Tomado de: www.opinionysalud.com
(Nota publicada originalmente el pasado 24 de julio de 2019)
En lo que va corrido del mes de julio, dos hechos han conmocionado al gremio de la salud en el país, pero a la fecha no ha habido respuestas contundentes a nivel del alto Gobierno y apenas lánguidas expresiones de solidaridad, rechazo y anuncios de arduas investigaciones, por parte de autoridades locales.
El primero ocurrió el pasado 9 de julio cuando dos médicos atlanticenses que prestaban sus servicios al hospital Alejandro Maestre Sierra del municipio de Ariguaní (Magdalena) tuvieron que renunciar a sus cargos, a raíz de unas amenazas de muerte que recibieron a través de un panfleto.
La coordinadora médica Lilibeth Vives, quien detalló que aunque las intimidaciones iban dirigidas a dos funcionarios específicos, todo el personal asistencial siente miedo de seguir ejerciendo sus funciones.
Según lo expresado por la directiva, los dos médicos amenazados venían prestando servicio en la sede de Puerto Nuevo, hasta donde le hicieron llegar un panfleto en el que le exigían salir del municipio en las próximas 72 horas o de lo contrario atentarían con su vida o la de sus familias.
“Ya tienen los días contados. Como no son sus familiares no les interesan los pacientes. Sabemos cuándo y dónde se mueven, tienen 72 horas para largarse del pueblo”, decía el panfleto.
Luego de recibir las intimidaciones, los dos galenos se retiraron del puesto de salud que quedó temporalmente cerrado al público, debido a que ninguno hasta el momento ha querido asumir el servicio médico de esa población.
“No entendemos las razones de estas amenazas, hemos buscado médicos, pero nadie quiere quedarse, ellos temen por su seguridad, por su vida. La situación es crítica porque la comunidad no encuentra personal asistencial en el puesto de salud”, dijo Lilibeth Vives.
Un equipo de la Defensoría Regional del Pueblo se dirigió al municipio de Ariguaní para atender el tema de amenazas en el hospital Alejandro Maestre Sierra.
En Córdoba
Apenas 12 días después, el 21 de julio, 25 personas, la mayoría médicos especialistas del departamento de Córdoba, fueron amenazados en un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El panfleto advierte que se encuentran en conflicto no por voluntad propia, sino por voluntad del Estado que los mira como un problema para la sociedad. “En el día de hoy vamos a realizar el plan pistola para todos los que nos miran como un problema para el Estado”, reza en la amenaza.
A renglón seguido indicaron que le daban 72 horas a las 25 personas señaladas en el mismo para que abandonen la ciudad, aduciendo que fueron declarados objetivo militar por parte de la organización al margen de la ley.
No obstante, la Policía Metropolitana de Montería, luego de un análisis del documento, aseguró que se trataba de un falso panfleto y que “no habría sido elaborado por la línea de mando de la mencionada banda criminal”. De igual manera, los investigadores aseguraron que ya están siendo intervenidas las tres líneas telefónicas utilizadas por los responsables para poner a circular las intimidaciones.
Sin embargo, la incertidumbre y los motivos, incluso del porqué y quiénes pondrían a rodar una amenaza de este tipo, mantiene en alerta a todo el gremio médico en el departamento.
Según el Ministerio de Salud, las infracciones a la misión médica son un panorama casi habitual en la geografía colombiana pues de los 1.500 casos registrados entre 1996 y 2019, 101 se han presentado durante el 2018 y 44 en lo corrido de 2019. “La principal agresión contra la misión médica siguen siendo las amenazas», indica el informe.
El caso más sonado y lamentable caso de agresión contra médicos que cobró la vida del joven médico rural, Cristian Julio Arteaga ocurrió el 10 de mayo en El Bagre (Antioquia), donde fue ultimado a tiros, lo que provocó la renuncia masiva de los médicos rurales.
Por ahora, integrantes de la Misión Médica en todos los rincones del país, en especial en zonas rurales donde están expuestos casi que a su suerte, han pedido a las autoridades un real apoyo y que se esclarezcan los hechos ocurridos; de lo contrario, pueblos apartados de las grandes urbes tendrán que seguir padeciendo el abandono del Estado, y de la posibilidad de una atención en salud, medianamente aceptada.
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