Indica que el Ministerio de Educación desconoce y hace caso omiso de esta ley de la República
Tomado de: www.eldiariodesalud.com
La Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) emitió recientemente un comunicado sobre los costos de las matrículas de las especialidades médicas en Colombia, en el que denuncia que algunas incluso superan los 40 millones de pesos y que el Ministerio de Educación se niega a dar cumplimiento a la Ley de Residentes que en su Artículo 12 regula este aspecto.
La Asociación explica que varios residentes les han hecho llegar su recibo de matrícula y que «algunas de ellas superan los 40 millones de pesos anuales (como es el caso de Medicina Interna)». Para la agremiación esto es «un absurdo por lo que el residente tiene que buscar alternativas como el endeudamiento para conseguir créditos e incluso suspender su período académico para poder conseguir el dinero para poder pagar la matrícula».
En concreto, ANIR indica que «el pasado 5 de febrero radicó ante el Juzgado 12 una acción de tutela dirigida contra Ministerio de Educación donde se solicitaba a dicha institución dar respuesta de fondo y completa al derecho de petición 2019-ER-184764, enviado el pasado julio de 2019».
El citado derecho de petición, explica la Asociación, contenía cuatro preguntas que, afirma, «habían sido respondidas de forma incompleta» y las cuáles están relacionadas con el Artículo 12 de la Ley 1917 de 2018, conocida como la Ley de Residentes o Ley de Residencias Médicas, el cual estipula: «El valor de la matrícula de los programas de especialización medico quirúrgica no podrá exceder el total de los costos administrativos y operativos en que incurra para su desarrollo la Institución de Educación Superior. Los costos reportados deben ser verificables y demostrables».
Las preguntas que la Asociación Nacional de Internos y Residentes señala que remitió al Ministerio de Educación son las que a continuación se transcriben:
-¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Educación para dar cumplimiento al mandato establecido en el Artículo 12 de la Ley 1917 de 2018?
-¿Cuál es la autoridad administrativa encargada de verificar que los costos de las matrículas no superen los límites fijados por el Artículo 12 de la Ley 1917 de 2018?
-¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que tendrían las Instituciones de Educación Superior que cobren matrículas en los programas de especialización médico quirúrgicas superiores a los costos administrativos y operativos en que incurran para el desarrollo de las mismas?
-¿Cuáles van a serlos costos de las matrículas de los programas de especialización médico-quirúrgica de todas las Instituciones de Educación Superior para el segundo semestre de 2019?
Según indican desde ANIR, en un plazo de 48 horas, por orden judicial, se dio respuesta a esta tutela; sin embargo, afirma que «desafortunadamente, el argumento utilizado nuevamente por el Ministerio de Educación con respecto a los costos de matrículas fue nuevamente la autonomía universitaria que cada institución tenía, sin oportunidad del Ministerio de vigilar o reglamentar dichos aumentos». «En ese sentido, se desconoce y se hace caso omiso al Artículo 12 de la Ley de Residentes en donde se exige al Ministerio que regule las costosas matriculas y las reduzca a sus costos operativos y administrativos», destacan.
«Hemos manifestado en múltiples ocasiones que el éxito de la Ley de Residentes se basa en que se respeten sus dos principios rectores: remuneración económica a los residentes y disminución de matrículas hasta sus mínimos operativos y administrativos», se señala en el comunicado, que añade: «Por lo anterior, reconocemos el trabajo realizado por Ministerio de Salud para la reglamentación de la ley y consideramos inaceptable la displicencia por parte del Ministerio de Educación faltando a su obligación y denotando su falta de interés en procurar una mejoría en las condiciones actuales de las residencias médicas».
«Nos manifestaremos y movilizaremos las veces que sean necesarias hasta cumplir nuestro deber de defender los intereses de los residentes», concluye señalando el texto firmado por las juntas directivas de ANIR.
Tomado de: www.eldiariodesalud.com
