Viernes, 4 de Diciembre de 2020
ASMEDAS Antioquia

Gremios médicos piden a Gobierno nacional cambios estructurales en el sistema de salud

junio 8, 2020 2:52 pm



Bogotá, 8 de junio de 2020

 

Señor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
E. S. D.

 

Respetado señor Presidente:

Para Usted no es secreto la trascendencia individual y colectiva de la salud en todo ser humano, como lo demuestra el hecho de dirigirse al país diariamente durante una hora, desde que fue declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) la pandemia a causa de la enfermedad denominada COVID-19, producida por el nuevo Coranovirus. En la difícil y excepcional situación que ella ha generado, es imprescindible que dejen de privilegiarse los intereses que no busquen el bienestar y la felicidad de los seres humanos, inclusive los económicos cuando no cumplen con tal propósito y sólo benefician a unos pocos.

Debido a las características y al poco conocimiento de la ciencia sobre el comportamiento del nuevo Coronavirus y la COVID-19, usted ha tenido que profundizar en el tema de salud y valorar cuál sería su trascendencia en caso de no actuar oportunamente, desde que la pandemia apareció en nuestro país. Entendió la importancia de dirigirse a diario a la población para suministrarle la información sobre lo que otros países ya han vivido y lo observado en el nuestro. Además, comprobó que las políticas públicas de las últimas décadas relegaron la salud a lugares secundarios en la asignación de recursos en casi todos los países del mundo y que se ha evidenciado en todo el planeta la incapacidad del sector privado para resolver la situación pues, como se ha visto, se recurrió al Estado para que asumiera efectivamente su responsabilidad en ese sentido. Así, se ha demostrado de nuevo que, por no ser su finalidad, el sector privado no tiene ni el interés ni la capacidad suficientes para resolver estos problemas. Por otra parte, también se ha demostrado una vez mas que es el Estado quien interviene en la solución de los problemas sociales puesto que, por carecer de ánimo de lucro, estas intervenciones no dan dividendos financieros sino sociales.

Señor presidente: consideramos que este es el momento de variar el rumbo en materia de salud. Le proponemos hacer los cambios estructurales necesarios para que nuestro país, declarado constitucionalmente como un “Estado Social de Derecho”, les garantice a todos los colombianos el real y oportuno acceso al DERECHO A LA SALUD, como lo establece la Ley Estatutaria de Salud, 1751 de 2.015.

Tenemos un sistema de salud privatizado, que con la Ley 100/93 convirtió la enfermedad y la vida misma en mercancías al someterlas a las leyes del mercado, logrando así una altísima rentabilidad financiera. A partir de 1993, los gobiernos de turno han visto cómo el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ha contribuido de forma importante al crecimiento del PIB, pero muy especialmente a que los negocios del aseguramiento en salud y la industria farmacéutica obtengan ingentes ganancias al tiempo que cierran deliberadamente sus ojos ante el hecho de que también aportan al crecimiento de enfermedades y muertes prevenibles.

Fue necesaria la pandemia para que todos los países del mundo o, mejor, las sociedades que los conforman, entendieran que la visión individualista y el insaciable deseo de acumulación de riqueza de nada sirven si no logran ni garantizan a todas las personas el mejor estado de salud posible. La pandemia le hizo entender a gran parte de la humanidad que todos somos susceptibles de adquirir la enfermedad a pesar de la riqueza, el poder y la clase social de cada individuo afectado.

En esta experiencia mundial, los médicos y todos los demás profesionales y trabajadores de la salud que enfrentamos el problema directamente, somos el sector social consciente de que nuestra opción, por vocación y decisión autónoma, es mantener y mejorar las condiciones que salvaguarden la vida de otras personas y les garantice altos niveles saludables a ellas, a las familias y a las comunidades. Por eso, todos los días alrededor del mundo, las gentes nos manifiestan su gratitud con aplausos desde los balcones de sus viviendas cuando cae la tarde, lo cual, además de nuestra indeclinable vocación de servicio y amor a nuestra profesión, ha sido, hasta hoy, el único incentivo real para seguir trabajando.

