Tomado de: www.sur.org.co
Por: Pedro Santana Rodríguez (foto)
Director Revista Sur
Como era de esperar, con la flexibilización de la cuarentena rígida que se implementó en todo el territorio nacional desde el 24 de marzo hasta el 27 de abril, en que se permitió la reactivación de las actividades ligadas a la construcción y a la industria manufacturera que permitió que unos 7.5 millones de trabajadores regresaran a las actividades productivas, se incrementó el nivel de contagio principalmente en las grandes ciudades que es donde se localizan estas actividades. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud, al 14 de abril se presentaban 2.979 casos diagnosticados de Covid-19, al 14 de mayo eran 13.610 casos y al 17 de junio ya vamos en 57.046 casos diagnosticados.
Los efectos de la flexibilización que se reforzó con nuevas medidas de reactivación económica que permitió el reinicio de actividades en 43 sectores económicos a partir del 1 de junio, la velocidad del contagió se incrementó a las cifras mencionadas. Con un agravante con la sola excepción de Bogotá y su región próxima en donde se viene adelantando un testeo aleatorio que arrojará realmente mejores cifras sobre la expansión del virus cobijando a un buen número de portadores asintomáticos, en el resto del país tales muestreos y testeos no se vienen realizando. Lo que se está haciendo es ubicar, para controlar y aislar, a los portadores sintomáticos del virus con un seguimiento y confinamiento de su entorno más inmediato. Vamos detrás del virus. Por ello se calcula que realmente el nivel del contagió puede ser tres veces superior, es decir, que hoy tendríamos una cifra de unos 150 mil portadores sintomáticos y asintomáticos.
La pandemia nos llega en medio de una debilidad manifiesta del sistema de salud que no puede ser reducida a la baja capacidad de camas de cuidados intensivos, UCI, para tratar a los pacientes más graves que requieren de ventilación mecánica; la debilidad está relacionada con la baja cantidad de médicos intensivistas existente en el país, con las precarias condiciones laborales de todo el personal sanitario contratado mayoritariamente por órdenes de prestación de servicios, OPS, sin prestaciones sociales, vacaciones y a quienes en muchas regiones del país les deben hasta seis meses de salarios; así mismo, ya en el manejo de la pandemia, el personal sanitario no cuenta aún hoy con los elementos de bioseguridad adecuados pese a llevar ya tres meses lidiando con enfermos contagiados con el Covid-19, que ha llevado a la muerte de 11 médicos y tres trabajadores sanitarios y un alto nivel de contagio para este personal que actúa en la primera línea de atención a los enfermos.
Claro que la crisis se manifiesta también en la insuficiente cantidad de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, que en algunas regiones está ya en el límite en pleno ascenso de la llamada curva que mide el contagio. La situación es crítica en el Departamento del Atlántico y su ciudad capital Barranquilla, en donde la tasa de ocupación de estas unidades ha llegado al 95% frente a lo cual se ha dispuesto el envío de 49 ventiladores para aumentar la capacidad instalada de UCIs para atender a la demanda creciente por la rápida expansión del virus; también, aunque menos dramática, es la situación de Cali y el corredor pacífico Colombiano, Tumaco y Buenaventura, donde la tasa de ocupación está por encima del 80%. En 10 departamentos del país al día de hoy la tasa de ocupación está por encima del 65% de las UCIs.
Culpando a los médicos y a la población
En medio del ascenso de las cifras el Instituto Nacional de Salud, INS, entidad que es la cabeza del seguimiento del virus, se pretende responsabilizar a los ciudadanos por su suerte sin detenerse a examinar que el creciente número de casos corresponde principalmente a las políticas públicas puestas en marcha para controlar la expansión del virus. Este crecimiento tiene que ver con las medidas de flexibilización de la cuarentena y con la apertura de cada vez más actividades económicas que lleva a millones de personas a las calles, a los sitios de trabajo, medidas que no permiten mantener niveles adecuados de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas y demás medidas preventivas, así como al uso de medios de transporte masivo que se convierten en lugares que propician el contagio.
“Si cada colombiano no toma en serio las medidas, habrá más contagiados y más muertos” así tituló el boletín de prensa de este 15 de junio el INS, agregando que “La aceleración generalizada de contagios en todo el país, con el aumento de hospitalizados y fallecidos, es motivo para hacer un llamado urgente a los colombianos por parte del Instituto Nacional de Salud. Su directora Martha Lucía Ospina instó a tomar con seriedad las medidas de control desde el comportamiento personal.
Sin responsabilidad individual, sin autogobierno, sin una actitud seria frente a los riesgos que como sociedad podemos enfrentar, si seguimos con una trasmisión acelerada del virus, será muy difícil mantener la capacidad de identificar y aislar los casos y sus contactos, de manera que crecerán incontroladamente los casos y dentro de ellos los que requieren hospitalización y los que mueran”.
