El Fiscal del caso decidirá más adelante, de acuerdo con la investigación, si lo llama a juicio
Tomado de: www.eltiempo.com
En la mañana de este viernes, a través de un comunicado, la Fiscalía General confirmó que se emitió orden de captura contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005.
El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que «la decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia».
Como la investigación hace parte del antiguo sistema, la situación jurídica la resuelve el Fiscal del caso, quien en esta oportunidad decidió la captura de Gaviria, mientras sigue investigando, y después determina si lo llama a juicio.
En concreto se le investiga por el contrato para la ampliación de la troncal de la paz firmado en 2005 por 41 mil millones de pesos. Para la Fiscalía el gobernador era el ordenador del gasto y aunque hubiera delegado la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma.
El 16 de abril, Gaviria, fue escuchado en indagatoria por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por contratos durante su paso por la gobernación de Antioquia -entre el 2004 al 2007.
Señaló el jefe del ente acusador que con base en los elementos recopilados en el proceso, se puede señalar que Gaviria «incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros».
Los contratos que enredan al Gobernador
Barbosa indicó que el fiscal del proceso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.
«Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia», dijo el Fiscal.
De igual forma, señaló el jefe del ente acusador que se «constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos».
Puntualizó Barbosa que la investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.
«Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia)», afirmó el Fiscal General.
La indagatoria se desarrolló de manera virtual, atendiendo los protocolos por la emergencia sanitaria que ha originado el coronavirus.
«Con total serenidad entregaré en la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad. Ya la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”, aseguró el Gobernador en su momento al ser notificado de la diligencia.
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