Miércoles, 11 de Diciembre de 2019
ASMEDAS Antioquia

La Salud en el Paro del 21 de noviembre

noviembre 22, 2019 7:02 pm



Tomado de: www.sur.org.co

Por: Médica Carolina Corcho Mejía (foto)
Integrante Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760
Vicepresidente Federación Médica Colombiana
Invitada Permanente Gran Junta Médica Nacional

(Artículo publicado originalmente el pasado 18 de noviembre de 2019)

El paro desarrollado este 21 de noviembre, convocado por las centrales obreras, las organizaciones indígenas y campesinas, que presentó la adhesión por parte de la conferencia episcopal, los movimientos estudiantiles, diversas organizaciones del sector salud, entre ellas las agremiaciones médicas, fue convocado en el contexto del anuncio del Gobierno nacional, a través del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de llevar a cabo una reforma pensional que conduzca a pensionar conforme al ahorro individual, lo que supone acabar con el régimen solidario de prima media de Colpensiones y favorecer los fondos privados. El otro tema que detonó la movilización fue la radicación, por parte del Senador Álvaro Uribe Vélez, del proyecto de Ley 212 de 2019, en el cual se establece un régimen laboral especial para los jóvenes para ser contratados con salarios inferiores al mínimo.

Desde la perspectiva del sector salud, en la última década se ha visto un aumento de la expresión de demandas sociales desde el escenario de la calle. La promulgación de la Ley 100 de 1993 significó, entre otras cosas, la restricción de la prestación del servicio de salud a lo considerado en un listado de tratamientos y tecnologías, que las Empresas Promotoras de Salud EPS definían de manera arbitraria o mediante la captura de los organismos reguladores del Estado colombiano, que tenían que definir qué servicios financiaba el sistema de salud y cuáles no.  En ese contexto, la tutela se constituyó en el mecanismo mediante el cual los colombianos accedían a servicios de salud y rompían las barreras de acceso que imponían las EPS, para quienes era rentable negar servicios para hacerse a la UPC (Unidad de Pago por Capitación), recursos públicos que gira el Estado a estas entidades para la atención de la población.

Las tutelas en Colombia demandando atención en salud, superan las tres millones desde la expedición de la Ley 100 de 1993.  Debido a esto, la Corte Constitucional, en el año 2008, decide seleccionar 120 de estas, establecer los elementos comunes de las mismas, concluyendo, que estas se presentaban por fallas en la estructura del sistema de salud, problemas de la regulación del Estado para dar cumplimiento a sus fines con la atención de la población, por lo que decidió promulgar la Sentencia T-760 de 2008, en la cual establece 16 órdenes referidas a situaciones individuales expresadas en la tutela y otras 16 órdenes dirigidas al ejecutivo, que buscan que este cumpla con las medidas establecidas por el ordenamiento legal, que permitan la garantía del derecho a la salud.  Este hecho constituyó un hecho político, generado desde la Corte, para movilizar el debate en torno a la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud.

La respuesta a este hecho, desde el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, fue la emisión de los Decretos de Emergencia Social en el año 2009 (4975), con los cuales el Gobierno expresaba su preocupación por el aumento del gasto en salud, debido a la demanda social y a la acción de los jueces que garantizaban,, mediante la tutela, el acceso a los servicios de salud.  En estos decretos se proponía volver al médico ordenador del gasto, para controlar y amedrentarlo en la prescripción, y establecer medidas para aumentar el gasto de bolsillo en salud de los ciudadanos.  La expedición de estos decretos generó una enorme movilización nacional de los gremios de profesionales de la salud, pacientes y ciudadanos que pedían al Gobierno desistir del mismo.  El Gobierno de Álvaro Uribe no escuchó esta demanda social y continuó adelante con la medida.  En el año 2010, la Corte Constitucional tumbó este decreto declarando su inexequibilidad en una vehemente defensa del derecho a la salud y de la función constitucional de los jueces de tutelar este derecho.  Una vez más la Corte cumplía con su deber de ser el bastión de defensa de los derechos humanos de los colombianos.

Este hecho condujo a la exhortación, por parte de la Corte, al Congreso de la República para que tramitara una ley estatutaria en salud.  Esta iniciativa fue recogida por las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, que asociaba más de 90 organizaciones ciudadanas, gremiales y sindicales, que se propusieron adelantar un proyecto de ley estatutaria en salud que declara la salud como un derecho humano fundamental.  En el año 2012 se presentó la radicación de esta propuesta en cabeza de 25 senadores, de 5 partidos políticos diversos. Este proyecto de ley no tuvo éxito en tanto fue hundido por las mayorías parlamentarias del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Posteriormente, en el año 2013, la Gran Junta Médica Nacional, conformada por los Presidentes de los Gremios Médicos de carácter nacional (Federación Médica Colombiana, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana Médica Estudiantil, Asociación Médica Sindical, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano), recogió los elementos centrales de la ANSA y presentó de nuevo el proyecto de ley con el respaldo del Presidente Juan Manuel Santos, quien tenía que sortear una crisis de legitimidad en la salud, porque en ese momento era conocido para la opinión pública el desfalco que habían generado las EPS de Acemi en el sistema de salud, por recobros fraudulentos, debido a la cartelización de estas entidades.

