«No habrá impunidad»: presidenta de la JEP desmiente al Fiscal General

Patricia Linares defendió las normas que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional e insistió que este es un debate político que no debe asumir la jurisdicción

Tomado de: www.elespectador.com (Colombia 2020)

Esta mañana, muy temprano, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, desmintió los argumentos que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, expresó mediante una carta al presidente Iván Duque, que evidenciaban sus preocupaciones sobre la ley estatutaria de la JEP, que sólo necesita la sanción presidencial para entrar en funcionamiento.

Linares fue clara: “La jurisdicción fue diseñada para garantizarle a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia y que se sancionarán a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto”.

Además, insistió en que estos debates son de vieja data y que deben resolverse en un ámbito político, un asunto que no le corresponde a la jurisdicción que lidera. “Se ha revivido, por parte de ciertos sectores, incluido el señor Fiscal General de la Nación, una serie de debates políticos, que, si ellos lo consideran, debe desarrollarse en el ámbito político. La Jurisdicción se acoge a los mandatos legales y constitucionales, y a los lineamientos y directrices, que emanan de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, órgano de cierre en estas materias”, agregó la magistrada.

En varias oportunidades, la JEP le ha pedido al presidente Iván Duque celeridad en este proceso, pues se trata de la seguridad jurídica del modelo de justicia transicional. Si bien la JEP ha podido funcionar sin la ley estatutaria, gracias al acto legislativo 01 de 2017, a normas superiores de la Constitución y a la legislación internacional, es fundamental para que esta justicia funcione sin dificultades y sus procesos no tomen tanto tiempo.

“Se pueden superar debates que pueden surgir entorno a la garantía del debido proceso. Tendríamos que seguir funcionando, pero con más dificultades. El modelo de justicia que estamos administrando se complejiza cada vez más. Y por eso son tan importantes tener esas normas especiales, construidas con tanto empeño, después de tantos debates”, explicó Linares.

Según Linares, uno de los más afectados con la objeción serían los comparecientes, sobre todo los 2.000 de la Fuerza Pública, que se han sometido a esta justicia transicional y están a la espera de garantías, como la renuncia a la persecución penal.

La presidenta de la JEP finalizó con que estos debates hacen más dificultoso el funcionamiento de una jurisdicción que ya está dando resultados y que hoy cuenta con 15.000 comparecientes, dentro de los cuales se encuentran exintegrantes de las Farc, agentes del Estado y terceros civiles. Insistió en que las dudas sobre la jurisdicción se irán despejando a partir de una implementación certera, acotada a un marco normativo que ya está listo y que fue aprobado por la Corte Constitucional.

Tomado de: www.elespectador.com (Colombia 2020)

 

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