Viernes, 25 de Septiembre de 2020
ASMEDAS Antioquia

Lo que evidencia el informe de derechos humanos de la ONU sobre la salud en Colombia

marzo 2, 2020 3:20 pm



Violencia endémica, glifosato, corrupción en el sector y falta de acceso a asistencia en zonas rurales, entre los temas abordados en el documento

Tomado de: www.eldiariodesalud.com

Recientemente fue presentado el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en esta materia en Colombia, informe que ha tenido gran repercusión por los hechos que revela y porque el Gobierno nacional ha decidido pronunciarse rechazando apartes del mismo. En este artículo les contamos qué revela este documento sobre la salud en Colombia.

En primer lugar, el informe hace referencia a que, «según la policía, la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica». Estas cifras oficiales evidencia la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que, como el mismo informe destaca, «la Organización Mundial de la Salud considera que hay violencia endémica cuando la tasa de homicidios supera 10 muertes por cada 100.000 habitantes».

El documento también hace referencia al hecho de que «la Fiscalía General de la Nación reveló que, sólo en el sector de la salud, la corrupción representa un desfalco de aproximadamente 295 millones de dólares». A pesar de ello, como señala el documento, ACNUDH lamenta que, «hasta diciembre de 2019, el Congreso había aprobado solamente cuatro de los 24 proyectos de ley anti corrupción que se habían puesto a su consideración».

De otra parte, «el ACNUDH observó que persisten importantes retos en la garantía del derecho a la salud en zonas rurales».  Al respecto reconoce que «en Amazonas, Chocó, La Guajira, Vaupés y Vichada, la tasa de mortalidad materna tuvo una pequeña reducción en 2019 comparada con 2018»; sin embargo, lamenta que «esta tasa continúa siendo la más alta comparada con el resto de Colombia».  «En zonas rurales de Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Guainía, Putumayo y Vaupés no hay puestos o centros de salud accesibles a la población o no están en buenas condiciones, siendo escasa la presencia de personal y de medicamentos», añade el Alto Comisionado.

El informe también destaca que «el 30 de diciembre el Ministerio de Justicia publicó un proyecto de decreto para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato a fin de erradicar los cultivos de uso ilícito».  Al respecto, señala que «el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales había señalado previamente con preocupación las ‘consecuencias negativas de las medidas antinarcóticos, como el efecto de las fumigaciones aéreas en la seguridad alimentaria, los impactos adversos en la salud y la privación de medios de subsistencia'».  Asimismo, el ACNUDH recuerda que, «en un informe conjunto del Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se indicó que el 95% de las familias que participan en el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) cumplieron el requisito de erradicación voluntaria y sólo el 0.4% retornó a los cultivos de uso ilícito».

El Alto Comisionado también expresa su preocupación sobre el Proyecto de Ley 11 de 2019, que en casos de aborto, eutanasia y unión de parejas del mismo sexo busca permitir «que los trabajadores de la salud puedan invocar principios morales para denegar la asistencia médica».  «Si se adopta este Proyecto, afectaría negativamente el acceso a servicios para los abortos legales, y al tratamiento de complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones inseguras», explica.

Igualmente, sobre la situación de las protestas, el informe señala que «algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas». «Algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la policía, trasladados a las estaciones de policía y forzados a admitir comportamientos violentos, siendo multados por ello», señala el ACNUDH.

Tomado de: www.eldiariodesalud.com

 

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