Viernes, 4 de Diciembre de 2020
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Negociación colectiva en el sector público, de los pocos avances en el campo laboral

diciembre 16, 2019 5:33 pm



Tomado de: www.ens.org.co

Algo en lo cual coinciden las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del sector público en Colombia, es que con la entrada en vigencia del Decreto 1092 de 2012 y posteriormente del 160 en 2014, la negociación colectiva en este sector ha tenido avances sustanciales en el último lustro.

Para Francisco Maltés, encargado de los asuntos estatales del Comité Ejecutivo de la CUT, entre los avances importantes se cuenta el haber negociado algunas leyes, derogado otras, la ampliación de plantas de personal, entre otras conquistas. Para este dirigente, es un avance que los trabajadores estatales tengan la posibilidad de negociar tanto en temas salariales como en plantas de personal y políticas de bienestar familiar.

“El sindicalismo estatal ha entendido que si hay fuerza, unidad y buena argumentación, se obtienen resultados satisfactorios”, dijo Francisco Maltés.

Destaca que en la práctica es una negociación que funciona por rama económica, en la que el Gobierno nacional representa al Estado. Asimismo, se está tratando de implementar la negociación por departamentos y municipios, para lo cual las subdirectivas sindicales presentan pliegos de solicitudes a los gobernadores y alcaldes, como también la negociación por entidades.

“El Decreto 160 abrió un proceso de negociación que ha funcionado. Hemos logrado articular el esfuerzo de todas las organizaciones sindicales estatales y así tener más poder de negociación y movilización. Los estatales ya entienden que tienen derecho a la negociación colectiva y que ésta se debe articular con la movilización para obtener resultados satisfactorios”, anotó Maltés.

A su vez, Juan Diego Gómez, representante de la Confederación Internacional de Servicios Públicos (ISP), quien además funge como asesor de las federaciones y sindicatos estatales en Colombia, coincide al destacar el fortalecimiento progresivo del proceso de negociación colectiva en los últimos años, que ha obedecido en buena medida a la unidad de los trabajadores del Estado.

Se refiere a la mesa de trabajo y unidad que en el año 2010 conformaron las tres centrales sindicales y todas las federaciones de trabajadores al servicio del Estado, como Fecode, Fenaltrase, Fenaser, Unete y Utradec.  “Es una mesa que a lo largo de estos años ha trabajado en la tarea de mantenerse, fortalecerse y continuar en línea progresiva”, señaló.

Parte de los avances registrados en la negociación en el sector estatal, tiene que ver con experiencias exitosas recogidas en la región. Básicamente las referencias fueron las experiencias de Argentina y Uruguay, países que marcan la pauta tanto en la parte normativa como en las prácticas incorporadas a la negociación colectiva.

Pero, si bien nuestro país tiene una buena normatividad y ha avanzado en la firma de acuerdos, a diferencia de Uruguay y Argentina, donde los acuerdos se cumplen, en Colombia no sucede lo mismo.  “De qué sirve tener buenas normas y llegar a acuerdos si en la práctica se incumplen. En ese sentido falta mucho por hacer, no estamos a la altura de esos dos países”, precisó el vocero de la ISP.

El Decreto 160 que rige la negociación estatal en Colombia es una norma relativamente reciente: 2014.  Antes de este año el éxito o avance de la negociación en las entidades del Estado tenía que ver con la “correlación de fuerzas” de los sindicatos frente a la entidad. Dependía de su tamaño, su grado de centralización y capacidad de movilización.

Se recuerda que en los 8 años de Gobierno de Álvaro Uribe la OIT puso el caso colombiano como ejemplo fallido de negociación en el sector estatal, y exigió una normatividad acorde. Ahí fue cuando, al final de su periodo y en respuesta a la presión de la OIT y la movilización de los trabajadores estatales, Uribe firmó el Decreto 535, que en la práctica negaba la negociación. Hasta el 2012, cuando el presidente Santos firmó el Decreto 1092, que incorporó nuevos elementos y cambió el panorama.

Dificultades y retos

Tanto Francisco Maltés de la CUT, como Juan Diego Gómez de la ISP, coinciden en que el mayor problema que enfrenta hoy el sindicalismo estatal es su dispersión. Cambios jurisprudenciales en cuanto a requisitos para crear sindicatos permitieron la proliferación de éstos, especialmente en el sector estatal, lo que les resta capacidad de negociación y movilización.

“Han surgido sindicatos y federaciones que tienen personería jurídica, pero no son representativos de los trabajadores. Antes había mayor centralización del movimiento sindical estatal, no había la dispersión que existe hoy”, subrayó Maltés, refiriéndose a las nuevas federaciones sindicales estatales ajenas a las tres grandes centrales que han surgido en los últimos años y tienen asiento en la mesa de la negociación del Pliego Nacional Estatal.

“Estas organizaciones poco han contribuido a la negociación y sí mucho a la dispersión. Han hecho un ruido fuerte en el proceso, pero se han controlado y hemos podido avanzar, e incluso con ellas se han logrado acuerdos sobre temas prioritarios”, anotó al respecto Juan Diego Gómez.

