Tomado de: www.rionoticias.co
Por: José Ignacio Llinás Chica (foto)
Abogado – Columnista de Río Noticias
El primer caso en el mundo de coronavirus según investigaciones se presentó el 17 de noviembre en la provincia de Hubei. Para el 15 de diciembre el total de contagiados era de 27 y para el 30 de diciembre de 2019 el número de infectados era de 266, ya para entonces Zhang Jixian médico del hospital provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei advirtió a las autoridades que la enfermedad que aquejaba los pacientes era un nuevo coronavirus.
El primer caso de Covid-19 en Europa fue confirmado el 31 de enero de 2020 en España y el primer fallecido el 13 de febrero en Valencia; el avance de la enfermedad fue homogéneo: en Italia el 21 de febrero se confirmaron 16 casos en la región de Lombardía, para el 21 de febrero 60 casos adicionales y el 22 de febrero las primeras muertes en Roma.
Del otro lado del mundo, en el continente americano, la enfermedad no dio tregua el 21 de enero se registró la confirmación en los EEUU de un hombre de 30 años recién llegado de China, de allí en adelante un crecimiento exponencial ante la soberbia de Donald Trump, un Estado que no actuó a tiempo y un sistema de salud en manos de privados que a la fecha de este artículo lleva 23 mil fallecidos y más de 600 mil contagiados.
En América Latina el primer caso se presentó en Argentina, luego Brasil y el 29 de febrero nuestro afectado vecino Ecuador registra el primer positivo y solo una semana después, el 06 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce que una paciente proveniente de Milán con 19 año da positivo en territorio colombiano.
Cinco días (05) después de estar el virus en nuestro país, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud OMS declara la enfermedad de Covid-19 pandemia a nivel mundial.
La primera omisión fuente de responsabilidad del Estado colombiano en cabeza de la presidencia de la república se traduce en que en tan solo 11 días después de haberse declarado pandemia y 17 días después de la confirmación del primer caso en el país, se expide el Decreto 457 de 22 DE MARZO de 2020 ordenando el aislamiento preventivo obligatorio y el cierre de las fronteras aéreas a partir 25 de marzo.
38 frecuencias aérea directas conectan semanalmente Madrid y Barcelona con Bogotá, Cali y Medellín; 6 vuelos diarios directos entre los aeropuertos de Barajas en Madrid y el Dorado solo operadas por Avianca e Iberia, más de 5000 viajeros llegan desde Europa a diario a la capital del país y demoramos 14 días con nuestro cielo abierto cuando una pandemia declarada se paseaba por el globo; otros países como Rusia declararon cerrado su espacio aéreo y fronteras el 18 de marzo.
El Estado colombiano desde la declaración de la pandemia tuvo tiempo valioso para adquirir y dotar a todos los centros médicos públicos y privados del país del material biomédico necesario para la protección del personal de atención de contagiado y enfermos, realizarle capacitaciones sobre el manejo de lo mismo, de cadáveres y en general prepararlos una prueba que comprometía su existencia misma; pero una indecisión entre considerarla una gripa sin importancia acompañada de una omisión en la preparación del sistema de salud marcaron los destinos fatales de los galenos que hoy caen en el cumplimiento de su deber.
27 médicos muerto en China, 33 en Italia, 23 en España, 10 en Ecuador y 3 en Colombia hasta la fecha es un aproximado balance mundial de los decesos de los profesionales de la medicina.
La prueba reina de la negligencia del Estado que reconoce las precarias condiciones casi de indigencia de nuestro personal médico frente a la protección de sus condiciones laborales lo constituye la expedición del Decreto Ley 538 del 12 de abril de 2020, en el cual se autoriza a las entidades territoriales asignar recursos a las ESE e IPS privadas para que ellas adquieran el material biomédico de protección hoy por demás escaso y con precios exorbitantes productos de la especulación y las leyes del mercado; un reconocimiento expreso de su huerfanidad.
¿Con qué recursos realizamos la dotación cuando centros médicos como el hospital de Cereté deben 7 u 8 meses a sus empleados? ¿Cómo los obligamos a que vayan a la primera línea de guerra sin protección?. Es ordenarles enviarlos (entre el 2% y 4% tasa de mortalidad) a una muerte segura. El Estado colombiano debe sin duda, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen a las familias del personal médico que caiga en medio de la batalla contra el Covid-19 por las omisiones antes descritas; es el precio que tiene que pagar la organización política por años de permitir la corrupción de los recursos de la salud, la privatización del sistema y el abandono por omisión de su principal deber, el bienestar de los ciudadanos.
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