Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
Por: Médico Alejandro Hernán Quintero Galeano (foto)
Ginecoobstetra – Asmedista
El proceso de paz con la Farc nos desnudó por lo menos tres realidades en nuestro país, como son: el problema de la corrupción de nuestras élites, tanto en el sector público como en el privado; la formación del paramilitarismo desde el estamento, no sólo como ejército irregular de guerra sucia contra las guerrillas, sino contra líderes sociales, indígenas, defensores de derechos humanos, profesores, sindicatos, oposición y población civil; y el proyecto de desarrollo de terratenientes al cual nos conducían con la “refundación de la patria” a través de la apropiación ilegal y violenta de las tierras de campesinos, la ganadería extensiva y el narcotráfico. En suma, un país de pocos y grandes propietarios, con alta concentración de la tierra y la riqueza, escasa industrialización, dedicado a la explotación de bienes primarios, con grandes concesiones a las multinacionales mineras, y el interés de dedicarse a la venta de servicios, dejándole al pueblo el auto emprendimiento o la famosa llamada: “economía naranja”.
Hoy, también, el coronavirus en Colombia nos desnuda el fracaso de aplicación de las políticas de ajuste o reformas neoliberales, dentro de las cuales se encuentran la política de salud y la política social del Estado. Decisiones tomadas desde la década del 90 por varios actores políticos en diferentes gobiernos, algunos de ellos resultarían después ser protagonistas en la intención de la “refundación de la patria”. Esas políticas de ajuste incluyeron el desmantelamiento de los bienes y servicios públicos para trasladarlos al sector privado, la desregulación y flexibilización laboral, la desindustrialización y la financiarización.
El artículo 336 de la Constitución Nacional de 1991 en uno de sus apartes reza: “El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley”.
De esta forma, se permitió que empresas y servicios que pertenecían al sector público fueran privatizados como: la banca, los servicios públicos (telefonía, agua, luz, alcantarillado), las concesiones viales, los aeropuertos, la salud, la educación, etc.; el negocio pasó de los bienes transables a los no transables. Se adelantó un proceso de desindustrialización, acabando con lo poco que existía (sobre todo en materia textil), se liquidaron muchas empresas estatales y entró en vigencia la reforma laboral con la Ley 50 de 1990, dando paso al proceso de flexibilización laboral, lo que en términos prácticos se traducía en un trance del trabajo formal (con prestaciones sociales) al informal (sin prestaciones o asumidas por el trabajador), a la intermediación laboral o tercerización a través de cooperativas y “sindicatos”, con la posterior figura del trabajador por prestación de servicios (quién debe asumir su propia seguridad social).
En síntesis, ganó el capital y perdió el trabajo. Los ganadores fueron los grandes grupos económicos, al quedarse con esos nuevos y rentables negocios (otrora del Estado); además, con nuevas condiciones laborales a su favor; al apropiarse de la banca, se convirtieron en conglomerados financieros que asumen el dominio de la economía en lo que se denomina la financiarización. Los grandes perdedores fueron los trabajadores, quienes quedaron sin estabilidad y sin garantías sociales, despuntando en aumento el problema de la informalidad laboral.
En materia de salud, con la Ley 100 de 1993 se dio paso al proceso de privatización del sector en Colombia. Se acabó con el Sistema Nacional de Salud SNS y surgió el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud SNSSS, se privatizó el Instituto de Seguros Sociales ISS, surgieron las EPSs y las IPSs, se establecieron los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado, se estableció el SISBEN como mecanismo de clasificación para los sectores pobres, se crearon las Empresas Sociales del Estado ESE, al reestructurar los hospitales públicos; y, a través de esas reestructuraciones y la aplicación de la descentralización, se debilitó toda la red pública. Se fragmentó el sistema y se perdió la centralidad de los programas en salud pública y vigilancia epidemiológica. Se pasó de un servicio público basado en la oferta (SNS) a un servicio privado individual, basado en la demanda (SNSSS). Se privatizaron, además, los fondos de pensiones y cesantías. Los trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, instrumentadores, odontólogos, bacteriólogos, terapistas, regentes de farmacia, etc., pasaron a ser en su mayoría trabajadores tercerizados y por prestación de servicios, asumiendo el pago de sus propias garantías sociales (salud, pensión, riesgos laborales).
