Viernes, 13 de Diciembre de 2019
ASMEDAS Antioquia

La Salud en el Gobierno de Duque

enero 21, 2019 5:26 pm



Tomado de: www.sur.org.co

Por: Médica Carolina Corcho Mejía
Integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760
Vicepresidenta Federación Médica Colombiana
Invitada Permanente Gran Junta Médica Nacional

La semana pasada tuve la ocasión de ayudar a tramitar uno de miles de casos que se presentan en el sistema de salud en Colombia. Una paciente en Cali, con diagnóstico de cáncer de colon quien se encontraba en espera de una remisión para valoración urgente por oncología clínica, pero no había sido aceptada en las instituciones de salud con este servicio, debido a que su EPS, Coomeva, no había pagado a estas instituciones. Le exigían anticipo para poder atender la paciente. Después de una enorme movilización en redes sociales, en la calle por parte de su familia, el esfuerzo de decenas de ciudadanos solidarios se logró el traslado. No obstante ante la solicitud de intervención por parte de las secretarías de salud de Cali, del Valle, la superintendencia de salud, los funcionarios coincidían en decirle a la familia: “Es poco lo que podemos hacer, eso depende de que Coomeva pague”. Estos funcionarios, que igualmente están atrapados en el tortuoso modelo de salud que se creó en este país, representan a los organismos del Estado rectores y de control del sistema de salud. Esa es la respuesta que reciben cientos de colombianos cada día ante sus quejas y reclamos. En ese contexto nos disponemos a analizar los primeros seis meses del actual gobierno en materia de salud.

Este inicio de gobierno del presidente Iván Duque presenta tres hechos centrales, el primero tiene que ver con la sanción de la ley 1949 del 8 de enero de 2019 que establece una reforma a la Super Intendencia Nacional de salud, instancia encargada del control de EPS, Clínicas, Hospitales, Secretarías de Salud. La ley logró aumentar su capacidad sancionatoria hasta 8000 salarios mínimos mensuales vigentes, suspender o revocar autorizaciones de funcionamiento de las distintas entidades, en términos del gobierno “ponerle dientes a la Supersalud”. Entre las conductas sancionables se encontrarían la obstaculización en la atención de urgencias, impedir la prestación de servicios y tecnologías de salud a las que tendría derecho el paciente. Se ajustaron las funciones jurisdiccionales que le asigna el Estado para fallar demandas por negación de servicios.

Esta ley se encuentra en la ruta trazada por el Gobierno de Iván Duque, que ha señalado que se debe mantener el sistema de aseguramiento fundamentado en las EPS, “acabando las que no funcionan y manteniendo las que sí”, esto implica la generación de un oligopolio de EPS, dado que se reconoce que hoy solo existen 16 EPS habilitadas con cobertura de 25 millones de colombianos, otras 20 que no cumplen con los requisitos de habilitación y afilian un número de 20 millones de colombianos. Esto significa que ante la entrada en operación de la ley, lo que sobreviene es una masiva liquidación de EPS que no resistirían una mínima valoración de cumplimiento de estándares financieros y de prestación de servicios de salud. Es importante anotar que la totalidad de las EPS tendrían que ser liquidadas si no contaran con el respaldo de actos administrativos expedidos por el anterior gobierno y mantenidos por el actual en el que se les flexibiliza las exigencias contables, financieras y de prestación de servicios para garantizar su existencia (Decretos 2702 de 2018 y 718 de 2017).

El afán por endurecer el régimen sancionatorio de la Superintendencia redunda en que el sistema se inundó de diversas EPS sin ningún soporte para la atención de la población, y ante el ejercicio sancionatorio de la entidad, se han liquidado varias de estas, lo que ha acarreado que se hayan presentado demandas contra la entidad, la última en diciembre de 2018 en donde por un fallo del Tribunal Superior de Barranquilla, se ordena a la Super pagar un valor de 85 mil millones de pesos a 36 IPS en todo el país que corresponde a cuentas por pagar de las liquidadas EPS SelvaSalud, SaludCondor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir.

El segundo mojón del gobierno de Duque en materia de salud, se refiere al acuerdo de punto final. Es conocido que el sistema de salud colombiano acarrea un hueco fiscal y financiero de magnitudes incalculables, teniendo en cuenta que no existe acuerdo entre la cifra que corresponde a las deudas de las EPS con Clínicas y hospitales. En cuanto a las EPS el informe de la Supersalud reporta que para el 2017 estás tenían un déficit de 6,5 billones de pesos, 1,3 billones más que en 2016. En cuanto a la cartera con los prestadores de servicios de salud, la asociación nacional de clínicas y hospitales reporta a junio de 2017 una deuda de 8,5 billones que corresponden a una muestra de 163 instituciones y ACESI agremiación de los Hospitales públicos señala que esto supera los 7,2 billones de pesos entre sus instituciones.

