Tomado de: www.opinionysalud.com
La forma como surgió y cómo ha funcionado durante 17 meses la EPS Medimás, hace pensar que se trata de una entidad que ha contado con el respaldo de los órganos de dirección y control del Sistema de Salud colombiano.
Primero se les permitió a sus “creadores” iniciar operaciones sin contar con el capital suficiente para actuar como gestora del aseguramiento, mucho más en estos tiempos cuando el Decreto 2702 de 2014 endureció tanto las condiciones financieras de habilitación, al punto que hace imposible el surgimiento de nuevas entidades promotoras de salud.
Por otro lado se les autoriza iniciar operaciones sin contar con experiencia, ni tener un sistema de información y mucho menos un modelo de salud definido que permitiera inferir que la entidad pudiera ser sostenible en el futuro.
Ya entrada en operación, desde el 1 de agosto de 2017, la EPS ha presentado incumplimientos tan protuberantes, que darían para que la Superintendencia Nacional de Salud adoptara las medidas más rigurosas para evitar que los recursos de la unidad de pago por capitación se vayan a manos de los particulares, que fungen como propietarios.
Estas medidas, no obstante, han provenido de los órganos de control nacional, que han puesto el ojo en quienes han sido señalados insistentemente como los responsables políticos del descalabro de Medimás. Es el caso de la suspensión por parte de la Procuraduría del ex superintendente de de Salud, Norman Julio Muñoz , hecho que suscitó airadas reacciones en redes sociales del mismo ministro de entonces, Alejandro Gaviria.
Sin embargo y a propósito de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medida cautelar de urgencia contra la posible venta de Medimás, la cual fue solicitada por el senador Jorge Enrique Robledo y la Procuraduría General de la Nación, Opinión y Salud consultó con las voces autorizadas del sector salud lo que creemos que ya es necesario hablar con claridad: quiénes son los responsables políticos del descalabro de Medimás.
De acuerdo con el Médico Germán Fernández, autoridad en el sector, si no fuera por las acciones de la Procuraduría y la Contraloría, los dos responsables políticos de este entuerto a la salud estuvieran aún en la sombra.
“Me parece importante que tanto el superintendente que aprobó ese negociado, Norman Julio Muñoz, como el ministro de entonces, Alejandro Gaviria, respondan.
Aquí con la venta de Medimás a otra compañía lo que se pretende es purgar el ilícito que se cometió anteriormente, cosa de la que por supuesto estamos alertando a la opinión pública y a los organismos de control del Estado para que ejerzan las funciones que le corresponden, por cuanto ese negociado tuvo una serie de irregularidades notorias” aseguró.
El experto en el sector bursátil, José Roberto Acosta, economista, abogado, docente universitario y columnista del diario El Espectador, nos responde enfáticamente que los responsables “son el Presidente de la República, como cabeza del Gobierno, y el jefe de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Además ha dicho a través de sus redes refiriéndose a las intenciones de compra del empresario Adnan Zalam por $1.17 billones de pesos que esto no traerá beneficios. “Usuarios, trabajadores y proveedores de Medimás EPS no tienen ninguna garantía de que con su venta se subsanen irregularidades que los han perjudicado desde Saludcoop”.
El senador Jorge Enrique Robledo, quien el próximo 31 de enero ha vuelto a proponer la realización de una audiencia pública para analizar el caso de Medimás en el Congreso de la República con la cual pretende hacer una radiografía de la EPS como ejemplo de corrupción en el país, no se da rodeos para señalar a los gobiernos anterior y actual como responsables de la fallida EPS Medimás.
En sus declaraciones Robledo manifestó su indignación por la manera en que el ex ministro Gaviria y la Liquidadora de Saludcoop dicen que este es un negocio entre privados, “o sea que más o menos podían hacer lo que se les antoja, lo cual es una falacia. Lo que estamos buscando es que las cosas se hagan bien hechas o no se hagan porque entre otras cosas, quien va a comprar, va a comprar también todos los pleitos de Medimás con el Estado colombiano, que son muchísimos, porque los incumplimientos son muchos. Afortunadamente con la medida cautelar se cumplirán ciertas condiciones y a partir de esas condiciones, el Estado, porque la ultima palabra la tiene el Superintendente de Salud, es decir el Presidente de la República, que es el jefe del Superintendente de Salud, y cuando esas condiciones existan, nos expliquen a los colombianos y los colombianos podamos dar la opinión respectiva”.
Además afirmó que “la Superintendencia de Salud se equivocó de manera garrafal, inclusive determinando sanciones, cuando tomaron las decisiones a año y medio de todo este asunto de Medimás. Es que el papel de la Superintendencia de salud en Colombia ha sido más de “alcahuetes” que de otra cosa.
Por su parte la dra Clemencia Mayorga Ramírez, médica pediatra, defensora de los derechos laborales de los trabajadores de la salud, es tajante en sus apreciaciones. “Los gobiernos anterior y actual tienen la responsabilidad total de los nombramientos de los interventores, como de las decisiones y vigilancia de los procesos que rodean Medimás, así es que sin duda son responsables de sus resultados. Hoy la Contraloría señala que hay una investigación sobre $1.02 billones de pesos a Guillermo Grosso, interventor de Saludcoop que luego fue nombrado presidente de Cafesalud. Es un resultado nefasto y la responsabilidad es de quienes nombraron, no controlaron y permitieron esta debacle con los recursos públicos de la salud”, nos dijo.
Lo cierto es que el camino recorrido desde Saludcoop hasta Medimás prácticamente ha sido un calco de “errores”, falta ver si cometidos con o sin conocimiento de causa.
Consulte el Decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014
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