Tomado de: www.eltiempo.com (Editorial del 10 de julio de 2019)
La tutela, que debería ser un recurso excepcional para amparar el derecho a la salud, se ha normalizado a tal punto que las cifras crecientes, año tras año, parecen no impactarle a nadie. Son números escandalosos para los conocedores, pero que para la mayoría de los colombianos ya forman parte del paisaje, no les dicen nada.
Basta ver las interpretaciones que desde diferentes esquinas se hacen frente a los datos, cada una con la intención de justificar o cuestionarlos según convenga. Por ejemplo, que el año pasado, tantos habitantes como tiene Tunja hubieran tenido que echar mano de este mecanismo con el ánimo de lograr lo que se les niega en términos sanitarios fue, para algunos, una muestra insignificante en comparación con los millones de servicios que a diario se prestan en el país.
Para otros, esas 207.000 tutelas de salud fueron la evidencia clara de la sistemática violación de un derecho fundamental, mientras que para algunos entendidos fue la evidencia del arraigo de problemas estructurales de organización y regulación del sistema que no han sido atendidos de manera oportuna.
Otras voces prefieren señalar que la tutela es el mero atajo que usan ciertos ciudadanos para saltarse la fila e incluso acceder de forma fácil a beneficios que no merecen.
Pero, sea como sea, el informe que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo exige, de una vez por todas, un análisis profundo de las autoridades con miras a atenuar esta insana judicialización de la salud.
Y no se trata, valga decir, de atacar un recurso que después de 28 años ha demostrado su poder, sino de evitar que este se desgaste y conservar la dignidad y su reserva para casos justificables. No hay derecho a que ocho de cada 10 tutelas sean para reclamar lo que está cubierto. Eso no tiene presentación.
Tampoco, que sean para implorar por la integralidad de los servicios, y mucho menos para acceder con oportunidad a atenciones que no dan espera y ponen en juego la vida, como es el caso del cáncer, la enfermedad más entutelada.
No hay excusa para que las EPS de siempre encabecen los listados de las más negligentes sin que les pase nada, ni siquiera cuando sistemáticamente desacatan las órdenes judiciales, como si les hubieran perdido el respeto a la tutela y a la misma autoridad.
Nada justifica que un sistema de 25 años de antigüedad carezca de redes integradas de servicios ni que, incluso, desde las mismas entidades del sector se recomiende a las personas que entutelen para acceder a un trato digno, sin dejar de lado el abusivo comportamiento de algunos usuarios que, agazapados en este desorden, también sacan provecho.
El juicioso informe de la Defensoría del Pueblo no puede quedarse en la reseña de unos discursos, sino que debe tener el impacto que merece una población cada vez más inconforme con la situación. Es hora de revisar en profundidad los factores que desencadenan la avalancha anual de tutelas y contrastarlos con esos preceptos constitucionales refrendados en la ley estatutaria, que cualifica la salud como un derecho fundamental autónomo.
Ni más ni menos que 207.734 colombianos demuestran que esta premisa es apenas un aviso luminoso.
Tomado de: www.eltiempo.com (Editorial del 10 de julio de 2019)