En total la deuda de EPS con prestadores supera los 15 billones de pesos y no existe acuerdo concreto sobre este valor, porque el sistema de salud ha sido una caja negra en términos de su manejo financiero y en general de un sistema de información unificado. El gobierno ha dicho que se requiere un acuerdo de punto final para sellar estas cuentas sobre la base de un déficit de 10 billones de pesos. Descartó la posibilidad de que esto se hiciera mediante una ley de la República. Por lo pronto este acuerdo se desarrolla a puerta cerrada sin ningún conocimiento público. En este sentido, dado los altos índices de corrupción, la ausencia de transparencia en el manejo contable y de los recursos públicos de la salud se hace necesario que este acuerdo se lleve a cabo con el acompañamiento del Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de la sociedad civil. Este sería un mecanismo elemental que permitiría la recuperación de confianza y el reconocimiento público de los criterios para establecer este acuerdo.

Nos queda la inquietud si no se está proyectando un esquema de bonos, como los conocidos bonos de Carrasquilla en el cual endeudaron a los municipios más pobres para la obtención de agua. Nos llama la atención que se están presentando múltiples compras por parte de inversionistas extranjeros de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad, la última transacción conocida es la compra de la Clínica Medellín por parte del grupo Quironsalud, compañía española que ofreció 50 millones de euros por la entidad. Estas ofertas se están presentando a lo largo y ancho del país, lo que llama la atención es cuál podría ser el interés de un inversionista extranjero de invertir en un sistema de salud en quiebra, en instituciones de salud que tienen carteras y cuentas por cobrar de cientos de miles de millones de pesos por parte de EPS ilíquidas y en liquidación.

Una de las respuestas posibles es que los altos niveles de complejidad tienen alta rentabilidad económica, máxime en un sistema de salud en el que los actores no tienen mayor regulación y disuasión para cumplir con la atención de la población. Esto es un gran negocio en Colombia, el alto costo, el margen de rentabilidad es tan alto, que existen prestadores que pueden sobrevivir a pesar de las inmensas carteras adeudadas. No obstante, no deja de llamar la atención este inusitado interés del capital extranjero se esté masificando en el sistema de salud en los últimos años. ¿Existirá algún acuerdo de alto nivel en el esquema de punto final para compensar estas inversiones con recursos públicos de los colombianos?. Es lo que está por verse en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se plasmarán los instrumentos que utilizará el gobierno para recuperar financieramente el sistema.

Un tercer elemento que ha caracterizado los seis primeros meses del gobierno de Duque, fue el anuncio conocido en épocas decembrinas, en donde distintos medios anunciaron que una empresa estadounidense había manifestado interés en comprar Medimás. Este anuncio sorprendió a muchos, en tanto la última información que se había obtenido de esta EPS es que la Procuraduría General de la Nación había solicitado a la liquidadora de SaludCoop la revisión de la venta de Cafesalud (Previamente Medimás), dado que su comprador Presnewco presentaba un atraso de las cuotas de pago que superaban los 74 mil millones de pesos y se estarían utilizando recursos públicos de la unidad de pago por capitación que deberían ser destinados para la atención de la población, para estos pagos. De otro lado la Contraloría General de la República había encontrado en un informe realizado en diciembre de 2017, que en los primeros seis meses de funcionamiento de la EPS existían pagos y giros por 1,5 billones de pesos sin soportes justificados. Ante este panorama la Superintendencia de Salud y el Ministerio debían buscar alternativas para la salida de esta crisis.

Recientemente se informó que la empresa Dynamics Bussiness de origen norteamericano, estaría interesada en comprar a Medimas, una EPS que debe responder por la atención en salud de 4 millones de colombianos, lo que corresponde al 15% del sistema de salud en Colombia. Posteriormente noticias Uno en investigación realizada demostró que dicha entidad está inscrita como microempresa con patrimonio de 10 millones de pesos, fue creada el 9 de abril de 2013 y su matrícula renovada el 14 de septiembre de 2018 con domicilio en un apartamento de Bogotá. Un comunicado de la compañía posteriormente afirmó que esta empresa constituye su filial en Colombia, pero que la empresa de origen estadounidense se encuentra en radicada en Indiana en relación con otras compañías inversionistas. A cuenta gotas la prensa ha ido ampliando la investigación, es así como el 17 de enero del presente año el periódico El Tiempo publica que el dueño de la compañía es Adnan Zalam, un ciudadano norteamericano de origen libanés, que se ha dedicado a los negocios relacionados con turismo en salud y venta de software. La oferta para la compra de Medimas y los activos de Esimed es por 370 millones de dólares que equivalen a 1,2 billones de pesos. La empresa ha manifestado la intención de acceder a dos EPS más, para convertirse en el más importante agente del aseguramiento en Colombia.

