Domingo, 22 de Septiembre de 2019
ASMEDAS Antioquia

“No se puede permitir una intervención militar en Venezuela”, dice senador Antonio Sanguino

febrero 5, 2019 3:30 pm



Tomado de: www.ens.org.co

El fin de semana pasado, el senador Antonio Sanguino estuvo de visita en Medellín, donde sostuvo reuniones con líderes de la Alianza Verde, su partido, y participó de asambleas municipales de esta colectividad.

La Agencia de Información Laboral lo interrogó sobre varios tópicos: el proceso de paz con las FARC y el ELN, la situación en Venezuela, el Plan Nacional de Desarrollo, el mandato anticorrupción, la campaña por la Alcaldía de Bogotá, entre otros:

¿Qué hacer desde el Congreso y la sociedad civil para evitar que se sigan haciendo trizas los acuerdos de paz con las FARC?

Este es un año crucial para los acuerdos de paz que celebró el Estado con las FARC. Primero, porque en la discusión del Plan de Desarrollo se examinará el compromiso del Gobierno y del Estado con la implementación del conjunto de los acuerdos de paz. Segundo, porque rotas las negociaciones con el ELN, la mejor manera de asfixiar políticamente el conflicto es implementando los acuerdos en todos sus componentes. Tercero, porque hay sectores que acompañan al gobierno del presidente Duque, incluso funcionarios del gobierno, empezando por el Consejero de Paz, que muestran poco compromiso o actitud hostil frente a los acuerdos. De tal suerte que quienes creemos que estos acuerdos son una oportunidad para reducir la violencia y afectar variables estructurales del conflicto, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, junto con la sociedad colombiana, la comunidad internacional, los países garantes, para presionar la implementación de estos acuerdos.

Vea la entrevista completa en el siguiente video:

¿En qué fases están en el Senado los proyectos del mandato anticorrupción?

El presidente Duque firmó un acuerdo con todos los partidos, incluyendo el Verde, y con eso asumió el mandato de los 12 millones de colombianos que votaron la consulta anticorrupción. Pero ese compromiso se ha incumplido. El Presidente y el Congreso le han hecho conejo a los 7 mandatos de la consulta. No dio un mensaje de urgencia a los proyectos que se elaboraron, su bancada votó en contra y hundió una parte de ellos. Todavía hay proyectos pendientes, que tienen que enfrentar la poca disposición de la coalición de gobierno para respaldarlos. Pero adicionalmente, la actitud del Gobierno frente a los escándalos de corrupción, como Odebrecht, demuestra el bajísimo nivel de compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Esto porque muchos sectores que acompañan al gobierno, y sectores del empresariado que financiaron la campaña presidencial, están comprometidos seriamente en el entramado de corrupción en Odebrecht.

¿Cómo va la campaña por la Alcaldía de Bogotá?

Muy bien. La Alianza Verde tiene enorme simpatía entre los bogotanos y bogotanas. Tenemos dos precandidatos de lujo: Antonio Navarro y Claudia López. En todo caso creemos que debemos liderar una coalición de fuerzas independientes y así ofrecerles un cambio a los ciudadanos de Bogotá. También queremos ofrecer una agenda relativamente distinta a la agenda del Gobierno Nacional, que todavía insiste en colocar los temas de guerra y seguridad como prioritarios en la agenda pública.

¿Qué mecanismo definirá la candidatura Verde a la Alcaldía de Bogotá?

Tenemos dos alternativas: encuesta o consulta popular. Algunos sectores del partido creemos que la mejor manera de construir una candidatura competitiva y ganadora es mediante una consulta popular, ojalá interpartidista, en la que también participen los candidatos de la Colombia Humana, del Polo, de sectores independientes, de los disidentes del Partido Liberal, para de esa manera construir una candidatura que convoque a todos los sectores de la ciudad.

¿Qué piensa de la amenaza que recientemente recibió en su contra?

Es una amenaza con un discurso claramente de derecha extrema. La amenaza llega firmada por las denominadas “Águilas Negras”. No hay registro de la existencia de las “Águilas Negras” como organización armada ilegal, no tienen anclaje territorial, no se comportan como una organización armada igual a las que conocimos en anteriores décadas. Más bien parece una razón social, en la cual se amparan sectores intolerantes de la derecha que la usan para amenazar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y líderes de oposición. En algunos casos las amenazas han coincidido con el asesinato de los líderes. Entonces, aunque sea una razón social, no es de descartar que haya agentes del Estado involucrados en este tipo de amenazas.

Recientemente se lanzó la llamada “Liga por la Democracia”. ¿Qué es y en qué consiste esta alianza?

Es una gran plataforma de organizaciones populares y de la sociedad civil que defienden el derecho a la participación de los ciudadanos, la cual pasa por el respeto del derecho a la vida de los líderes sociales, de las comunidades y las organizaciones que éstos representan. También defiende el mandato popular que se expresa en una variedad de instrumentos de participación consagrados en la Constitución. Las consultas previas y las consultas populares son instrumentos que hoy están en riesgo debido a algunas decisiones de las altas cortes, en particular de la Corte Constitucional, que parece regresiva respecto a las cortes anteriores, que desarrollaron una jurisprudencia en defensa de una democracia altamente participativa, como la que ordena la Constitución del 91.

Esta semana empieza la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Su opinión sobre el tema?

Ojalá sea una discusión abierta, que ofrezca un escenario de deliberación ciudadana respecto a la hoja de ruta que tendrá el Gobierno en los próximos 4 años. Ya tuvimos un anticipo en el Congreso de la República con los debates sobre la ley de financiamiento y la ley de presupuesto. Quienes representamos a los sectores de oposición claramente tenemos enfoques distintos a los del Gobierno Nacional. Por ejemplo, en lo de la economía naranja, bandera que obsesiona al presidente Duque, vamos a dar una discusión muy seria sobre lo que la economía naranja significa desde la perspectiva de la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Daremos discusiones sobre la mega minería y la explotación de hidrocarburos, y sobre los temas ambientales en general. Vamos a discutir el compromiso del Gobierno con la implementación de los acuerdos de paz; como también la política en las relaciones internacionales de Colombia, a propósito de la crisis diplomática que tenemos con Venezuela. En fin, va a ser una discusión sobre todos los temas de la agenda pública, y allí seguramente se van a expresar los puntos de vista de quienes están en el gobierno y de quienes ejercemos la oposición.

A propósito de la crisis en Venezuela, ¿Qué salida le ve?

La que creo más aconsejable es un diálogo político entre el gobierno y la oposición, para que la crisis no derive en una circunstancia de confrontación violenta. Si Nicolás Maduro insiste en atornillarse en el poder, va a obligar a que la oposición se mantenga en una actitud beligerante, que puede conducir a hechos de violencia. Y si la oposición accede al poder, desalojando de la misma manera a quienes hoy están en el gobierno, pues eso seguramente también generará una actitud beligerante frente al nuevo gobierno por parte de quienes hoy acompañan a Maduro. Luego, lo aconsejable es una transición pactada entre gobierno y oposición, que por supuesto implica la convocatoria a elecciones libres y vigiladas internacionalmente. Lo que sí de ninguna manera puede permitirse, es una intervención militar en Venezuela, y mucho menos que Colombia participe de una aventura militar, la cual significaría enormes costos económicos, sociales y humanitarios, no solo para Venezuela sino para Colombia. En Venezuela viven 5 millones de colombianos, en la frontera hay 2 millones de colombianos y venezolanos que viven a lado y lado de la línea fronteriza. Esos 7 millones de seres humanos se van a ver directamente afectados por una confrontación militar. Por eso le hemos pedido al gobierno que acuda a todos los instrumentos y a las vías diplomáticas para jugar un papel de mediación que permita el diálogo político ente gobierno y oposición.

Sobre la reforma pensional, ¿qué piensa de la decisión del gobierno de aplazar su discusión para el año entrante?

La discusión de todas maneas vendrá. Lo que hemos sabido es que el gobierno quiere presentar un proyecto de reforma pensional que favorezca prioritariamente a los fondos privados de pensiones, y además afecte el derecho a la pensión de los trabajadores y de los colombianos. Esa será una discusión muy seria porque, frente a la crisis de los fondos privados y la afectación del derecho a la pensión de los trabajadores, de lo que se trata es de defender y fortalecer el sistema público de pensiones, lo que además implica decisiones responsables para garantizar el derecho universal a una pensión de los colombianos y colombianas.

Por último, ¿a los diálogos con el ELN qué futuro les ve?

La bomba del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander, fue también una bomba contra la mesa de La Habana, y esa es una responsabilidad que el ELN tiene que asumir plenamente. Un hecho de esta naturaleza revela que es insostenible una negociación de paz en medio de la guerra, y sobre todo en medio de la barbarie y el terrorismo. De tal suerte que si el ELN quiere ambientar la posibilidad de una negociación, debe declarar un cese al fuego unilateral, que recobre la confianza de sectores de la opinión nacional y de la comunidad internacional en un proceso de paz. El ELN tiene que entender que estamos en la fase final de la guerra, que no tiene posibilidad de continuidad a menos que ellos se resignen a convertirse en un grupo armado ilegal con un ideario político extraviado. Pero el Gobierno Duque también tiene que entender que la experiencia indica que todo fenómeno de violencia en Colombia ha terminado en una mesa de negociaciones. Allí terminó en la década del 90 el conflicto con las guerrillas; en el gobierno de Álvaro Uribe el fenómeno paramilitar terminó en una mesa de negociaciones; el conflicto con las FARC terminó con un acuerdo de paz. Yo creo que con el ELN no va a ser distinto, pero se necesita decisión del esta guerrilla y del gobierno para sentarse y lograr un acuerdo. La gran pregunta que uno se hace es: ¿cuántos muertos se necesitan para que ambas partes se sienten a negociar?

Tomado de: www.ens.org.co

 

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