Tomado de: Oficina de Prensa Coordinadora de Organizaciones Sociales de Antioquia -COS-
Medellín, 26 de junio de 2019
Señoras y Señores
DELEGADXS OFICIALES
A LA 49ª ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Llegan ustedes, Señoras y Señores, a Colombia la que fuera sede del Congreso Anfictiónico de Panamá; a una Colombia gobernada por Iván Duque Márquez del “Centro Democrático” (expresión de la extrema derecha fascista), apoyado por una mayoría parlamentaria corrupta y vendida, y por una cúpula militar gravemente comprometida con el paramilitarismo en la guerra sucia que se traga a este país, lo que evidencia, aquí, el terrorismo del Estado. En nuestro territorio, rico en recursos naturales, se vive un estado de zozobra e inseguridad. Ustedes, seguramente no lo desconocen, pero no podrían culminar sus deliberaciones sin que esto los “toque” e interpele.
La síntesis es clara, incluso en los hechos concretos de los últimos meses: el asesinato sistemático de dirigentes y activistas de las organizaciones sociales (trabajadores, campesinos, sin tierras, pueblos y etnias, estudiantes, maestros, desplazados, destechados, defensores de derechos humanos) que obedece, sin excepción, a la modalidad del sicariato, en un procedimiento sistemático que debe ser catalogado como delito de lesa humanidad por la justicia internacional, tanto como lo son las masacres que continúan en proceso; todo, unido a la “técnica del miedo”, la herramienta manejada desde las amenazas de muerte que anteceden a estos asesinatos desplegados como ejecuciones extrajudiciales, articuladas a una sistemática criminalización y judicialización de la protesta social; el manto de silencio que se pretende imponer a algunos militares que, asqueados, empezaron a denunciar la continuidad de estos “falsos positivos”; el dejar “tirado” un proyecto de ley que intentaba ponerle talanqueras a la corrupción y que fue mandatado por más de once millones de votantes; la instauración de facto del atroz “Plan Nacional de Desarrollo” que liquida, entre muchas medidas contra los sectores y organizaciones sociales, el contrato de trabajo, las cesantías y otras garantías laborales, entregando a las multinacionales el manejo de la minería a cielo abierto, el fracking a discreción, y el usufructo y contaminación del agua, poniendo en riesgo la existencia misma de la vida en el territorio colombiano, al tiempo que entrega a la empresa privada y a los capitales monopolistas internacionales la “administración” de la salud y la enfermedad como fuente de rentas, ordenando que el Estado asuma las deudas fraudulentas de estos empresarios; la llamada “política de seguridad y defensa” como su instrumento esencial; la profundización del despojo de la tierra a campesinos pobres y medios, a los territorios, a las comunidades y a los pueblos y etnias; el crecimiento desorbitado de la delincuencia (sobre todo de la juvenil) y de la prostitución (sobre todo la infantil), convertidas en instrumento de manipulación de las conciencias, pero también en fuentes de rentas al servicio de los dueños de todo.
Un aspecto que desnuda el carácter del gobierno y el régimen al cual le sirve, es su absoluta falta de responsabilidad para cumplir con los compromisos de Estado hechos en las negociaciones con los sectores populares, tales como los pactados con los estudiantes, los maestros, los campesinos y las comunidades indígenas y negras. Esto mismo ha ocurrido sistemáticamente con los Acuerdos de la Habana con las Farc y con la agenda firmada con el ELN. Todos estos incumplimientos apuntan al rompimiento de esos acuerdos, a todos los niveles, atizando todos los conflictos, bajo el ataque a la justicia transicional, el impulso a reformas sociales regresivas y el aniquilamiento, gota a gota, de los excombatientes.
Les señalamos —señores delegados― cómo la Constitución Política de Colombia, enuncia en sus artículos 9º y 227º, la obligación que el gobierno colombiano tiene de defender la soberanía nacional y de fomentar la paz entre los pueblos, tanto como su derecho a la autodeterminación, promoviendo la integración con los demás países de América Latina y el Caribe, de tal modo que es —por lo tanto― ajena a nuestra Constitución Política cualquier tipo de asociación con otros gobiernos de la región, como el “Grupo de Lima”, con el propósito declarado de injerir, bloquear, hostilizar o impulsar agresiones a otro país hermano como Venezuela, Cuba, Honduras y Nicaragua. Pero, bajo el desconocimiento de estos postulados constitucionales, el gobierno colombiano, guarda continuación con su proyecto de dar curso a su propósito guerrerista.
