ASMEDAS Antioquia está entre las instituciones que elaboraron y suscribieron el documento en el que se señalan graves fallas en el modelo que contiene el PND. Allí se advierte que se mantienen privilegios para el sector privado, que vienen de la Ley 100.
Los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo no solucionan la grave crisis que sufre el sector de la salud en Colombia sino que, por el contrario, reafirman los defectos que han llevado al déficit cercano a los 16 billones de pesos, a la ineficiencia casi absoluta y a la ocurrencia constante de causas evitables de mortalidad. Un estudio entregado a los integrantes de las comisiones económicas de la Cámara y el Senado, que avanzan en la aprobación del Plan, señala que el modelo de salud propuesto en la “carta de navegación” del gobierno de Iván Duque para los próximos cuatro años no se garantiza el derecho fundamental a la salud, se mantiene la desigualdad en la prestación del servicio y se establece un peligroso sistema en el cual la atención al usuario dependerá de su capacidad de pago.
El documento fue elaborado por las principales asociaciones médico científicas del país, con la colaboración de gremios de abogados, de asociaciones de pacientes, de organizaciones sindicales, y de veedurías ciudadanas. Contiene un análisis profundo de los 17 artículos del PND que se refieren al sector salud, con la conclusión de que el modelo propuesto contradice todas las recomendaciones de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y los mandatos de la Corte Constitucional y de la Ley Estatutaria de la Salud.
El estudio contiene cifras detalladas sobre mortalidad a causa de las deficiencias en el sistema, y destaca que en el sólo caso del departamento de La Guajira murieron en los últimos 8 años 4770 niños a causa de desnutrición y que en los sectores marginales la mortandad de madres y niños supera el doble de las que se producen en las zonas urbanas, por falta de la debida protección en salud.
Advierte también el documento que con el modelo planteado no se corrigen los errores de la Ley 100 de 1993; por el contrario, se consolidan y se crean mecanismos que mantienen la intermediación de los recursos por parte del sistema financiero y se ahonda la brecha entre las poblaciones con capacidad económica y las de escasos recursos. Se señala que el acuerdo de punto final que busca saldar las deudas del sector salud no tiene en cuenta a los trabajadores con quienes el sistema tiene billonarias deudas no cuantificadas por los sistemas de información oficiales.
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