No se puede dar como explicación principal para el ascenso del contagio el relajamiento de las medidas de autoprotección; éstas, no se puede negar, son importantes, pero no son la principal causa de este ascenso. La principal causa tiene que ver con las políticas puestas en marcha desde el gobierno nacional que ahora no puede eludir su responsabilidad. A esta situación hemos llegado, en primer término, por la debilidad de las políticas de atención social para garantizar a los millones de colombianos que no tienen un ingreso seguro que dichas políticas garantizarían ingresos básicos para alimentación, arriendos y servicios públicos para esos millones de trabajadores informales que son, según el DANE, el 48% del total de la fuerza laboral y que otros centros de investigación cifran en el 62%; sin esos ingresos, la cuarentena no podría sostenerse. O se ponían en marcha políticas más robustas o el hambre empujaría a la protesta o a la violación de la cuarentena pues la gente no se iba a dejar morir de hambre así el miedo y el temor a contagiarse sea grande.
Esto lo entendieron mejor que nadie Duque y su equipo de gobierno, que para no aprobar medidas adecuadas como la de la renta básica de emergencia que implica invertir un 2.3% del Producto Interno Bruto, PIB, para sostener este ingreso por tres meses para cerca de 30 millones de personas que lo necesitan; como no estaban dispuestos a este gasto, se apresuraron a levantar gradualmente la cuarentena y en eso siguen, aún a costa de que la pandemia ascienda, ese es el riesgo que asumieron y con ello aumentan el riesgo y la exposición de la población trabajadora al contagio y a la muerte. Eso es lo que advierte el INS, solo que no responsabiliza a la política pública sino a los ciudadanos. Vaya manera de analizar la realidad.
Las propias cifras del gobierno nos muestran que las políticas de atención y de asistencia social son realmente minimalistas y miserabilistas como lo hemos demostrando desde hace ya meses en reciente balance, para tratar de mostrar que el gobierno de Duque ha invertido para el tratamiento de la pandemia cerca del 11% del PIB, que estaría muy cerca a lo que otros Estados de la región han invertido como el caso de Perú o Chile; pero cuando se examinan las cifras que ellos mismos muestran, nos dan completamente la razón a quienes hemos criticado que esas medidas son insuficientes y muy bajas en comparación ya no con Europa o los propios Estados Unidos, sino con otros Estados de la región.
Según el gobierno, para manejar la pandemia se ha dispuesto de un total de 117.17 billones de pesos que corresponde al 11,04% del Producto Interno Bruto, PIB. Cuando se desagregan las cifras se ve claramente que de esa cifra para brindar garantías de crédito a las empresas se ha dispuesto de una suma de 60.2 billones y para garantizar liquidez el Banco de la República ha entregado a la banca mayoritariamente privada 23.0 billones o sea, que más del 70% de los recursos se han puesto disposición del sector financiero y solo se ha dispuesto del 2,33% del PIB para atender a través del Fondo de Atención a la Emergencia, FOME, a la población más necesitada. Queda claro que el gobierno, con ese mísero 2,3% del PIB, no podría garantizar unas mínimas condiciones para prolongar la cuarentena que los especialistas recomendaban. Y ahora pretenden responsabilizar a la población de bajos ingresos y a los trabajadores, que no contaron con las ayudas necesarias e indispensables para mantener el llamado aislamiento social, del crecimiento y de la propagación del virus. ¡Qué cinismo!
Por ello hay que apoyar, desde las movilizaciones que se están haciendo en las calles así como desde las redes sociales, el proyecto de ley que se discutirá este viernes en la Comisión Tercera del Senado de la República para que se apruebe la renta básica de emergencia por tres meses que permita que realmente se pueda hacer frente a la pandemia, si como todo indica habría que volver a formas más estrictas de confinamiento para proteger la vida de la población y principalmente la vida de los trabajadores que son hoy los más expuestos a contraer la enfermedad. Hay que movilizarse para derrotar el minimalismo de las políticas de Duque para enfrentar la pandemia.
Finalmente, frente al ascenso del virus se busca otro chivo expiatorio. Las tendencias fascistas, además de echar en los hombros de la población, sobre todo pobre, la responsabilidad por el crecimiento del contagio, ahora también pretenden que cabe responsabilidad a los médicos por los muertos y por el crecimiento de las tasas de contagio. Las amenazas como las que sufrió la semana pasada el médico Julián Buelvas en Soledad Atlántico o el panfleto que circuló esta semana en el Putumayo atribuido a las disidencias de las FARC y en el que profieren amenazas contra el personal sanitario, deben ser rechazadas. Se busca, en vez de examinar las políticas públicas y sus limitaciones, chivos expiatorios, generar miedo y terror y responsabilizar a quienes, por el contrario, están en la primera línea de combate contra el letal virus como es el personal sanitario. Hay que decir, por el contrario, que los médicos y el personal sanitario son las primeras víctimas del privatizado y precario sistema de salud impuesto desde el año de 1993 por la Ley 100. Es allí donde nace la terciarización laboral, la precarización y la falta de derechos de los trabajadores de la salud, comenzando por el personal médico.
Tomado de: www.sur.org.co