La otra dificultad, según Maltés, es el bajo nivel de formación política en los sindicatos estatales. Señala su escaso conocimiento de los problemas en las nuevas organizaciones sindicales, desconocen el funcionamiento del Estado y sus diversas entidades, y de los entes internacionales, como la OIT.

Otra falencia tiene que ver la norma misma, con el Decreto 160, que en concepto de los dos dirigentes debe tener algunas reformas. Antes había muchos asuntos que por norma no se podían negociar en el sector estatal, por ejemplo, salarios, plantas de personal, asuntos administrativos de las entidades, temas de reestructuración. El 160 incorpora varios de estos temas, pero aún falta incluir otros y hacer la norma más flexible.

“Hay una traba ahí. Necesitamos una norma más flexible para facilitar cualquier acuerdo a cualquier nivel”, explicó Gómez, para quien también es necesario mejorar el procedimiento de seguimiento a los acuerdos, la cual es una responsabilidad compartida entre el Gobierno, los trabajadores y los sindicatos. “A veces es más complejo de lo que parece. Firmar acuerdos no es tan difícil como después aplicarlos”, subrayó.

Ve también una amenaza en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque, el cual contemplada una política de austeridad del Estado que puede llevar a reducir o liquidar algunas de ellas, con las consiguientes pérdidas de empleos. Y en general el llamado “¨Paquetazo” de Duque, que incluye las reformas laboral y pensional, también lo ven como otra amenaza.

Cómo estamos frente a otros países

Como conocedor del panorama de la negociación estatal en los países de la región, Juan Diego Gómez los diferencia en tres grupos. El primero es el de los países que han experimentado procesos regresivos, como Brasil y Ecuador. Otros han tenido avances, como Colombia; hay varios intermedios que apenas están tratando de incorporar la negociación colectiva en el sector público, como Perú y México. Y hay otro grupo de países, como Argentina, donde la negociación estatal se estancó.

Según Gómez, a raíz de los acontecimientos políticos de los últimos años, Ecuador sufrió un proceso regresivo con respecto a lo que traía. Hoy los trabajadores del sector estatal en este país están en condiciones de discriminación y precariedad, ven menoscabado su derecho de libertad sindical y el Convenio 87 de OIT.

La última reforma laboral en Brasil fue regresiva, porque no solo negó el derecho de negociación colectiva a los empleados públicos, sino que se afectó su derecho de asociación sindical al negar los descuentos de las cuotas sindicales por parte de las empresas del Estado, con afectación grave para los sindicatos.

Entre los países que se han estancado en el proceso de negociación estatal, Gómez ubica a Argentina, donde ni avanzó ni retrocedió. Durante el periodo presidencial de Mauricio Macri la negociación colectiva, que en este país ha sido históricamente sólida, no tuvo retroceso, pero tampoco avances. Se paralizaron los procesos de negociación.

En Perú desde hace unos 5 años el movimiento sindical estatal trata de construir un modelo de negociación colectiva en el sector estatal. Logró la aprobación de una ley que la reconoce, pero niega la posibilidad de negociar temas de carácter económico, lo que deja coja la norma. Precisamente para presionar el ajuste de la misma, los trabajadores estatales en Perú realizaron una huelga nacional de dos días recientemente.

En Venezuela la norma permite la negociación colectiva tanto en el sector público como en el privado, sin diferencias ni limitaciones en términos salariales ni de competencias. Pero los acontecimientos políticos y el bloqueo que sufre este país, indicó Gómez, provocaron que se pusieran en el congelador las negociaciones en el sector público.

“El gobierno venezolano, de manera equivocada, emitió una serie de normas que limitan la autonomía sindical en cuanto a su composición y normas estatutarias, y los sindicatos que no se plieguen a esas normas no tienen reconocimiento”, agregó.

México no ha ratificado aún los convenios 151 y 154 de OIT, que le dan piso jurídico internacional al derecho de negociación colectiva en el sector público. Este país tiene como característica una negociación tanto en el nivel central como de las provincias, pactada a partir de la “buena voluntad” de las autoridades públicas. De esa manera se pueden dar buenas o malas negociaciones, dependiendo de las conexiones y nexos clientelistas de los sindicatos con los partidos y los políticos de turno.

“Es un tema de la cultura de los trabajadores públicos en México, donde los sindicatos tienen relación directa con los partidos y sus campañas, y eso se reflejaba en la celebración de acuerdos colectivos. Depende entonces de la organización política que haya acompañado el sindicato”, explica Gómez.

Falta entonces que el Estado mexicano incorpore la negociación a la normatividad, a fin de que deje de ser un asunto de buena voluntad y del relacionamiento político que tengan los sindicatos. El debate ya arrancó con el gobierno López Obrador, de quien se espera que impulse la ratificación de los convenios 151 y 154 de OIT. El vocero de la ISP cree que en las condiciones del México actual se pueden ratificar. Depende de la correlación de fuerzas en el Congreso de Diputados mexicano.

Tomado de: www.ens.org.co

 

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