Ley de Residencias Médicas implementada a medias. No se define lo de las matrículas

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico German Enrique Reyes Forero
Presidente de ASMEDAS Antioquia

El Gobierno nacional acaba de anunciar el pago a los Residentes del país de acuerdo a la ley. Yo quiero hacer un breve recuento y recordarle al país, a los estudiantes de medicina y a los especialistas de dónde surge la Ley del residente:

Esta ley surge desde la sociedad civil y principalmente desde la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR, y algunos parlamentarios la acogieron. Y fue durante el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, siendo ministro el doctor Alejandro Gaviria, cuando deciden presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para crear la Ley del Residente, dado que en el país se necesitan indiscutiblemente estos profesionales y además porque Colombia es el único país del mundo en donde los que se llaman residentes no reciben ninguna remuneración, no tienen seguridad social ni tienen protección de ninguna clase.

Después del debate en el Congreso de la República, de múltiples intervenciones y modificaciones, en los cuales la Asociación Médica ASMEDAS estuvo apoyando el proyecto, resulta la Ley 1917 de 2018, firmada por el presidente del Congreso el 12 de julio de 2018, y apenas hoy se está hablando de su implementación.

La ley tiene dos componentes esenciales: Primero, se crea la institucionalidad del Residente en el país. Segundo, se determina que el Residente es un trabajador, que es un médico graduado que está haciendo una especialización en una universidad pública o privada y que, a la vez, ejecuta un trabajo en una institución prestadora de servicios de salud, también pública o privada, y para lo cual no recibe ninguna remuneración.

Esta ley crea un fondo especial para apoyar financieramente a 5 mil residentes en el país que cursan alguna especialización clínico quirúrgica en diferentes universidades del país públicas y privadas. La ley ordena que a esas personas se les remunere con una suma equivalente a tres salarios mínimos, y los recursos se provean de diferentes fuentes, básicamente de recursos del presupuesto nacional, no recursos ni de las universidades ni recursos de las instituciones prestadoras de servicios de salud; esto es muy importante aclararlo. Pero, además, es fundamental aclarar que esos médicos en aprendizaje van a tener seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales, esto es supremamente importante.

Esta es la primera parte de la ley. La segunda parte de la ley tiene que ver con las matrículas. Hoy, las matrículas en las universidades públicas y privadas, con algunas excepciones como la Universidad de Antioquia -en donde los residentes de Medicina no pagan matrículas-, se cobran matrículas de forma exagerada, hasta por 30, 40 y 50 millones de pesos al año, para poder hacer una especialización de tres años, bien sea en Cirugía, Neurocirugía, Ortopedia, Pediatría u otra especialización… Esto quiere decir que muy pocas personas, y de una calidad distinta a la que nosotros creemos que debe llegar a la Universidad, tienen posibilidad de acceder a una especialización y a una residencia, a no ser que su familia, sus padres o los bancos decidan endeudarse. Esta es otra conquista de la ley, por la que prácticamente los nuevos residentes no tendrán que pagar esas matrículas tan altas sino solamente los gastos administrativos de la correspondiente universidad en la formación de la especialización. Esta es la parte más controvertible de la ley sobre la cual muchas universidades privadas se oponen, obviamente porque muchas de ellas reciben grandes cantidades de dinero con matrículas tan costosas.

Al Ministerio de Educación le correspondía reglamentar este aspecto de las matrículas; y hoy, después de más de dos años de aprobada la ley, no lo ha hecho. Hoy se cuenta con el dinero para pagarles a los Residentes el salario y la seguridad social, pero el tema de las matrículas está por resolverse. O sea, la ley se empieza a cumplir parcialmente. Y es que los costos exorbitantes de las matrículas impiden que cualquier estudiante pueda acceder a la matricula en condiciones de igualdad, como debería cumplirse en una verdadera democracias y en un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

 

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