Le ley estatutaria que declara la salud como derecho social fundamental, la dignidad de los trabajadores del sector, fue aprobada en el año 2015, no sin dificultades, por los enormes poderes que debió enfrentar el trámite para que este derecho se abriera paso en el marco constitucional y legal colombiano. En la actualidad, esta ley se encuentra engavetada; poderosos intereses se oponen a que sea implementada.

Mientras se avanzaba en ese trámite legislativo, el entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, férreo opositor de la ley estatutaria, se empeñó en presentar una reforma ordinaria de salud, consignada en el proyecto de Ley 210 de 2013, en el sentido de mantener el sistema con arreglos institucionales de carácter cosmético, manteniendo la intermediación financiera de las EPS. Este proyecto de ley no tuvo suerte en el Congreso de la República, porque el obsecado Ministro tuvo que enfrentar las movilizaciones de las centrales sindicales ante el no reconocimiento de la formalización laboral en el proyecto de ley; la estocada final de la misma, se presentó cuando introdujo la titulación de médicos especialistas por parte de las instituciones hospitalarias, propuesta que desató una enorme movilización nacional por parte de los estudiantes de la salud, trabajadores, pacientes, universidades, quienes solicitaban al Congreso de la República el hundimiento de esa reforma a la salud.  Estas movilizaciones generaron la inviabilidad política del trámite de esta iniciativa en el Congreso, la cual se hundió sin alcanzar el segundo debate.

Como se observa, el sector salud, desde la movilización, ha tenido una actitud propositiva ante el régimen político para que este desarrolle políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales.  En esa perspectiva, en el año 2018 fue tramitada y sancionada por el Congreso de la República la Ley 1917 que reglamenta el Sistema de Residencias Médicas, con la cual se logró la remuneración de 5000 médicos residentes y la regulación de las onerosas matrículas, esta fue una iniciativa de la sociedad civil representada en los gremios médicos.  El logro de esta iniciativa implicó la movilización nacional por parte de estudiantes, médicos e intensos debates ante la opinión pública, dado que esta iniciativa debía abrirse paso entre los intereses de algunas universidades que extraen sustancioso lucro de las exorbitantes matrículas que cobran, y las objeciones del Gobierno nacional para reconocer los recursos que del sistema general de seguridad social debían destinarse para la remuneración de estos médicos trabajadores.

El más reciente suceso en torno a la salud estuvo dado por el trámite y expedición del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Iván Duque, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022″; una vez más el gobierno en su propuesta insiste en desconocer el marco constitucional de la Ley Estatutaria de la Salud como derecho; adopta medidas para reeditar la emergencia social en salud del ex presidente Álvaro Uribe Vélez; adopta medidas que conducen a la inviabilidad de los 900 hospitales públicos del país, que responden por la atención en salud de 23 millones de colombianos que habitan en zonas rurales y dispersas del territorio nacional; fortalece las EPS entregándoles más recursos a manera de incentivos, además de revertir el giro directo, medida que había permitido la garantía del flujo de recursos a las clínicas y hospitales ante las conocidas actuaciones fraudulentas de las EPS, reconocidas en los informes financieros desarrollados por la Superintendencia Nacional de Salud.  A esto se suma la incorporación de artículos que buscan obligar a 2,4 millones de colombianos de bajos recursos a pagar para acceder a la atención en salud, mientras al unísono en la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite, se facultaron enormes exenciones de impuestos a algunos sectores del empresariado, en demérito del recaudo de recursos para destinar al gasto público social.

Las anteriores razones, sumadas a la precarización laboral a la que han sido sometidos los trabajadores de la salud, que en un 80% trabajan bajo formas indignas e ilegales de contratación, sin que esto haya ameritado medida alguna por parte de los anteriores gobiernos y el actual, motivan a que diversas organizaciones del sector salud y gremios médicos apoyen las marchas que se desarrollan en la jornada del 21 de noviembre.  El Gobierno del presidente Duque, sumido en una profunda crisis de legitimidad, debería escuchar y acoger las distintas demandas sociales expresadas en el paro, que deben ser transformadas en reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos; si persiste en la línea equivocada que ha adoptado su gobierno, se profundizará la crisis de legitimidad que perpetuará el desgobierno que en este momento asume. Ahora el debate público se trasladó a las calles.

Tomado de: www.sur.org.co

 

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