Para que el tratamiento de la enfermedad sea un negocio altamente rentable, el modelo comercial, establecido por la Ley 100 de 1.993, trabaja tres estrategias que garantizan la apropiación de una parte muy importante de los recursos del sistema: una es la afectación del trabajo de los médicos, demás profesionales y trabajadores de la salud para minimizar costos de funcionamiento mediante la deslaborización del ejercicio profesional y la imposición de remuneraciones ridículas, acompañadas de inestabilidad y precarización; la segunda es la restricción, postergación y negación de servicios. Con ellas se ha logrado menor gasto en dinero para mayor acumulación de riqueza en el menor tiempo posible. Y una tercera estrategia consistente en los recobros descontrolados de las tecnologías y dispositivos médicos, recobros hoy desaparecidos y transformados mediante artilugios financieros en proyecciones a futuro de los costos de los mismos; es decir, igual pero distinto.

Ante esto y preocupados por la situación de las personas a quienes se les niega el pleno disfrute del derecho a la salud, nos congregamos en la Junta Médica Nacional y logramos que el entonces Presidente de la República, el Congreso y la Corte Constitucional, apoyaran la propuesta de hacerle una modificación radical, real y eficaz al Modelo de la ley 100 y establecer un marco constitucional y legal para garantizar el goce efectivo del Derecho a la Salud de todos los habitantes del territorio nacional. Desafortunadamente, a pesar de que juran defender la Constitución y las leyes, los gobernantes omiten su obligación de hacer cumplir este derecho constitucional, fundamental, autónomo y humano y, mediante normas de tipo resoluciones y decretos e invocando a la mismísima Ley 1751 de 2.015, la limitan, hacen caso omiso de su mandato legal y no la cumplen ni la hacen cumplir.

Señor presidente, ante esta situación, en nombre de los médicos del país representados en la Junta Médica Nacional, queremos manifestarle que hemos esperado con paciencia un mejor tratamiento de parte de los actores del Sistema, quienes se mantienen más expectantes por los resultados financieros de sus empresas que por la salud de la población y menos aún por permitir dignas condiciones de vida y de trabajo a todo el personal sanitario. Ha de saber Usted que no hay para nosotros estabilidad laboral ni garantía, seguridad y protección adecuadas ni suficientes y son nulos los estímulos que recibimos por y para nuestro buen desempeño, desarrollo profesional y personal, a pesar de que somos nosotros quienes, con nuestro trabajo, ayudamos a mantener y mejorar el nivel de vida de la población colombiana.

Así las cosas, nuestra situación laboral ha involucionado hacia la precarización, muy en contra del Artículo 18º de la ley Estatutaria de Salud, que reza: “Respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales, justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”.

Situaciones que se evidencian también en la estigmatización que sufre el personal de la salud, especialmente los médicos, en los medios de comunicación, como la denuncia hecha por Erika Fontalvo en el diario El Heraldo o los recientes hechos ocurridos en Cartagena, en San Andrés Islas y en Silvania, Cundinamarca, entre otras regiones del país. A esto se adicionan los incontables insultos, golpes, agresiones y hasta amenazas con armas de fuego que ponen en riesgo la integridad personal y la salud mental nuestra, pero sobre todo, la de nuestras familias.

A pesar de su esfuerzo de todos los días a las 6 de la tarde, Señor Presidente, le reiteramos que, de forma continua y creciente, padecemos una enorme discriminación social que se expresa desde negársenos servicios cotidianos como el transporte o la entrada a supermercados, pasando por daños a nuestros bienes, insultos en las calles, algunas veces acompañados de amenazas de muerte, en los barrios donde residimos y en las mismas instituciones de salud. Atacar a la misión médica es un acto criminal y una clara violación de los derechos humanos. ¿En qué momento los médicos, enfermeras y demás personal de la salud nos convertimos en los villanos de esta historia? Ayuda a que haya este tipo de reacciones en el común de las gentes, el hecho de que es el propio gobierno nacional quien pone públicamente en duda nuestra autonomía e integridad profesionales, cuando lo que hacemos es laborar en las líneas de fuego de clínicas y hospitales. Rechazamos, por ligeros e irresponsables, los pronunciamientos que no discriminan ni identifican ni denuncian a los verdaderos autores y causantes de esas iniquidades.