El Ministerio de Salud y la Superintendencia en comunicado expedido el 18 de enero de 2019 han dicho que hasta el momento no existe una solicitud en firme y con los debidos soportes para la venta de Medimás, debido al debate suscitado por diversas afirmaciones surtidas en medios de comunicación por parte del Ministro y el Superintendente, en donde se exoneran de estar al tanto de esta venta dado que se ha planteado que este es “un negocio entre privados”. A lo que habría que señalar que lo que están comprando los inversionistas son los 4 millones de afiliados de la EPS con su respectiva unidad de pago por capitación anual, es decir, monto de recursos públicos con destinación específica, que gira el Estado per cápita para la garantía del derecho fundamental a la salud, que equivale a 3,2 billones de pesos anuales de todos los colombianos, sumado a una red de clínicas que suman 250 mil millones de pesos. Es de anotar que Presnewco, dueña de Medimás aún adeuda a la liquidadora Saludcoop 663.800 por la EPS Cafesalud y 142.000 por las clínicas de ESIMED. Es Decir, Presnewco está vendiendo una entidad que no ha terminado de comprar.

Es de resaltar que en el proceso de venta de Cafesalud para pasar a Medimás, hay demandas que aún no han sido resueltas. Fue el Ministro de Salud Alejandro Gaviria quien expidió la normatividad para que las EPSs pudieran vender afiliados, adoptó medidas que abrieron los apetitos para que cualquier persona o entidad pudiera comprar una EPS con la cédula y sin mayores exigencias, una aberración que no se había alcanzado a materializar normativamente por los más acérrimos ideólogos de la ley 100 de 1993. De darse ahora la reventa de Medimás, los intríngulis legales de la EPS con proveedores, acreedores, tribunales de arbitramiento y los líos que ést heredó de Saludcoop y Cafesalud, tendrían que surtirse en tribunales internacionales, con la pérdida de rectoría del Ministerio de Salud y posibles millonarias demandas al Estado colombiano ante un eventual proceso de liquidación o ejercicio sancionatorio, de inspección , vigilancia y rectoría por parte de los organismos colombianos encargados de la garantía del derecho fundamental a la salud.

El posible comprador acredita una experiencia en turismo en salud, una experiencia que nada tiene que ver con los requerimientos de atención de los 4 millones de ciudadanos afiliados. Una experiencia en salud cien veces superior tenían los accionistas de Presnewco, y este proceso fue fallido en la atención de la población por la lucha de intereses de los accionistas, que se devoraron entre sí, en la puja de quien lograba mejor tajada para que la EPS le cancelara las deudas que Cafesalud tenía con su clínica o prestador de salud, en el primer mes acumulaban 10 mil quejas interpuestas por negación de servicios, y hoy cuentan con unos pasivos que superan los 2,1 billones de pesos, medidas de vigilancia especial, entre otras. Un desastre que superó la trama de sus antecesoras Saludcoop y Cafesalud.

El último acontecimiento de esta venta se presentó el 23 de enero en donde el Tribunal de Cundinamarca emitió medida cautelar para suspender la venta de Medimás ante demanda interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo y la Procuraduría General de la Nación, en tanto no resuelvan de fondo “que en derecho corresponda dentro del presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos”. Además ordena a la Superintendencia de salud abstenerse de autorizar la cesión de acciones a Dynamic Bussiness y Medical Solution o a cualquier otra persona natural o jurídica.

En suma, la política pública de salud del gobierno del Presidente de Ivan Duque no apunta a abocarse a la reforma estructural que resuelva los problemas de la salud de los colombianos. Las medidas de coyuntura son poco claras, no generan confianza por el carácter cerrado en la toma de determinaciones fundamentales para el país. Por lo que insistimos en la presencia de la Procuraduría General de la Nación y la sociedad civil para hacer seguimiento y veeduría de estos procesos con el concurso del gobierno. No se puede recuperar la confianza en el sistema si decisiones cruciales para el futuro del mismo no se rodean de legitimidad y transparencia.

Tomado de: www.sur.org.co

 

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