«Que Gobierno y ONU establezcan diálogo para resolver diferencias»: Procurador

Fernando Carrillo aseguró que, pese a los desencuentros, “no es dable ni pensable” creer que se solucionarán expulsando a Naciones Unidas

Tomado de: www.elespectador.com

Ante las diferencias y desencuentros que se han evidenciado alrededor del funcionamiento de oficinas de la ONU en Colombia y el Gobierno Nacional –que la semana pasada escalaron a su punto más álgido, por cuenta de un crudo informe sobre la situación de derechos humanos–, el procurador Fernando Carrillo instó a las partes a establecer un diálogo para resolver las dificultades y que se facilite el trabajo de Naciones Unidas.

El jefe del ente de control, que calificó de fundamental la labor de la ONU frente a la implementación de los Acuerdos de Paz y la reconciliación, sostuvo que “no es dable ni pensable” creer que los problemas se solucionarán expulsando a Naciones Unidas.

«Como en todas las disputas en la vida hay que sentarse en una mesa y civilizadamente establecer un dialogo para corroborar cuáles son los desencuentros entre el Gobierno y la ONU. Lo único que no es dable ni pensable es creer que esto se soluciona expulsando a Naciones Unidas del territorio colombiano”, dijo Carrillo.

Lo anterior, en referencia a lo dicho por el senador Ernesto Macías, del partido de Gobierno (Centro Democrático), que instó al presidente Iván Duque a revisar la relación de Colombia con el organismo, calificando a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia de “guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”. Según el senador, basta con el trabajo de Procuraduría, Defensoría del Pueblo o Consejería para los Derechos Humanos.

(Haga clic sobre la imagen para aumentar su tamaño)

El detonante de la rencilla fue el informe sobre derechos humanos correspondiente a 2019 que presentó esa Oficina el pasado miércoles. Allí, en una cruda radiografía, se advirtió de decenas de masacres, más de 100 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, abuso de la Fuerza Pública en protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios de indígenas.

El documento desató la ira del propio presidente Iván Duque, secundado por Cancillería, Ministerio de Defensa y Consejería para la Estabilización. Si bien el mandatario dijo que “hay que analizarlo con mucha serenidad”, no se guardó nada al señalar que “no puede haber sesgos”, al tiempo que expresó preocupación por “imprecisiones y que no se diga la verdad”.

El descontento de Duque fue más allá. Manifestó que, aunque respetan el carácter multilateral de la Oficina, sus conclusiones y recomendaciones “son una intromisión en la soberanía”, en referencia a la propuesta de que se transfiera la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior por cuenta de sus aparentes excesos, en particular durante la protesta social.

Ante ello, el procurador precisó que hay aspectos sobre el manejo del orden público que hacen parte de la soberanía nacional, pero también consideraciones del organismo multilateral que ve con preocupación algunas cosas que están pasando en Colombia, “y es en el equilibrio, en el diálogo tranquilo como se pueden solucionar este tipo de impases”.

Carrillo se refirió también a lo dicho por el presidente Donald Trump durante un encuentro con Iván Duque este lunes en Estados Unidos, asegurando que es necesario «fumigar» para la lucha antidrogas. Ante ello, el procurador recordó que la Corte Constitucional ha fijado protocolos y cánones de actuación que se deben respetar, e indicó que así se lo hizo saber a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en una reciente comunicación.

“Las decisiones de los jueces están para respetarse y creo que el Gobierno de Estados Unidos, que es uno de los estados de derecho más importantes del mundo, entiende perfectamente ese argumento. Aquí no se imponen decisiones por encima de lo que los jueces han previsto y repito, hay una política pública de fumigaciones que hay que poner en marcha, respetando lo que ha dicho nuestra honorable Corte Constitucional”, declaró.

Tomado de: www.elespectador.com

 

Deja un comentario