La lucha social contra el asbesto ha movilizado dos propósitos centrales, el de las victimas del asbesto, que demandan reconocimiento de los daños y reparación compensatoria, y el de los sectores que proponen la eliminación de su uso, propósitos que en muchos casos se funden en una dinámica conjunta
Tomado de: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Edición 640, Semana del 22 al 28 de junio de 2019
Por: Médico Mauricio Torres-Tovar
Profesor Departamento de Salud Pública
Universidad Nacional de Colombia
¡Luchar, si vale la pena!
Después de siete intentos para que el Congreso de la República aprobara una ley que prohibiera el uso del asbesto (o amianto) en Colombia1, se ha logrado sacar adelante la denominada Ley “Ana Cecilia Niño” en honor a una de las victimas emblemáticas de la lucha contra el asbesto, que prohíbe la producción, uso, comercialización y exportación de asbesto en el país. Ahora solo resta que se haga su sanción presidencial.
El fuerte lobby en el Congreso, realizado por los industriales y empresarios favorecidos con el uso y comercialización del asbesto, impidió que Colombia contará con esta Ley desde hace muchos años, desconociéndose la suficiente evidencia científica y vivencial, que demuestra que ningún tipo de asbesto2 debe utilizarse por los efectos que tienen sobre la salud (entre otros, es cancerígeno), tanto de los trabajadores que lo manipulan, como de las familias y comunidades que se exponen a sus fibras. Colombia entonces de manera tardía, se suma a los 66 países del mundo que ya lo han prohibido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la exposición a asbesto produce asbestosis, placas pleurales, engrosamientos y derrames pleurales; sumado a un conjunto de canceres que desencadena: de pulmón, de pleura (mesotelioma), laringe y ovario.
La OMS calcula que hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo, que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son causadas por la exposición a este mineral y que cada año se producen varios miles de muertes atribuibles a la contaminación doméstica por él. El calculo que se plantea en Colombia, es que en los últimos cinco años han muerto más de 1.700 personas por exposición a este mineral.
Por tal razón, es claro que la exposición al asbesto genera un conjunto de implicaciones epidemiológicas tanto para la población laboral, como para las comunidades, configurando sin duda un importante problema de salud pública.
Lucha social por la eliminación del asbesto
Tal vez una de las luchas sociales más intensas en las últimas décadas que se ha establecido en todo el mundo, dado el uso global del asbesto, es la emprendida por trabajadores y trabajadoras, junto a miembros de sus familias y de personas de comunidades, acompañadas por investigadores, académicos, periodistas, artistas y actores políticos, en el propósito que se elimine uso y se reparen los derechos de las víctimas.
La lucha social contra el asbesto ha movilizado dos propósitos centrales, el de las victimas del asbesto, que demandan reconocimiento de los daños y reparación compensatoria y el de los sectores que proponen la eliminación de su uso, propósitos que en muchos casos se funden en una dinámica conjunta.
Si bien es cierto, existen muchísimas victimas por el asbesto en el país desde hace varias décadas, en particular el testimonio vivencial reciente de Ana Cecilia Niño, una periodista que en su niñez y juventud estuvo expuesta a asbesto en su barrio y en la edad adulta desarrollo un mesotelioma, marcó un quiebre. Esta mujer emprendió una amplia campaña, dada su condición de periodista, de difusión de su caso y logró colocar en el escenario público la problemática del asbesto.
Luego de su muerte, se creó un movimiento que se reconoce como Colombia sin Asbesto, que es una agrupación de ciudadanos/as sensibilizados con el tema y que tiene como bandera central que en Colombia se establezca una ley que prohíba el uso de asbesto, proceso que les ha llevado a hacer incidencia política en el Congreso de la República durante varios periodos.
Paralelo a esto, se suma la acción de la ONG Greenpeace apoyando la lucha y movilización social en Colombia para que se erradique el asbesto. Y así mismo, la emergencia de académicos, investigadores, periodistas, artistas, entre otros actores, que se suman a esta causa aportando con evidencias científicas, discusiones académicas y sociales, escribiendo libros, artículos académicos y periodísticos, forjando foros, entrevistas televisivas y radiales, entre otras cosas, que contribuyeron a fortalecer el necesario debate público para colocar el problema del asbesto en la atención de la sociedad colombiana.
Se puede decir que como parte de los logros de esta movilización social contra el asbesto en Colombia se han obtenido tres decisiones recientes muy importantes: i) el fallo de un juez que ordena que en un plazo de cinco años, y basado en las graves daños a la salud que produce la exposición al asbesto, sea sustituido por otras sustancias; ii) la gobernación del Departamento de Boyacá, estableció una política pública que prohíbe utilizar asbesto en la contratación pública del departamento, decisión que desencadenó medidas similares en más de diez municipios y iii) la aprobación, finalmente, de la Ley “Ana Cecilia Niño” que prohíbe el uso del asbesto en Colombia.
