Gremios médicos denuncian que muerte de Cristian Julio Arteaga en Antioquia no es un caso aislado
Tomado de: www.eltiempo.com
El asesinato del médico rural Cristian Camilo Julio Arteaga, de 25 años, el viernes pasado en El Bagre (Antioquia) por causas que están por esclarecer, estremeció al mundo de la medicina en Colombia, que dejó en evidencia una vez más la violencia a la que se ve expuesta el personal de la salud por distintas razones.
En una sentida carta, los gremios más representativos del sector expresaron su indignación por esta muerte “en circunstancias que se relacionan con su ejercicio profesional” y recordaron que la misión humanitaria de médicos y el personal de la salud han sido objetivo de hechos violentos como este en distintas regiones del país.
El comunicado fue firmado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, la Asociación Médica Sindical Colombiana y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.
Para no ir más lejos, los firmantes recuerdan que en la misma localidad de El Bagre fue amenazado de muerte otro médico rural en marzo del 2016 por familiares de una paciente.
En concreto, recuerdan que la congestión de los servicios de urgencias, los problemas de acceso a la consulta externa y las demoras en los procesos diagnósticos y terapéuticos con sus consecuencias, sobre las cuales los médicos no tienen responsabilidad alguna, han generado violentas reacciones contra ellos.
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Algunos casos recientes
El 20 de noviembre del año pasado Juan David Velásquez, gerente del hospital público San Rafael de Venecia, en Antioquia, tuvo que huir luego de recibir el siguiente mensaje de texto amenazante.
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A Velásquez y al subgerente científico, Francisco Godoy, les daban 72 horas para abandonar el municipio, algo que no dudaron en hacer.
“A pesar que pusimos la denuncia ante todas las instancias alertando sobre esta grave amenaza a la misión médica, hoy no se sabe realmente qué ha adelantado la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección tampoco ha dado respuesta a la solicitud de seguridad. Mejor dicho seis meses después no se sabe nada”, le dijo a este medio Velásquez, quien siguió con sus funciones desde Medellín.
En agosto del 2014, una médica bogotana se desplazó hasta Nuquí (Chocó) para adelantar su año rural. “Escogí ese departamento porque quería otra experiencia, trabajar con población vulnerable -relata-. Sin embargo, tristemente el rural tuve que terminarlo antes de tiempo debido a las amenazas que se presentaron para todo el personal que trabajaba en el puesto de salud de esa localidad”.
“Para enero del 2015 empezaron a llegar panfletos en donde gente que se identificaba como perteneciente a un grupo armado pedía que el personal que trabajaba en el puesto de salud tenía que abandonar el cargo o de lo contrario tomarían represalias”, continúa.
“Por esas amenazas renunciamos tres personas: los dos médicos rurales (que éramos los únicos médicos de todo Nuquí) y una odontóloga. El personal de enfermería que sí llevaba muchos años trabajando en este puesto de salud no renunció. Para ellos era una situación constante y consideraban que eran amenazas que nunca se habían cumplido y decidieron continuar”, recuerda.
Y asegura que además de esa amenaza puntual, eran constantes las presiones que recibían de parte de familiares de personas que atendían.
Se debe recordar también el caso del médico Édgar Torres Prestán, secuestrado el 3 de septiembre del 2013 en un río cercano al municipio de Istmina, en Chocó, cuando se dirigía a una misión humanitaria, de quien aun se desconoce su paradero.
Una violación del DIH
Voceros médicos explican que cualquier ataque contra la misión médica, conformada por el personal de salud, las instalaciones, los medios de transporte, los equipos, los materiales, las actividades de atención y promoción permanentes o transitorias a las personas afectadas por causa de un conflicto armado, se constituye en una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En Colombia, según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, entre el 2001 y el 2004 se presentaron 48 infracciones por restricción y prohibición de oferta sanitaria, 43 casos de robo de medicamentos, 30 casos de ataques a unidades sanitarias, 17 infracciones contra personas, se evitó la atención de heridos o enfermos en 7 oportunidades, se reportaron 140 casos de ataques a la misión médica con 230 víctimas de amenazas, 84 homicidios, 40 casos de retenciones o secuestros, 59 desplazamientos forzados, 13 casos de atención a personas en condiciones inadecuadas, y 29 ataques a transportes sanitarios.