En el transcurso de estos 27 años de Ley 100, mientras la red pública se debilita entrando en una crisis profunda, en la red privada, las EPSs, intermediarias del negocio, aparecen dentro de las 100 empresas más grandes del país; mientras muchos hospitales públicos (nuevas ESE) se quiebran por incumplimientos de pagos, en la red privada los recursos se desvían dando origen a un gran problema de corrupción y de acumulación irregular de ganancias; mientras se enfatiza el enfoque general de la salud, en lo curativo, se pierde lo preventivo, se pierde la centralidad de la vigilancia epidemiológica; mientras se enfatiza en el negocio, se pierde la posibilidad de avanzar a la concepción de la salud como derecho.
En materia de política social, se reduce aún más su concepción bajo el sistema de protección social y enfoque general del riesgo, focalizando las ayudas con un modelo meramente asistencialista, derivado del concepto de caridad; de esta forma surgen programas para los más pobres como familias en acción, Colombia mayor, etc., que llevan de por medio la trampa de la pobreza: hay que ser pobre, y demostrarlo, para tener el subsidio. Anulando así la concepción de los derechos: una cosa es el asistencialismo, yo te doy (Estado) por pobre, en una relación vertical caritativa; y otra cosa muy diferente es el desarrollo de los derechos, como ser humano perteneciente a este país tienes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En síntesis, antes del coronavirus, ya teníamos una crisis social, laboral y en el sistema de salud profunda: concentración de la riqueza, altos índices de pobreza, desempleo, subempleo, informalidad laboral; un sistema de salud fragmentado, con una red pública en crisis, desfinanciada, carente de suministros, con deterioro de su infraestructura, y una red privada
dedicada al negocio. Con un personal en salud en condición de inestabilidad laboral, precarizado, bajo la condición de prestador de servicios, viviendo del mes al mes, del pago o no pago oportuno por parte de las instituciones, del vaivén de las tarifas y q|condiciones impuestas, de la carencia de garantías laborales (las primas, vacaciones y cesantías, se convirtieron en privilegios de pocos).
Crisis que se vuelve aún más compleja con los desplazamientos forzados, rurales y urbanos a causa de la violencia, los cinturones de miseria en las grandes ciudades y por la decisión presidencial de apoyar el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, violando los tratados internacionales, sometiendo a toda su población al desespero y la emigración forzada, en masa, hacia muchos países y nuestras ciudades. Este incremento de población en el rebusque aumenta la presión y la problemática social de nuestra nación.
A pesar de que las instituciones prestadoras de salud (IPS), con la Ley 100 de 1993, bajo el enfoque curativo, fueron estimuladas a la construcción de Unidades de Cuidados Intensivos y Especiales (UCIs y UCEs) para aumentar sus ganancias, por la utilización de tecnología de punta y medicamentos de alto costo, el temido alto porcentaje (que se proyecta) de afectación de la población por la pandemia del coronavirus, presupone la necesidad de una gran cantidad de camas en UCI, por las complicaciones respiratorias que el virus produce, que superaría el número existente, alrededor de 6000 camas. Además, se require de implementos que permitan la atención con seguridad para el personal que atienda los casos del Covid 19, implementos con los que no cuentan ni siquiera muchas de las instituciones de la red privada.
En otras palabras, nuestras condiciones actuales como Estado, producto de los gobiernos que durante los últimos 30 años han aplicado las políticas de ajuste neoliberal, hacen que no estemos preparados para afrontar la crisis de la pandemia; y que muy por el contrario a nuestros deseos, lo que se puede avizorar son sus efectos adversos.
Mientras nuestras élites sigan empecinadas en el mismo modelo económico, a pesar de su comprobado fracaso nacional e internacional; en la obstrucción a la construcción de un régimen democrático, en la violencia como forma de mantener su dominio, en la conservación de sus privilegios, donde se consiente a banqueros, grandes empresarios y gremios, a costa del sufrimiento de la mayoría de la población. Mientras no se modifiquen: la política económica, laboral, de salud, educativa y social; es decir, mientras no se destruyan las políticas de ajuste; mientras se piense más en las ganancias que en la gente, mientras no se piense en un nuevo sistema armónico con la naturaleza, que permita la conservación del medio ambiente, no tendremos un adecuado funcionamiento de nuestro sistema sanitario, sea sin pandemia o más aún con pandemia.
El movimiento social, in crescendo desde el 21N de 2019, se ha visto obligado a confinarse en sus casas, lo que no significa su inactividad y su neutralización; por el contrario, sigue buscando alternativas que permitan el cambio político, económico y social, porque otro sistema económico es necesario y posible.
Las crisis, anterior y posterior al coronavirus, nos dan la razón.
Tomado de: Oficina de Comunicaciones, Información y Prensa ASMEDAS Antioquia
