Martes, 12 de Noviembre de 2019
ASMEDAS Antioquia

MEDIMÁS: crónica de una muerte anunciada

junio 12, 2019 6:09 pm



Tomado de: www.sur.org.co

(Artículo publicado originalmente el pasado 3 de junio de 2019)

Por: Médica Carolina Corcho Mejía (Foto)
Integrante Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760
Vicepresidente Federación Médica Colombiana
Invitada Permanente Gran Junta Médica Nacional

El caso de Cafesalud-Saludocoop-Medimás ha sido uno de los hechos más visibles de la crisis estructural del sistema en salud en Colombia, y la demostración flagrante de la cooptación de los organismos reguladores por parte de intereses particulares. Para colocarnos en contexto, Saludcoop era una de las 72 EPS que existían en su momento, a partir de una investigación adelantada por la Contraloría de la República, que el 13 de noviembre de 2013 emitió un fallo de responsabilidad fiscal (001890) que demostró un desvío de recursos públicos de la salud por un valor de 1,4 billones de pesos, esto derivó en la intervención y posterior liquidación de la EPS. La decisión del Gobierno Nacional en ese momento fue trasladar los 4 millones de afiliados a Cafesalud EPS, empresa privada que fue recapitalizada con recursos públicos de la salud mediante la Resolución 4385 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social que crea unos bonos que permiten que del fondo en ese momento denominado Fosyga le inyectara 200 mil millones de pesos a la empresa. Capitalizada esta empresa con recursos de los colombianos se colocó en venta, no sin antes emitir una serie de actos administrativos gubernamentales que flexibilizaran las condiciones para que esta venta fuera posible, en ese sentido se emitió el decreto 2117 de 2016 que les permitía a las EPS realizar un proceso de reorganización institucional y se les posibilitó vender afiliados.

En ese contexto se da la venta de Cafesalud, quien es adjudicada a un consorcio conformado por 198 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud denominado Prestarsalud, que crea la EPS Medimás como una microempresa con un capital de un millón de pesos, microempresa que sería avalada por la Superintendencia Nacional de Salud para gestionar el riesgo en salud y garantizar la prestación de servicios de salud de 5 millones de afiliados por lo que recibiría 320 mil millones de pesos mensuales correspondientes a la UPC (monto per cápita que gira el estado a cada EPS por afiliado). La venta en sí misma viola la prohibición de la integración vertical, que en la legislación colombiana implica que un asegurador solo puede tener entre sus prestadores un 30% de su propiedad, esta medida se había adoptado con el objeto de que los aseguradores no privilegiaran la contratación con su propia red, apelando a mecanismos como la sobrefacturación con el consecuente desvío de los recursos públicos de la salud. Con el respaldo del gobierno, legalizaron con actos administrativos esta venta.

Las primeras irregularidades en la operación de esta empresa se presentaron en el primer mes, la Procuraduría General de la Nación el 13 de septiembre de 2017 solicitó la intervención de Medimás, dado que el primer mes de operación recibió 10 mil quejas por no atención, documentó que de 29 departamentos donde la EPS debía funcionar, en 27 no tenía contratos con la red de prestación de servicios, lo que suponía que durante este tiempo, millones de colombianos estuvieron sin garantía de la prestación de servicio de salud. Posteriormente la Contraloría General de la República estableció con corte a diciembre del mismo año que Medimás hizo giros del orden de los 1,5 billones de pesos sin soportes que privilegian los pagos a los prestadores de los dueños de la EPS, 40% de los contratos se hicieron con sus propias instituciones.

En este contexto, la Procuraduría solicita la reversión de la venta de Cafesalud, al encontrarse que los dueños de Medimás tampoco han cumplido con los pagos de la EPS. Se señalaron irregularidades como que del costo total de venta de la EPS correspondiente a 1,45 billones, se les condonó 460 mil millones supuestamente porque esto correspondía a las deudas de la antigua Saludcoop y Cafesalud con los prestadores de los dueños de la EPS. La procuraduría manifestó que estas deudas solo alcanzan los 140 mil millones de pesos, luego no se entiende la razón de esta millonaria condonación. Además de que los pagos de la compra se estarían realizando con la UPC, es decir estarían pagando un bien comprado con recursos públicos que deberían estar siendo destinados a la prestación de servicios de salud.

Ante este conjunto de irregularidades la Superintendencia Nacional de Salud quien debía tomar medidas de fondo para dar solución al problema, se limita a someter a la EPS a medidas de vigilancia especial y ampliar el plazo para que normalicen su operación, una actuación bastante inocua frente a la magnitud del problema que compromete la atención en salud de 5 millones de colombianos que se encontraban afiliados a la EPS.

En medio de estas irregularidades, en diciembre de 2018 se conoció por la opinión pública que el libanés Adnan Zalam, dueño de la empresa Dynamic Business cuya filial en Colombia opera en un apartamento en Bogotá y cuenta con un patrimonio de 10 millones de pesos, estaría interesada en comprar Medimás por un valor de 1,2 billones de pesos, manifestando interés en comprar además otras EPS para hacerse al monopolio del aseguramiento en Colombia. La empresa del ciudadano libanés tiene experiencia de turismo en salud y venta de software, si esta compra hubiera llegado a consumarse, esto significaría que un particular extranjero, sin mayor experiencia en el sector salud en Colombia, estaría a cargo del 18% del sistema de salud.