Estos datos son citados en la investigación ‘Conflicto armado en Colombia y misión médica: narrativas médicas como memorias de supervivencia’, de Diana Zulima Urrego, quien también recoge que de acuerdo con informes del Comité Internacional de la Cruz Roja durante el 2012 se presentaron 75 ataques contra la misión médica y, además, 13 incidentes que incluyen reportes de amenazas y ataques contra el personal e infraestructura sanitaria.
Los departamentos más afectados fueron Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Chocó, que registraron destrucción de puestos de salud, amenazas de muerte, robo de medicamentos y vehículos, y ataque a pacientes transportados en ambulancias, menciona la investigación.
En un análisis cualitativo, se encontró que el personal médico fue objeto de homicidio, lesiones, secuestro, acoso, amenazas, robos, intimidación, arresto y fue obligado incluso a revelar información protegida.
Las circunstancias en las que se presentaron estas infracciones, dice la investigadora, estuvieron relacionadas con la prestación del servicio médico, incluidas la consulta externa, las brigadas de salud, la atención a personas protegidas e incluso la atención digna de los fallecidos. “Se presentan también casos donde el médico es retenido y forzado a la atención de pacientes en condiciones inadecuadas y contra la voluntad de los mismos”, añade.
Maria Jose Usach, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Colombia, confirma esas estadísticas y manifiesta que si bien los riesgos pueden ser para todo el personal, los médicos pueden tener un riesgo adicional, «y es que en situaciones donde hay heridos o enfermos un actor armado puede solicitar la atención. Es algo que sí ofrecemos, pero por cuestiones de seguridad no podemos desplazarnos fuera del área prevista para nuestra clínica móvil. Siempre pedimos que traigan a los heridos sin uniforme ni armas hasta nuestra clínica móvil para que puedan ser vistos por el médico».
Al revisar el contexto latinoamericano, una encuesta realizada hace poco por Intramed, un portal de divulgación médica, destacó las agresiones hacia los equipos da salud en América Latina y encontró que uno de cada 10 profesionales de la salud reporte haber sufrido alguna agresión física.
El 71 por ciento fueron médicos y el 35,2 por ciento registró sólo una agresión, mientras que el 31,2 por ciento fue objeto de tres o más. El motivo más frecuente fue la demora en la atención (44,2 por ciento), falta de recurso (33,6 %), informes médicos (28,2 %) y dar malas noticias como un fallecimiento (8,6 %). Además, el 63 por ciento de los agresores estaban en condiciones mentales sin alteración aparente.
Finalmente, una encuesta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) —aplicada a 630 trabajadores de la salud— encontró que el 98,7 por ciento de los funcionarios han sido víctimas de violencia verbal y el 27 por ciento de violencia física.
En el 8 por ciento de los casos se utilizó un arma u objeto contundente, señala la encuesta. En el 28,2 por ciento de los casos hubo daño a mobiliarios y en el 1,4 por ciento de los casos hubo incapacidades médicas por las agresiones.
Un llamado de auxilio
En el comunicado emitido tras el asesinato de Cristian Camilo Julio Arteaga, los gremios médicos exigen al Gobierno proteger a la Misión Médica en las zonas de conflicto, en particular, y velar por la integridad personal de los profesionales de la salud en las instituciones de salud sometidas al riesgo de la violencia social.
“Hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que lleven a término las sanciones contundentes que la sociedad, los médicos y personal de la salud esperamos para los autores del horrible crimen del médico Cristian Camilo”, concluyen.
Tomado de: www.eltiempo.com