Y después de sancionada la Ley, ¿qué viene?
Sin lugar a duda, el problema del uso y circulación del asbesto constituye un problema de salud pública que debe estar en el centro de interés de la sociedad, donde el Estado tiene el deber de tomar un conjunto de medidas para proteger tanto la salud de los y las trabajadoras, como de los miembros de las comunidades. Este es un asunto que debe quedar muy claro y establecido legalmente, producto del debate público que llevo al establecimiento de la Ley anti-asbesto en Colombia.
Aprobada la Ley la lucha no para, se pasa a una nueva fase de ella, que involucra varios aspectos:
Eliminación del asbesto: se debe pasar a una fase de gestión de la eliminación del asbesto, en cabeza de diversas instituciones del Estado (Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Comercio e Industria, entre otras), que ejerzan la autoridad estatal, que garantice se detengan efectivamente la producción, uso, comercialización y exportación de asbesto y que establezca claramente la ruta para iniciar el proceso de sustitución de todo este mineral tanto en los sectores productivos, como en los sitios donde hoy está presente en múltiples formas, garantizando un manejo completamente adecuado de los residuos que se producirán;
Reconocimiento formal de las víctimas: referido a la identificación de todas aquellas personas que han enfermado o van a enfermar por la exposición al asbesto (trabajadores/as, familiares y miembros de comunidades), que determine la gravedad de los daños de salud y se haga la atención médica indicada que demanda cada situación particular;
Establecimiento de procesos compensatorios para las víctimas: tanto para las víctimas que aun sobreviven, como para los deudos de ellos/as, se debe establecer una compensación económica por los daños causados a su salud y a su vida;
Judicialización de los responsables: establecimiento de condenas penales a todos aquellos que sabían y no actuaron para prevenir la contaminación por asbesto y que, por su encubrimiento, se causaron miles de muertes y miles de personas enfermaron.
Estas intervenciones demandan dos asuntos muy relevantes. De un lado, la configuración de un amplio movimiento de víctimas del asbesto en Colombia, que mantenga la lucha, la movilización y la presión para que se avance en la dirección adecuada, articulándose al movimiento social global anti-asbesto, siguiendo ejemplos internacionales, como el caso de ABREA, la Asociación Brasilera de Expuestos al Amianto.
De otro lado, la configuración de un fondo económico de manejo público, con recursos provenientes de varias fuentes, pero principalmente de aquellas industrias y empresas, nacionales e internacionales, que ahora y antes, gozaron de beneficios económicos con el uso del asbesto en el país. Sin este fondo, como muestran las experiencias en Francia y España, no es posible avanzar en lo que viene después de la sanción de una ley anti-asbesto.
Aunque aún falta mucho por enfrentar y andar, lo cierto es que estas luchas han mostrado éxitos importantes al contribuir a que actualmente 67 países de los cinco continentes del mundo (sumando ya a Colombia en la lista), hayan eliminado el uso de este mineral. Ahora, la lucha debe centrase en las demandadas y vigilancia sobre las tareas pos-eliminación del asbesto.
Luchar si vale la pena: detener este sufrimiento
humano y evitar más muertes innecesarias
Sin duda, esta experiencia muestra que luchar si vale la pena, que gestar procesos colectivos de denuncia, presión y debate público frente a los temas de interés común da réditos, muy a pesar de tenerse que enfrenta al poder, como el de empresas multinacionales y el de las elites nacionales.
Estas luchas demuestran, que, si es posible cambiar el curso de las injusticias, que podemos colectivamente contribuir a detener el sufrimiento humano y a evitar más muertes innecesarias, y que el reto que tenemos al frente está en que se establezca justicia para las víctimas y que no quede impune este genocidio que pudo ser detenido hace varias décadas.
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1 Para ver la descripción del periplo desde el 2007 en el Congreso sobre esta Ley, ver el artículo Asbesto: el veneno gris, de la edición anterior del Semanario Virtual Caja de Herramientas.
2 Existen seis tipos de fibras de asbesto, que se clasifican en dos grupos: los anfíboles, que incluyen la crocidolita, la antofilita, tremolita, amosita y la actinolita; y las serpentinas, cuya única forma es el crisotilo o “amianto blanco”. Ninguna fibra es benigna para la salud, incluido el crisotilo, como los industriales han querido sostenerlo, para argumentar que se puede seguir explotando y utilizando industrialmente.