Los dueños de Medimás que no habían terminado de comprar cafesalud se disponían a llevar a cabo esta venta, en medio de afirmaciones del Ministro de Salud y el Superintendente en los medios de comunicación, que insistían en afirmar que esto sería una venta entre privados, en las que el Estado colombiano no tenía porque, intervenir. El interés de estos inversionistas es que al comprar Medimás accedían de manera directa a los 3,2 billones de pesos anuales de la UPC por sus afiliados, además de comprar los líos jurídicos que traen estas empresas, con lo cual podrían lograr millonarias demandas contra el Estado colombiano que se surtirían de manera ventajosa para ellos, en los tribunales de arbitramiento internacional.

Esta venta fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras la solicitud de una medida cautelar interpuesta por la Procuraduría General de la Nación alegando que aún no se ha resuelto el proceso irregular de venta de Cafesalud y esta nueva venta podría dar continuidad a la vulneración de los derechos de los afiliados. Posteriormente se conoció, que a pesar de las medidas cautelares, los dueños de Medimás persistieron en su intento de venta.

Este hecho no se pudo continuar debido a que el 19 de abril de 2019 se dio el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la acción popular interpuesta por José Roberto Acosta de la Red de Justicia Tributaria y el Senador Jorge Enrique Robledo, en donde impugnan la venta de Cafesalud debido a que esta vulnera los derechos colectivos y el acceso a servicios de salud, no hubo ejercicio de la libre competencia porque se entregó la EPS a un único oferente integral, solicitaron suspender el proceso de enajenación de Cafesalud. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la liquidación de la EPS Cafesalud, le ordena al Super Intendencia Nacional de Salud revocar la habilitación que le entregó a Medimás para su funcionamiento, lo cual implica que los 4 millones de afiliados deberán redistribuirse entre las demás EPS.

Es importante señalar que el fallo indica que el Ministerio de Salud y Protección Social incurrió en la vulneración de los derechos de los ciudadanos afiliados al emitir el artículo 1 del decreto 718 de 2017 en donde abiertamente el Gobierno Nacional flexibilizó las condiciones de reorganización institucional de las EPS y amplió los plazos por diez años más y hasta el infinito de acuerdo a cada caso, para que las EPS cumplan con requisitos de habilitación financiera para su funcionamiento. La sentencia muestra como la emisión de estas medidas coincide con reuniones previas con las partes interesadas de las EPS, que lograron reflejar sus aspiraciones en el acto administrativo. Esto demuestra que en la anterior administración ministerial, se hicieron todo tipo de acciones de carácter inconstitucional para favorecer negocios de particulares, lo que supuso poner en riesgo la atención en salud de millones de colombianos.

En respuesta al fallo del Tribunal, Presnewco y Presmed, dueños de Medimas interpusieron un recurso de apelación ante el Consejo de Estado que les ha permitido ganar tiempo para continuar al frente de la EPS mientras se pronuncia el Consejo de Estado. De esta corporación dependerá el futuro de esta EPS.

Es de anotar, que el caso de Medimás no es un hecho aislado, constituye el funcionamiento mismo del sistema de salud en Colombia, demuestra el quiebre de los organismos de regulación y el ente rector del sistema de salud que están puestos al servicio de intereses particulares en menoscabo del interés público que supone la garantía del derecho a la salud de los colombianos. Este fallo demuestra que en materia de salud los gobiernos comprometidos en este aberrante episodio de SaludCoop/Cafesalud/Medimás, no sólo no garantizan el derecho a la salud, sino que disponen las medidas regulatorias para favorecer el saqueo de los recursos públicos y la inatención de la población. La postura del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud en esta trama, consiste en hacer una defensa frontal de los intereses de los dueños del negocio, para ello burlan la legislación colombiana en materia de integración vertical y destinación específica de los recursos públicos de la salud, mediante la emisión de actos administrativos que presumen su legalidad hasta que un juez no los inaplique.

La defensa del derecho de la salud de los colombianos ha estado en manos de los jueces y tribunales, que han tenido que fallar para que la aberración no continúe. La actual Supersalud ha adoptado medidas tibias, no apela a los instrumentos que le otorga la ley y la Constitución para proteger a los ciudadanos, se limita a obedecer los fallos de los jueces a partir de los litigios que hubieran podido evitarse si la superintendencia nacional de salud cumpliera sus funciones. Mientras tanto, diversas EPS que han incurrido en las mismas prácticas de Medimas, favorecidas por las medidas expedidas por los gobiernos, continúan en el silencio de la impunidad de un sistema de salud que no quiere ser reformado porque poderosos intereses se oponen y no existe la voluntad política de las mayorías del Congreso de la República ni del Gobierno Nacional para abocarse a una reforma estructural que obliga la ley estatutaria en salud. Los recursos saqueados en todo este proceso superan los tres billones de pesos y un incalculable costo de vidas humanas.

Tomado de: www.sur.org.co

 

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