biodiesel –el combustible del siglo XXI–, apoyado por el gobierno de Álvaro Uribe decididamente en todo el país”6.

Esta situación se ha repetido, y se continúa repitiendo, por toda nuestra geografía nacional; de allí nace la invitación al análisis de la “geografía de la guerra”7 que nos hace la exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, a visualizar detrás de la muerte, de las masacres y del desplazamiento forzado de las poblaciones, los intereses económicos del gran capital sobre esa región; ejemplos son múltiples: en el Urabá: El puerto, El tapón del Darién (la construcción del canal interoceánico), los cultivos de palma y banano, sus múltiples riquezas naturales y del subsuelo; en la Guajira y el César los proyectos de minería a cielo abierto (cerrejón) y los monocultivos; en Ituango, los intereses para la construcción de la hidroeléctrica; los intereses del capital nacional e internacional sobre las tierras en el Chocó, Cauca y Popayán, los Llanos Orientales y la Amazonía, etc.

Si entendemos nuestra condición de país periférico, dentro del capitalismo mundial y la subyugación que hacen nuestras élites a los intereses imperiales de Estados Unidos, en esta época, con más de 30 años de reestructuración del Estado y modelo neoliberal, entenderemos que la propiedad rural, las grandes extensiones de tierra con sus recursos y las riquezas de su subsuelo adquieren una importancia fundamental en lo que se ha denominado la financiarización de la tierra.  Se desarrolla así la “apropiación por desposesión”, concepto desarrollado por el geógrafo y urbanista David Harvey, consistente en la intromisión del capital en los sectores antes señalados bajo la tutela del Estado: la salud, la educación, la vivienda pública, los servicios públicos, la banca, etc., privatizándolas y entregándolas al mercado (mercantilización y financiarización), este proceso también incluye la propiedad rural, los campos comunales; a la pérdida de los derechos comunales en todos esos dominios que se privatizan es a lo que el autor denomina apropiación por desposesión8.

Hace parte de esta situación las denuncias del Senador Wilson Arias Castillo sobre cómo “se roban la tierra en Colombia9, donde explica cómo se desarrolla un proceso de acaparamiento de las tierras por parte del capital nacional e internacional, fenómeno que hace parte de la fiebre por la tierra (FMI, BM), que en nuestro país pone la mira en la Altillanura, la Orinoquía y la Amazonía, persigue su acaparamiento para el agronegocio, la especulación y la ganadería extensiva; y, lo más grave, cuenta con la participación, complicidad y corrupción de los gobiernos locales y el central, en representación del Estado.  Casos como el de Poligrow (capital italiano y español) en área de Mapiripán, Mónica Semilla (Brasil), Cargill (USA), Riopaila Castilla (Carlos Urrutia), Corficolombiana (Sarmiento Angulo), Bioenergy con Ecopetrol, son un claro ejemplo de la implementación, desde el Estado, de un modelo de desarrollo concentrador, afín a los intereses del capital nacional e internacional, en donde participa la mafia (terrenos para la producción de droga y lavado de capitales), violento, usurpador de tierras y de los derechos de las poblaciones, causante de despojo.

Toda esta situación de apropiación por desposesión, en nuestra geografía de la guerra, no es posible sin la utilización de la violencia, como bien lo expresa el Senador Iván Cepeda Castro: “La violencia se ha convertido en el modelo básico de control social y de control geopolítico. La violencia tiene una economía política que le es propia, y un imaginario social que la justifica”10. Se explica así la continuidad del asesinato de líderes sociales y el desplazamiento de poblaciones y comunidades enteras, tanto por la acción de militares –como es el caso actual del Catatumbo y Toribío- como por paramilitares, situación que amenaza la supervivencia de muchas de nuestras etnias. El avance de esta situación se encuentra explicado por el fenómeno de la parapolítica como consolidación del proyecto de cooptación del Estado colombiano, desde la periferia hacia el nivel central, con una clara intención de su reconfiguración. Ejemplo de ello fue el famoso “Pacto de Ralito”.  Se entiende por Reconfiguración Cooptada del Estado RCdE:

“La acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social”11.

Ese es el proyecto del uribato y de sus partidos afines, proyecto muy avanzado pero que, afortunadamente, no se ha podido culminar por la acción valerosa de las grandes cortes: La Corte Constitucional evitó su segunda reelección y La Corte Suprema de Justicia CSJ, en la época de su presidencia, condenó a muchos de sus congresistas; y en la actualidad, tiene al propio Álvaro Uribe Vélez en detención domiciliaria.  Esta es la situación a la que hoy nos enfrentamos, siendo la causa de las salidas en falso del sub presidente Duque quien, irrespetando la Constitución Nacional y la independencia de los poderes públicos, ha salido varias veces en declaraciones por los medios masivos de comunicación atacando el fallo de la CSJ, así como muchos de los miembros del gobierno, de funcionarios del Estado en diferentes puestos públicos, de los diferentes gremios y periodistas aliados, quienes han salido a defender a su “presidente eterno”.  La verdadera intención de todo el uribato, ante la detención de su jefe, de “reformar la justicia” -llámese las grandes cortes, para reemplazarlas por una sola-, es como represalia debido a que éstas han sido –en general- una de las pocas parcelas del Estado colombiano que han escapado de su dominio y se han interpuesto en su finalidad de reconfiguración, salvaguardando nuestro Estado de Derecho.

Esta es la razón por la cual todos los actores sociales conscientes, los movimientos sociales, las ciudadanías libres, los partidos de oposición, los demócratas, debemos rodear y respaldar a la Corte Suprema de Justicia y rechazar las injerencias al proceso por parte del uribato; además, debemos unirnos para derrotar su modelo de desarrollo impuesto a través de la violencia y su intención de reconfiguración del Estado.

¡Porque es posible una Colombia equitativa, justa y solidaria para todos nosotros; por otro modelo de desarrollo, no a la guerra y sí a la paz!

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1 Garay LJ y Espitia JE. Dinámica de las desigualdades en Colombia. Desdeabajo. 2019. Pág. 203.

2 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-es-el-pais-con-mas-desplazados-internos-informe-acnur-378716#:~:text=Con%20un%20acumulado%20de%207,41%2C3%20millones%20de%20victimas.

3 http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista3/2didimarico.pdf

4 Mora Insuasty, Socorro. La Ley de Justicia y Paz en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 2008, págs. 18-20.

5 https://colombiaplural.com/la-doctrina-siniestra/

6 Rico D. El paramilitarismo y resultados de los procesos de justicia y paz. Criterio Jurídico Garantista. Año 2 Nro3. Julio-diciembre 2010. Pág. 46.

7 https://www.youtube.com/watch?v=JTERFr6PZjA

8 http://www.archivochile.com/Imperialismo/otros_doc/USotrosdoc0004.pdf

9 https://www.youtube.com/watch?v=aJdJfeS2bg4

10 https://cuartodehora.com/2020/08/10/sobre-el-crimen-de-genocidio-en-colombia/

11 Garay LJ, Salcedo E, Isaac de León B y Guerrero B. La Captura y Reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia. 2008. Pág. 96.

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia