Domingo, 25 de Octubre de 2020
ASMEDAS Antioquia

Contrato Sindical y COVID19 aceleran Regresividad(1) en Riesgos Laborales en Colombia

mayo 24, 2020 1:54 pm



Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

Por: Médico Néstor Aldemar Morales Betancur (foto)
Integrante Junta Directiva de ASMEDAS Antioquia

El Derecho fundamental a la seguridad social y a la protección en riesgos laborales2, es una conquista humana de la modernidad, que surge en Europa en el siglo XIX en respuesta a afectaciones que trajo la industrialización, siendo el Estado responsable y garante de la salud de los ciudadanos, como lo destaca Álvaro Cardona: En Francia en 1841 se aprobó una ley que regulaba el trabajo de los niños en las fábricas, que es considerada como la primera pieza de legislación laboral en la historia de Francia. El Estado inglés expide la «Nueva Ley de Pobres» en 1834 y la primera «Ley de Salud Pública» en 1848, luego Bismark en Alemania expide las primeras Leyes de seguridad social entre 1883 y 1889, Ley Orgánica del Seguro-Enfermedad (seguro de vejez e invalidez)3. En Colombia ese Derecho se hace nugatorio para el personal sanitario, en especial para los médicos. A medida que avanza la pandemia del COVID19, es lamentable que haya muertes prevenibles4, previsibles y progresivas, que causan impotencia y dolor, de médicos enfermeras, terapeutas, camilleros, aseadores, sacrificados con hipocresía5, por falta de elementos de protección personal, que son negados por empleadores, por el sistema y por el gobierno de turno, de manera ilegal e indolente6.

La obligatoriedad de la protección del trabajador es clara en nuestro ordenamiento jurídico, en el sistema general de riesgos laborales7, la cual corresponde principalmente al empleador8, pero también, como mandato constitucional, de manera solidaria9, a las administradoras de riesgos laborales, al Estado y a la sociedad en general.

La falta de elementos de bioseguridad para la protección del riesgo biológico del virus COVID19, quedó demostrada con la encuesta “Condiciones de Bioseguridad y ruta de atención de pandemia SARS COV2-COVID19” realizada por la Federación Médica Colombiana (FMC), y el Colegio Médico Colombiano (CMC) a 283 médicos y 660 trabajadores de la salud, entre el 21 de marzo y el 3 de abril de 202010, la cual devela niveles de desprotección bastante elevados y refleja la profunda crisis, histórica e insostenible, que arrastra el modelo de salud y de seguridad social integral, convertido en una mercancía transable, desde la implementación de la Ley 100 de 1993.

Ha habido desidia para garantizar la bioseguridad, que en el fondo se explica por la misma lógica del modelo de salud mercantilista, donde lo que más importa es la maximización de las ganancias del negocio, que le traslada el riesgo al trabajador, la parte más débil, que se ve obligado a comprar con sobrecosto, principalmente batas, delantales, mascarillas y gafas de su propio bolsillo, para poder garantizar su propia protección personal.

El personal sanitario, arriesga su vida por cuidar la de los demás, de manera generosa y solidaria, para enfrentar la batalla contra la pandemia de SAR-Cov2, que deja al desnudo la vulnerabilidad del ser humano frente a la enfermedad COVID19, altamente contagiosa, con potencialidad de colapsar los sistemas de salud en las grandes ciudades, con letalidad leve, pero mortalidad elevada en varias ciudades del mundo11.

Ese drama, esa tragedia del gremio de enfrentar la incertidumbre y la muerte sin bioprotección, en un contexto carencial y de corrupción, se exacerba por estar sometidos históricamente a trabajos indignos, por ello encajan perfecto, en esa nueva categoría, que se ha denominado el “precariado”, de Guy Stading (2013)12, lo cual está dado por la pérdida real y progresiva del poder adquisitivo en las últimas tres décadas, por no contar con la garantía de los elementos de protección personal, por no contar con las condiciones mínimas laborales de higiene laboral, gestión de la prevención y mitigación de los múltiples riesgos laborales, como el biológico ahora de máxima alerta, como el biomecánico, como el público y el psicosocial, que cobra mayor relevancia en esta crisis, por la exposición a altos niveles de estrés, ansiedad, angustia, frustración y dolor en jornadas extenuantes, sin un descanso adecuado, por el incremento del riesgo público, a raíz de los malos tratos y la violencia social asociada al miedo de la gente al contagio, por la deslaboralización, sin que medie un contrato de trabajo decente, sin que haya una remuneración adecuada, donde ha proliferado los contratos “basura” sin las prestaciones legales que exige la ley; en otras palabras por estar sometido a formas de tercerización ilegal como ocurre con contratos por orden de prestación de servicios y con el “contrato sindical” casi siempre en oficio misional, bajo evidente subordinación patronal.

Para responder al reto de la pandemia del COVID19, Medellín cuenta con la clínica León XIII que actualmente aporta un importante número de camas de unidad de cuidados intensivos (UCI), infraestructura y valioso recursos humano, pero allí persiste el estigma de crisis financiera y corrupción13. Además, la Junta Directiva de la IPS Universitaria, bajo la tutela del Consejo Superior Universitario, de la Universidad de Antioquia, la ha administrado, tolerando la tercerización ilegal, desde que asumió funciones en marzo de 2007, vulnerando los Derechos Fundamentales de los trabajadores, a pesar de las denuncias, inicialmente a través de cooperativas de trabajo asociado (CTA) y luego desde 2010 mediante contratos sindicales, a raíz de la prohibición por ley del uso de cooperativas14; y es por eso que actualmente afronta múltiples y cuantiosas demandas laborales de muchos extrabajadores sanitarios, lo cual pone en riesgo no sólo la sostenibilidad financiera de la IPS Universitaria, sino la de la misma Universidad, responsable solidaria de las indemnizaciones a que haya lugar. La IPS Universitaria es una empresa mixta (pública y privada), en la cual la Universidad de Antioquia tiene más del 98% 15, representado en un capital económico de gran magnitud y que en la práctica es usufructuado por particulares que están exentos del escrutinio de lo público, lejos de la auscultación de la contraloría, o de la procuraduría. En especial evade las estrictas normas transparencia y eficiencia de contratación pública, que rige a Instituciones Educativas Superiores.

La epidemia aún no llega a su pico y los médicos siguen sumando muertos a la nefasta lista. El malestar aumenta y las protestas del sector salud siguen, pero el problema es estructural y en gran parte tiene que ver con esa condición de precariado del personal sanitario y de explotación laboral a través de tercerización ilegal, que impide el goce efectivo de los Derechos y de la Seguridad Social, como lo muestra una investigación sobre el contrato sindical, titulada “El Contrato Sindical en Colombia Usos y Efectos de 2010 a 2019”16, realizada por el semillero de derecho laboral, en cabeza de la profesora María Rocío Bedoya, donde se llegó entre otras a las siguientes conclusiones:

Que a partir de 2010 y en el marco de una estrategia económica de flexibilidad laboral impulsada por el gobierno de turno y en reemplazo de las cooperativas de trabajo asociado a quienes se les prohibió hacer intermediación laboral en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por lo que se promovió el contrato sindical bajo el sofisma de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Que existe suficiente evidencia empírica del uso frecuente del contrato sindical en los últimos diez años, como instrumento de intermediación laboral ilegal mediante el cual se han creado muchos “sindicatos de papel” que intermedian a través de “dirigentes sindicales de papel” con el único propósito de actuar como bolsas de empleo que suministran mano de obra barata y relevan a los empresarios de sus responsabilidades como empleadores, afectando con ello a los trabajadores, con la pérdida de derechos laborales individuales como colectivos, y profundizando en la deconstrucción de la identidad obrera que se ha visto ahondada como efecto de la implementación de la fase neoliberal del modelo capitalista, cuestión que, teóricamente ha dado lugar al surgimiento de la nueva categoría del precariado que caracteriza al trabajador del siglo XXI, el cual no se siente parte de una clase social, ni enarbola las banderas de las luchas por sus derechos humanos en el trabajo, al tiempo que vive precarizado, fragmentado e inestable social, afectiva y laboralmente. Cuestión que crece si además de lo anterior, una organización sindical está atentando contra los derechos laborales de los trabajadores, en lugar, de reivindicarlos. Que los grandes ganadores con el uso creciente del contrato sindical son los empleadores que frecuentemente lo utilizan para enganchar trabajadores como mano de obra barata y precarizada, mediante una estrategia empresarial que les permite ahorrar costos laborales referidos al pago de salarios, prestaciones sociales, condiciones laborales en materias de seguridad y salud en el trabajo y aportes a la seguridad social. Y finalmente que de acuerdo con las bases de datos suministradas por el Ministerio del Trabajo, sólo entre 2013 y 2015 se celebraron en Colombia 5.635 contratos sindicales, lo que indica un crecimiento exponencial a lo largo y ancho de toda la geografía del país, siendo Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Huila los departamentos que más contratos suscribieron, de los cuales el 95% (5.353) se han efectuado en el sector público de la salud para la realización de actividades misionales o conexas, lo cual evidencia que es el mismo Estado el principal responsable de la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras vinculados mediante contrato sindical a quienes se les vulneran los derechos a: un salario mínimo vital y móvil, auxilio de transporte, vacaciones, prestaciones sociales, afiliación y % de pago de la seguridad social, pago de aportes parafiscales para SENA, cajas de compensación familiar e ICBF, licencias de maternidad, derecho de asociarse libremente a un sindicato, derecho de negociación colectiva y derecho a la huelga. Que esto ha significado un proceso de precarización de las condiciones cualitativas y cuantitativas del trabajo, donde los trabajadores intermediados ocupan los empleos formales de menor calidad (Botero et. al, 2014).

La investigación ha sido realizada en la línea de investigación: Derechos Sociales y Asuntos Públicas, adscrita al Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En la metodología se optó por un enfoque socio jurídico que marcaría el rumbo de las perspectivas ontológicas y epistemológicas a través de las cuales se construyó la metodología de investigación. En esa dirección, se combinó los enfoques de la sociología reflexiva para entender los efectos y los impactos psicosociales sobre los trabajadores y el estudio legal, de la evolución jurisprudencial para explorar los usos que se le viene dando al Contrato Sindical.

El método utilizado fue el cualitativo, el cual posibilita la comprensión del problema de investigación planteado desde la perspectiva de los actores implicados en el mismo. También se usó el método de investigación-acción participativa, el cual permitió un análisis crítico del tema objeto de investigación, con la participación activa de los actores implicados, que se orientó a estimular la práctica transformadora y el cambio social. La estrategia de investigación fue mixta, dado que se combinó la investigación documental con el estudio caso, mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas en Sintracontexa Leonisa, que se seleccionó en consideración a sus efectos nocivos sobre los trabajadores y sus formas organizativas; lo que configura un pluralismo metodológico propio de las ciencias sociales. (Coller, 2005).

La codificación hecha fue: Efectos trabajo decente y beneficios laborales. Efecto precariado. Contrato sindical. Efectos, libertad sindical. Usos, tercerización ilegal, intermediación, flexibilización, desregulación. Contexto, condiciones personales y beneficios. Las categorías definidas fueron: Derechos laborales individuales. Libertad sindical. Impactos psicosociales.

En la cuarta y última fase de la investigación, se realizará además, análisis estadísticos (cuantitativo-analítico), de los cuadros de turnos de los médicos que laboraron en el bloque 1 de hospitalización de la clínica León XIII, entre el año 2007 y el año 2016, que se vieron afectados con el contrato sindical, para caracterizar y explicar las asociaciones entre el perfil sociodemográfico con la frecuente sobrecarga laboral, puesto era usual laborar en promedio 140 horas mensuales y en ocasiones hasta 290 horas, por consiguiente con mínimas horas de descanso. Tampoco se descansaba los días reglamentarios por ley de vacaciones, que también se va a discriminar por año. Además, para caracterizar de manera discriminada el número de horas laboradas por cada semana y diferenciar las horas diurnas ordinarias, nocturnas, diurnas festivas y festivas nocturnas, dado que otra afectación importante e ilegal de contrato sindical, es el salario variable, según el número de horas laboradas al mes, que se liquida con una regla arbitraria, según la cual se paga sólo 2 valores de hora, el de la diurna y el de la nocturna, sin recargos ni festivos, ni nocturnos, ni por horas extras. Es evidente que en el sector salud, donde se trabaja por turnos cubriendo las 24 horas, esa forma de tasar el salario constituye una gran afectación económica, del poder adquisitivo y en especial de los aportes a la seguridad social, por tanto, del promedio del índice base de liquidación, que afecta subsidio por incapacidad temporal y derechos prestacionales económicos, como el promedio de la mesada pensional.

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1 En nuestro Estado Social de Derecho existe, de manera formal, el Principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, tales como el trabajo y la seguridad social. Así lo contempla el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificada por la ley 16 de 1972). ¡Hace parte del bloque de Constitucionalidad!!!

2 Sentencia T-164 de 2013: La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen la seguridad social, por un lado, como un derecho irrenunciable, y, por otro lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. En 1952, la OIT adoptó el Convenio 102 sobre la Seguridad Social.

3 El Estado en la Historia de La Salud Publica (1999). Álvaro Cardona. Profesor salubrista de la Facultad Nacional de Salud Pública.

4 Responsabilidad Civil y Penal del empleador (Instituciones Prestadoras de Servicios: IPS), que no proporcionan bioseguridad: Son responsables civilmente por culpa patronal, de indemnización plena de perjuicios (Código Sustantivo del Trabajo de 1950, Decreto Ley 2663, artículo 216 y 1604) y penalmente de homicidio culposo, por lesiones personales, del que se recupera con secuelas, violación de medidas sanitarias. O propagación de epidemia. (Ley 599 de 2000, Código penal, artículos 94 a 100, 109, 120, 368 y 369): Las sanciones incluyen pena pecuniaria y pena privativa de la libertad.

5 «La muerte del médico es lamentada con hipocresía»: Federación Médica (Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, afirmó que tiene rabia y mucho dolor, al advertir que la muerte del médico Carlos Nieto era prevenible): Periódico el Espectador 11 de abril de 2020. Ese fue el primer médico muerto, a 11 de mayo son 10, la lista va en aumento: Reportan la muerte de otros dos médicos por coronavirus (El ministerio de Salud confirmó la muerte de otros dos profesionales de la salud por cuenta del covid-19. Se trata de dos galenos que trabajaban en la ciudad de Cali): Periódico el Colombiano 15 de abril de 2020.

6 Encuesta revela que las ARL solo entregaron al 0.05% del personal de la Salud elementos de protección (La investigación fue realizada por los gremios médicos…El 46 % del personal de la salud ha tenido que comprar elementos de protección con su dinero): Periódico el Espectador 5 de mayo de 2020.

7 Obligación de empleador de protección en Riesgos Laborales: Decreto 1295 de 1994, artículos 21, 56 y 58. Decreto 614 de 1984, artículo 24. Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Riesgos Laborales/artículos 2.2.4.11.4, 2.2.4.11.5, 2.2.4.11.8 y 2.2.4.11.12): El incumplimiento del empleador de garantizar bioseguridad (EPP) y medidas preventivas a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acarrea responsabilidad administrativa y el Inspector(a) de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo podrá imponer sanciones como suspensión de actividades, cierres permanentes o multas de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Medidas de prevención y control: (Artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: (Artículo 2.2.4.6.24).

8 Obligación de empleador de proporcionar elementos de protección personal: Código Sustantivo del Trabajo de 1950 (Decreto Ley 2663), artículo 57; Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201).

9 Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia.

10 Epicrisis. Órgano de información del Colegio Médico Colombiano (CMC): sólo el 8% de los médicos generales (n=348) disponen de N95 en sus instituciones, y de la misma forma sólo el 20.4% de los anestesiólogos (n=167) y el 10.3% de los intensivistas(n=39).

11 Carlos José Jaramillo. Profesor jubilado Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia (cardiología/telemedicna). 13 mayo de 2020.

12 Standing, G. (2013). El precariado. Una nueva clase social. Barcelona.

13 La puja por la IPS Universitaria de la U. de A. Juan Diego Restrepo. Revista Semana. 17 de marzo de 2016. Corrupción de la IPS Universitaria fue denunciada en el primero y segundo CSU de 2016 por Juan Guillermo Londoño Posada: Representante del Sector Productivo, para lo cual propuso “un concurso de méritos con presentación de pliegos específicos para elegir la entidad idónea que ayude con su diagnóstico a tomar la mejor decisión respecto a la entidad.”

14 Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

15 Ibid.

16 Línea de investigación: Derechos Sociales y Asuntos Públicas, adscrita al Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

 

Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia

 

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