Están ustedes en Medellín. Esta ciudad, y el territorio del Valle del Aburra (así como las proximidades que lo enmarcan) tuvo, en el pasado más o menos reciente, lo que acá se asumió como una vocación industrial de un centro urbano que ofrecía trabajo y perspectivas de vida alternativa a los desplazados por la violencia de entonces.
Hoy, donde quiera se levantaba una factoría, hay un gran centro comercial al servicio del gran capital y, muy precisamente, de los aparatos y artimañas del capital financiero internacional. En este relativamente pequeño territorio, controlado al detalle por las ahora denominadas “Bacrim” van, en lo que va transcurrido de 2019 y en medio de una guerra que no cesa, más de 400 homicidios (incluidos dirigentes y líderes sociales asesinados, feminicidios, infanticidios y cuerpos desmembrados).
Las extorsiones (tanto las de estas bandas como las del capital financiero legal o legalizado) son el pan de cada día, unidas al desafuero de los impuestos estatales de todo tipo. No sólo el aire contaminado, sino el “ambiente”, es un tóxico que no deja respirar. Los habitantes de calle son innumerables; el desplazamiento dentro de este territorio que alberga desplazados y vuelve a expulsar a los que no se acomodan con el “orden” que impera, crece y se agiganta tanto como la explotación sexual de niños y niñas. La tasa de desempleo supera niveles nunca antes alcanzados. Hay una generalizada vulneración a los derechos fundamentales de sus habitantes frente a la cual los gobernantes locales, regionales y nacionales, desconocen estas realidades.
Granada, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Chile, Panamá, Haití y de innumerables golpes de Estado, dictaduras y apoyos a todo tipo de intervencionismo para imponer la agenda norteamericana frente a la de otras potencias capitalistas, así lo confirman. Nunca intervino para impedirlos, o tan siquiera para para “moderarlos”; por el contrario, los agenciaron y propiciaron como instrumentos contra los pueblos y como herramientas contra los adversarios de su entorno geopolítico. El panorama no ha cambiado: estamos en presencia de una agenda que lleva a “pulir”, en relación con otros matices, los planes que, en las manos de Trump, van tomando cuerpo. Por eso Almagro declara que “el principal tema de debate será la crisis social, económica y gubernamental de Venezuela”, que él presenta como un “Estado fallido, impregnado por el narcotráfico”, marcando cómo “el hecho de que (el evento) se haga en Colombia nunca ha estado más justificado”, invocando una supuesta “reafirmación de los derechos de poblaciones vulnerables, condiciones de democracia en los países miembros y, lucha contra la corrupción” mientras el gobierno de los EEUU asumen la herencia del doctrina Monroe.
Así, si estas anotaciones concretas y estas reflexiones pudieran ser recogidas en sus deliberaciones, abrirían un camino para que las delegaciones, o algunas de ellas, incluso algunos de los delegados, se pongan del lado de nuestro pueblo y de sus propios pueblos (no sólo abandonando el lenguaje punitivo contra los contradictores, sino renunciando a la posibilidad de legitimar la guerra y la intervención militar que están cocinando), daríamos —entre todos― impulso verdadero a la autodeterminación de los pueblos como fundamento de una verdadera y necesaria integración latinoamericana y caribeña.
Finalmente, múltiples expresiones organizativas, sociales y políticas del orden regional, nacional e internacional, nos solidarizamos con el hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y rechazamos categóricamente el largo y criminal bloqueo que ha soportado el pueblo cubano; bloqueo que se ha mantenido a pesar de las declaraciones de organismos como la ONU.
Coordinadora de Organizaciones Sociales – COS
Equipo de coordinación del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas -ENOSP
Movimiento de Colombianos en Solidaridad con los Pueblos y Gobiernos del ALBA.
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba.
Tomado de: Oficina de Prensa Coordinadora de Organizaciones Sociales de Antioquia – COS-