Por otra parte, la forma corriente e ilegal de vinculación que utilizan los empleadores, conocida como OPS (ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS), no ofrece ninguna garantía laboral ni prestacional, con una asignación económica que cada institución o directivo establece a su antojo en el momento de la contratación pero, además, imponiendo extenuantes jornadas laborales.

No existe ninguna escala salarial en los niveles institucional, de redes y, menos aún, de territorios. Por ello, Señor Presidente, es indispensable que decrete y establezca la planta de personal única, de nivel nacional y de carácter temporal.

A pesar de que conformamos la primera línea de atención a los enfermos, la gran mayoría continuamos sin tener la mínima dotación básica de elementos de protección personal (EPP) contra el COVID-19, situación que nos deja en el más alto riesgo de contagio y enfermedad ante la pandemia y sin apoyo real de las autoridades de salud y de trabajo en los ámbitos nacional y territorial. A la fecha de hoy, 8 de junio de 2020, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia van 1198 casos de contagio en el personal de salud con 12 fallecidos.

Por lo tanto, además de sus intervenciones verbales, requerimos decisiones que efectivamente resuelvan correcta y acertadamente estas penosas y angustiosas realidades para los médicos y demás profesionales y trabajadores de la salud, de tal manera que nuestros sacrificios y esfuerzos valgan esa pena. Debe establecerse un plan que le permita al país resolver tales incertidumbres y disipar estas preocupaciones para que, entre todos y en consenso, podamos diseñar y construir una política verdaderamente útil y comprometida para afrontar la postpandemia, que obligatoriamente tendremos que manejar. Una política mancomunada y sin resentimientos que, con la menor cantidad posible de pérdida de vidas humanas, nos permita unirnos para reconstruir el país y brindarle un bienestar individual y colectivo a nuestros compatriotas.

Si llegase a ser posible que, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado en esta carta, Usted, señor presidente, reorientase las políticas en salud, esperaríamos éxito en el manejo de esta emergencia, teniendo su gobierno la certeza de que puede contar con nosotros, quienes queremos dar, como ya lo hemos hecho, lo mejor de cada uno para Colombia y los colombianos.

Como médicos sabemos lo importante que es la salud para cada uno y para todos, pero hemos tenido que aprender a las malas lo frágil que es la vida misma. Por eso, estamos en la obligación de pensar desde ya en cómo protegernos hacia el futuro.

Quedamos a la espera de su respuesta y sus decisiones que, esperamos contemplen los cambios estructurales en el sistema de salud necesarios para beneficio de todo el país y continuamos comprometidos y dispuestos a acompañarlo y asesorarlo en materia sanitaria y médica, como ya se lo dijimos desde el 16 de marzo de este año.

Respetuosamente,

 

Dr. PEDRO CONTRERAS RIVERA
Presidente Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS)

Dra. JULIANA MORENO
Presidente Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR)

Dra. ALEJANDRA GÓMEZ GÓMEZ
Presidenta Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME)

Dr. ROBERTO BAQUERO HABERLIM
Presidente Colegio Médico Colombiano (CMC)

Dr. SERGIO ISAZA VILLA
Presidente Federación Médica Colombiana (FMC)

Organizaciones Miembros de la JUNTA MÉDICA NACIONAL

Copias: Ministro de Salud y Protección Social, Ministro del Trabajo, Procurador General, Contralor General, Defensoría del Pueblo, Superintendente Nacional de Salud

 

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